El alcalde de Neiva, Gorky Muñoz, acaba de perder una tutela con la que pretendía obligar a LA NACIÓN a rectificar la noticia sobre su ‘desconectada’ en la finca ‘La Bonita’ del municipio de Rivera durante el pasado puente festivo de San Pedro. El juez la declaró “improcedente”.
Según el mandatario de los neivanos, esa noticia era falsa y tenía el objetivo de afectar su buen nombre e intimidad. Sin embargo, Gorky Muñoz no logró desmentir, con pruebas, lo que informó LA NACIÓN.
“Las simples afirmaciones señalando la noticia como falsa no es suficiente para desvirtuarla”, le dijo el juez, Jairo Antonio Ardila Espinosa, al Alcalde. También le recordó que “los funcionarios están en constante escrutinio público tal y como lo ha señalado la Corte Constitucional”.
Poco o nada sirvieron los documentos con los que el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz, pretendió desvirtuar la noticia de LA NACIÓN sobre su ‘desconectada’ en Rivera en plena pandemia.
El Juez que examinó el caso encontró que la documentación oficial aportada por el mandatario de los neivanos no desmiente su estadía en el municipio de Rivera, ni tampoco desvirtúa la versión de que se despojó de su esquema de seguridad para estar en la finca ‘La Bonita’. “En ninguna parte se demuestra que el señor Alcalde no haya estado donde ha indicado LA NACIÓN o que no fuera cierto que prescindió de su esquema de seguridad para ese fin de semana”, dijo el togado en la acción de tutela.
En medio de la tutela por su ‘desconectada’ en Rivera, el alcalde de la capital huilense, Gorky Muñoz, buscó que LA NACIÓN rectificara otra noticia: la de la amenaza de reclutamiento ilegal de dos niños en el corregimiento de Vegalarga a finales de junio pasado y las demoras que hubo para atender ese caso.
El mismo mandatario puso en conocimiento un documento reservado de la Procuraduría que terminó jugando en su contra. El Juez consideró que el documento del órgano de control lo que confirma es que hubo “demora de las entidades públicas en dar inicio a las gestiones necesarias para la protección de los menores amenazados”. Al final, la tutela del Alcalde contra el periódico fue declarada “improcedente”.