LA NACIÓN revela nuevos detalles de la alerta sobre la presencia del Eln y la ‘Segunda Marquetalia’ en zona rural de Neiva, Tello y Baraya. Hay riesgo de homicidios, extorsiones y amenazas. Líderes y pobladores han sido intimidados con llamadas y mensajes de voz. La alerta se extiende a Colombia. La Defensoría del Pueblo hace recomendaciones a la Policía y el Ejército.
Quienes creyeron que la masacre de los 7 policías a principios de septiembre pasado era un hecho absolutamente aislado y que la zona rural de Neiva era un remanso de paz, estaban equivocados. Durante los últimos dos años y de manera silenciosa, guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, Eln, y miembros de la ‘Segunda Marquetalia’ de las disidencias de las Farc han venido copando espacios que históricamente ocupó el frente 17 ‘Angelino Godoy’ de las Farc.
Y lo han hecho como lo saben hacer muy bien: a punta de amenazas, el cobro de extorsiones y el despojo de tierras. No se sabe si existe un arreglo entre ambas estructuras ilegalmente armadas para esta ocupación, pero su injerencia es cada vez más fuerte. Hay riesgo inminente de homicidios, y líderes y pobladores de una extensa zona rural de la capital del Huila son frecuentemente intimidados con llamadas y mensajes de voz.
Esta es la ‘radiografía’ que acaba de consignar la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana de Inminencia 010-2023 sobre “la situación de riesgo inminente que enfrenta la población civil en los corregimientos de Río Ceibas y Vegalarga, en el municipio de Neiva, y comunidades aledañas de los municipios de Tello y Baraya, en el departamento del Huila”. LA NACIÓN accedió en su totalidad al documento, que fue dirigido por el defensor nacional del Pueblo, Carlos Camargo, al ministro del Interior, Alfonso Prada Gil, en quien recae la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, Ciprat.
La Alerta Temprana identifica de entrada las zonas en riesgo. En Vegalarga, además del centro poblado, las veredas Cedral, Ahuyamales, Tabor, Piedra Marca, Yucales, Colegio, Santa Lucía, San Antonio, Las Pavas, Santa Librada, El Roblal, Palacios, San José y La Espiga. En Río Ceibas, las veredas Platanillal, Motilón, Alto Motilón, La Plata, Tuquila, Pueblo Nuevo, Las Nubes, San Miguel, Canoas, Primavera, Santa Helena, El Vergel, Los Cauchos, Flora Gaita, Ceibas Afueras, El Centro, Santa Bárbara, Palestina y Los Alpes. En Tello, además de San Andrés, las veredas Puerta del Sol, Alto Oriente, Candado, El Cadillo, Río Negro, Medio Oriente, Alto Roblal, Alto Urraca, Cerro, Castaña, El Jordán, Las Juntas, Romero, La Urraca, Anacleto García, Sierra de la Cañada, La Sierra, El Cedral y Bolivia. En Baraya, además de la cabecera municipal, las veredas Río Blanco, Turquestán, La Libertad, Venadito, Nueva Reforma, Río Negro, Las Perlas, Naranjales, La Troja, Manzanares, Miramar, El Hotel, Patía y Laureles.
Así incursionaron
Según la Defensoría del Pueblo, el primer registro de la ‘Segunda Marquetalia’, la facción disidente de las Farc al mando de alias ‘Iván Márquez, data de finales del año 2019. Su ingreso “estuvo caracterizado por buscar la colaboración de la comunidad; si bien no se presentaron zonas de estancia o campamentos, varios de sus integrantes se situaron de manera permanente para consolidar su estadía. Más adelante se comenzaron a exigir sumas de dinero a pobladores y comerciantes sin discriminación alguna bajo amenazas e intimidaciones”.
En el 2020, en plena pandemia, el Ejército de Liberación Nacional, Eln, inició su ingreso en la región. “Desde el momento de su llegada circularon panfletos en los que se establecían normas de convivencia, medidas de control social, horarios y se amenazaba directamente a consumidores y expendedores de droga y ladrones”, asegura la Defensoría.
Y advierte de manera clara y contundente: “Desde el 2022, la presencia y operación de estos dos grupos armados, el Eln y la facción disidente de las Farc ‘Segunda Marquetalia’ se viene consolidando de diferentes maneras con repertorios de violencia que incluyen extorsiones, intimidaciones, amenazas, desplazamientos forzados de carácter mayormente individual y posibles homicidios”.
La Defensoría del Pueblo recoge un hecho grave que ocurrió el 24 de junio de 2022 en el sector conocido como ‘Cinco veredas’, en el corregimiento de Río Ceibas, en donde seis miembros de la ‘Segunda Marquetalia’ –o ‘Narcotalia’ como las llama el expresidente Iván Duque—pretendieron secuestrar o reclutar a un poblador. De manera rápida y masivamente, la comunidad acudió y evitó que se consumara el hecho.
De forma valerosa, los líderes de la región se enfrentaron a los hombres armados y les exigieron respeto por su territorio y dejar de cobrar extorsiones. Tras este episodio, un líder ambiental y su familia abandonaron la zona ante las amenazas recurrente. No sólo fueron extorsionados sino que fueron ‘blanco’ de despojo al abandonar sus tierras.
Esta acción de resistencia pacífica generó además que se intensificaran las intimidaciones contra los líderes comunales de ‘Cinco veredas’.
Las amenazas no paran
Para este 2023, advierte la Defensoría, las amenazas se han recrudecido y ha habido además “un aumento inusitado en las extorsiones y exacciones forzadas que han despertado las alarmas de la comunidad”.
Entre el 13 y el 19 de febrero pasado, integrantes de la ‘Segunda Marquetalia’ profirieron toda clase de amenazas vía telefónica y con mensajes de voz. Los disidentes dan un ultimátum para el pago de altas sumas de dinero, so pena de recibir como castigo la muerte de ellos y de sus trabajadores. “Esto ha generado que se trastoque por completo la vida comunitaria”, manifiesta el organismo.
Advertencia
Con semejante panorama, la Defensoría del Pueblo considera “altamente probable” la ocurrencia de homicidios, desplazamientos, amenazas y extorsiones. No descarta, incluso, que el riesgo se extienda al municipio de Colombia por “las ventajas geoespaciales y la conexión que brinda con otras regiones del país como la que se tiene con el departamento de Cundinamarca por el páramo de Sumapaz”.
Las recomendaciones
Entre otras acciones, la Defensoría le pide al Ministerio de Defensa y a la Novena Brigada del Ejército Nacional “incrementar de manera inmediata el despliegue territorial” en la zona rural de Neiva, Tello y Baraya, “reforzando los dispositivos de seguridad y fortaleciendo su capacidad operacionales, encaminados a disuadir el accionar por parte de los actores armados, con el objetivo de proteger a la población civil”.
Al Departamento de Policía Huila y a la Policía Metropolitana de Neiva, le recomienda “fortalecer su presencia y asegurar las zonas en riesgo, prestando el servicio de vigilancia rural de manera continua”.
Hay, así mismo, un llamado a la Fiscalía y a la misma Policía para que fortalezca sus “procesos de inteligencia, investigación criminal y judicialización”.
La Defensoría también pide la adopción de medidas, dentro de sus competencias, a la Unidad Nacional de Protección, la Gobernación del Huila y las Alcaldías de Neiva, Tello y Baraya.