La Nación
El lado oscuro del alumbrado público 2 28 marzo, 2024
INVESTIGACIÓN

El lado oscuro del alumbrado público

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanación.com.co

Confirmado. Como lo anticipó en primicia LA NACIÓN, el servicio de alumbrado público lo asumirá a partir de enero y en forma transitoria las Empresas Públicas de Neiva.

La decisión quedó consignada en el contrato interadministrativo firmado el jueves pasado entre el jefe de contratación, Mauricio Fernando Iglesias y la gerente de EPN, Cielo Ortiz Serrato.

La decisión, anticipada por el alcalde Rodrigo Lara Sánchez, es un hecho y no tiene reversa. Aunque es temporal, la opción adoptada en menos de dos meses para terminar la concesión pactada hace 20 años, tiene aspectos que deberán precisarse.

Los costos

Una vez concluya la actual concesión, la entidad asumirá la administración, operación, mantenimiento y expansión del servicio público.

“La meta es realizarlo por un año. Sin embargo, por razones presupuestales, el contrato de hizo a cuatro meses y 20 días. Luego de hará un nuevo contrato adicional”, explicó el jefe de contratación Mauricio Fernando Iglesias.

El contrato interadministrativo tiene un costo de 1. 490,76 millones de pesos. El costo mensual según la propuesta de EPN será de 337,99 millones mensuales.

El convenio está soportado en dos Certificados de Disponibilidad presupuestal (CDP No. 5.397 por 476,77 millones de pesos y  CDP No. 5.398 por 1.013,98 millones de pesos, expedidos el 3 de noviembre de 2017.

Adicionalmente, incluye programas de expansión en 12 sectores de la ciudad con un costo 474 millones de pesos.

¿Capacidad?

Algunos sectores cuestionaron la capacidad de la empresa para ejecutar esta labor.

“En principio me parece que la propuesta de Empresas Públicas es muy improvisada, comparativamente con la que presentó Electrohuila, mucha más estructurada”, expresó el ingeniero Fredy Anaya Rincón.

“Confiamos en que esta decisión sea transitoria y que le permita al alcalde de estructurar la prestación idónea del servicio con personal especializado en la administración, operación y mantenimiento”, afirmó el ingeniero Carlos Iván Fernández, presidente de la Aciem.

“La empresa tiene la capacidad, de hecho ha venido realizando desde hace varios años los programas de expansión en el sector rural. La entidad ha realizado la interventoría desde el 2008”, respondió Barón.

En su criterio, los equipos se pueden adquirir a través de un Leasing. Hay que incorporar personal técnico y operativo antes de terminar el año. Este es el otro reto.

Empalme anticipado

“La operación tendrá que asumirla a partir del 31 de diciembre, fecha en la que termina la actual concesión. Pero EPN tiene que iniciar el empalme anticipadamente con Diselecsa, creemos que a partir de diciembre”, afirmó Barón.

Durante este proceso tendrá que montar la unidad de gestión, contratar el personal que se requiere y adquirir el equipo. Ese es uno de los principales retos que tendrá que asumir en lo que resta del año. ¿Imposible?

Opciones

En lo que todos coinciden es que esta es una solución transitoria para asegurar, presionados por el tiempo, la continuidad del servicio, una vez concluya la concesión.

“Electrohuila presentó dos alternativas. La primera es muy costosa para el Municipio, son 130 millones más que podemos ahorrarnos para el proceso de modernización. Eso en el año representaría 1.680 millones de pesos que podrían utilizarse para modernización y expansión”, anotó Barón.

El plan de modernización puede costar alrededor de 45.000 millones de pesos.

¿Sin interventoría?

La empresa tendrá que entregar a partir de la fecha en que termina la concesión la interventoría que viene realizando desde el 2008. Esto quiere decir, que el contrato, en esta fase de transición, arrancaría sin interventoría.

“La interventoría tendremos que contratarla en enero mediante un concurso de méritos que tendremos que abrir en enero. Por ser un contrato interadministrativo, la interventoría es opcional. Lo que si tendremos es una supervisión que ejerceremos a través de la oficina de alumbrado público”, afirmó Barón.

“En el primer mes nosotros haremos la supervisión directamente, para el segundo mes tendríamos la interventoría”.

“Como Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem) le hemos propuesto al alcalde que nos permita ejercer la interventoría del nuevo contrato, como agremiación que además, es órgano consultivo del Gobierno, tiene una comisión especializada en reglamentos técnicos”, afirmó Fernández.

En su criterio “debe concretarse una alianza público privada, un consorcio en donde tengan participación los ingenieros huilenses y los pequeños y medianos empresarios del sector eléctrico”.

Sin fiducia

Los recursos no se manejarán en una fiducia pública, como está regulado. En este caso, por ser un contrato interadministrativo se hará a través de una cuenta especial donde se manejarán los recursos provenientes del impuesto de alumbrado público que por ley, deben destinarse obligatoriamente para mantenimiento y expansión.

El futuro

“El nuevo proceso arrancará en enero. Los términos de referencia quedarán listos antes de terminar el año con base en el estudio técnico y jurídico y el inventario de los activos”, aseguró Germán Barón, asesor de alumbrado público.

El funcionario indicó que es una fase temporal. La idea es que antes de terminar el mes de marzo, se haya definido la alternativa final, incluyendo la posibilidad de una alianza público-privada o una sociedad mixta.

“Electrohuila no está descartado. Ellos presentaron dos propuesta, una de largo plazo 15 años con modernización y otra de un año de solo operación y mantenimiento. La que nosotros descartamos de plano es la operación y mantenimiento por un año por ser más costosa”, explicó.

“La segunda, no está descartada. Entre las opciones figura una alianza pública privada o una sociedad de economía mixta donde podrá participar Electrohuila y Las Ceibas. Y no sólo para Neiva. También para otros municipios”, afirmó el funcionario.

Sin embargo, el esquema final, seguirá siendo el gran interrogante. El reto, como lo dijo el alcalde Rodrigo Lara Sánchez, será la modernización y sostenibilidad del sistema.

 

 

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