Las Personerías de Neiva y Pitalito alertaron sobre la crítica situación en la que se encuentran nuevamente los centros transitorios de reclusión en estos municipios. En el caso de la capital huilense el Ministerio Público advirtió las condiciones de hacinamiento del nuevo espacio destinado para detención preventiva, mientras en el ‘Valle de Laboyos’ a esa problemática se suma un posible brote de tuberculosis. ¿Qué dicen las autoridades?
Lucía Sánchez
La ‘eterna’ crisis de los centros transitorios de reclusión en el Huila vuelve a estar al rojo vivo por las alertas que acaban de lanzar las Personerías de Neiva y Pitalito, debido al hacinamiento que se registra en estos espacios de detención preventiva, situación que genera un riesgo de vulneraciones a los derechos humanos de más de 200 Personas Privadas de la Libertad (PPL).
En el caso de la capital huilense el Ministerio Público advirtió las críticas condiciones del nuevo espacio de detención, a donde fueron trasladadas hace una semana las 150 PPL que estaban en el centro de reclusión transitorio en Canaima. Se trata de unas antiguas bodegas donde funcionaba una multinacional de lácteos en el sur de la ciudad, las cuales según la administración municipal fueron “adecuadas” para albergar a los capturados.
Desde el momento del traslado el personero de Neiva, Kleiver Oviedo Farfán, advirtió las deficiencias del lugar. “La estructura es bastante precaria, tiene condiciones difíciles de salubridad…es un lugar bastante vulnerable”, dijo el representante del Ministerio Público.
A cinco días de efectuarse el traslado la Personería de Neiva visitó el lugar y dio a conocer que evidenció hacinamiento en el mismo, por lo cual interpondrá una acción correspondiente, con el objetivo de brindarle garantías a esta población.
Oviedo Farfán reiteró que el espacio del nuevo centro transitorio es más reducido. “Los metros cuadrados son menores, pasamos de 230 a 210, esto sumado a que las instalaciones no fueron adecuadas para albergar privados de la libertad”, expresó.
Es de recordar que la reubicación de dichas 150 personas cobijadas con medida de aseguramiento intramural que se encontraban en el centro transitorio en Canaima, se debió a que el lugar debía ser entregado por la administración municipal porque allí funcionará la sede de la Fiscalía en el Huila. Al respecto la administración municipal señaló que es una medida transitoria mientras se terminan las celdas en “el búnker de la Fiscalía y el PJ para poder trasladas a estas personas”.
Situación en Pitalito
Desde Pitalito el personero municipal, Hernando Reyes Liscano, también denunció la problemática de hacinamiento en el centro transitorio de reclusión de la ciudad, a lo que se suma según el representante del Ministerio Público un brote de tuberculosis.
Reyes Liscano afirmó que se logró identificar el brote luego de una visita realizada al lugar donde actualmente se encuentran 98 personas privadas de la libertad. El personero igualmente indicó que se evidenció que en este espacio se presenta un hacinamiento, lo cual claramente genera un riesgo de expansión de la enfermedad.
Insistió que “lo más alarmante es que se pudo identificar un brote de tuberculosis lo cual es grave por el alto nivel de contagio”.
Dijo que igualmente “hay otro tipo de enfermedades muy delicadas que requieren absoluto control, por lo que se convocó a la Secretaría de Salud para que se hiciera la trazabilidad”.
“Nosotros hemos estado haciendo visitas contantemente, en esta última pudimos verificar que hay 98 personas en un espacio reducido y técnicamente inapropiado para la permanencia de los privados de la libertad del municipio de Pitalito”, aseguró el representante del Ministerio Público.
Señaló que “lo preocupante es que nuevamente se presenta vulneración a los derechos fundamentales en la medida en que están restringidos los espacios y se carece de elementos para la salubridad”.
Al respecto LA NACIÓN consultó a la secretaria de Salud de Pitalito, Orina Peña Mazabel, quien aseguró que no tiene reporte de casos de tuberculosis en el centro de reclusión transitorio. “Ante la afirmación de los casos de tuberculosis que menciona el señor personero, se le ha solicitado remitirnos los datos de identificación para proceder al seguimiento en coordinación con las instituciones prestadores de servicios de salud que son las instituciones idóneas para realizar los exámenes y valoraciones médicas, que permitan tener el diagnóstico de la enfermedad”.
Indicó además que la Secretaría de Salud Municipal realizará búsqueda de sintomáticos respiratorios en el centro de reclusión transitorio y remitirá la solicitud de atención de las personas a las EAPB e IPS correspondientes.
Crisis nacional
Esta problemática de hacinamiento y vulneración de derechos humanos que se presenta en los centros transitorios de reclusión del Huila aqueja a todo el país.
La Defensoría del Pueblo dio a conocer a través de un comunicado que para agosto de 2022 el hacinamiento llegó al 177% en los centros de detención transitoria, con una sobrepoblación total de 14.176 personas”. Respecto a los establecimientos de reclusión de orden nacional, el hacinamiento llegó al 20% con 16.297 reclusos.
Estas cifras son similares a las presentadas por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, el pasado 15 de septiembre ante la Comisión de Derechos Humanos realizada en la Cámara de Representantes.
“Tenemos cerca de 60 mil personas en detención domiciliaria y 120 mil en cárceles del Inpec y de otros municipios, pero lamentablemente tenemos un hacinamiento de cerca del 170% en centros transitorios”, dio a conocer el alto funcionario en ese momento.
Las medidas
Frente a esta situación la Defensoría del Pueblo ha instado al Gobierno Nacional a tomar medidas, no sin antes recordar que por ley los sindicados son responsabilidad de la administración municipales y departamentales. “La Ley 65 de 1993 establece que los entes territoriales, las alcaldías como tal, deben tener unos centros transitorios donde tengan a cargo los capturados por diferentes circunstancias”.
Ante esta crisis el Ministro de Justicia anunció recientemente las medidas del Gobierno Nacional para enfrentar la problemática del hacinamiento carcelario en el país, teniendo en cuenta los centros transitorios.
Osuna indicó que desde el Ministerio de Justicia buscan diseñar una política criminal y penitenciaria guiada por la protección de los derechos humanos, pensando en la resocialización de los presos.
De otro lado, en entrevista con Semana el Ministro de Justicia expresó que preocupa “el hacinamiento en cárceles tan calamitoso que tenemos. No podemos permitirnos seguir teniendo esos centros transitorios de retención atiborrados de personas sin atención; esas cárceles con sobrepoblación y déficit de derechos humanos”.
Por ello, afirmó que “tenemos que pensar en mecanismos alternativos antes de la condena, hay un buen porcentaje de personas que están detenidas y que no han sido juzgadas, muchas podrían estar con otros mecanismos alternativos como prisión domiciliaria, libertad bajo fianza, algo a lo que el país no le ha apostado mucho, pero que en otros países funciona bastante bien”.
Por otro lado, dijo que es necesario “pensar en que el tiempo de privación de libertad pueda tener una cierta graduación, que no sea la misma cárcel desde el primer día, hasta el último de la condena, sino pensemos en tres partes: una primera parte dura, encierro en una cárcel. Una segunda de lo que llaman cárcel abierta, dormir ahí, pero durante el día trabajar; le pagan salario, terminada la jornada vuelve a la cárcel. Y una tercera de libertad condicional, eso con seguridad podría deshacinar”.