La Nación
Las advertencias de la Defensoría 1 25 abril, 2024
EDITORIAL

Las advertencias de la Defensoría

Para tomar en serio son las advertencias que ha hecho esta semana la Defensoría del Pueblo sobre un aumento del riesgo en varios municipios del país, principalmente por cuenta del incremento de las acciones armadas de la guerrilla del Eln y del Clan del Golfo en las últimas semanas. Las disidencias de las Farc también representan una amenaza.

Para nadie es un secreto que estos grupos ilegalmente armados tienen una gran influencia en amplias zonas del territorio colombiano y son evidentes sus disputas por las actividades criminales del narcotráfico, la minería ilegal, microtráfico, ‘gota a gota’, extorsiones, entre otras.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo –y esto es para mirar con cuidado–, los departamentos que tienen el mayor número de municipios con riesgo extremo son Cauca (16), Nariño (14), Chocó (9), Norte de Santander (8) y Antioquia (7). Les siguen Bolívar (6), Caquetá (6), Arauca (4), Tolima (4), Putumayo (3), Valle del Cauca (3), Huila (2), Meta (1) y Magdalena (1).

Lo que está recomendando la Defensoría es que se implementen acciones extraordinarias para la protección de las comunidades por parte de las instituciones del orden municipal, departamental y nacional. También ha solicitado que se adopten estrategias contundentes de inteligencia que permitan garantizar las condiciones de seguridad para la participación en las elecciones.

En respuesta a estas advertencias y a otras, el Gobierno Nacional ha anunciado un gran despliegue de policías y militares por todo el país de cara a las elecciones del próximo 29 de mayo.

Es urgente que las autoridades verifiquen con seriedad las denuncias relacionadas con delitos de constreñimiento al elector y amenazas contra candidatos o sus campañas. Las alertas sobre hombres armados que están pidiendo votar por un candidato presidencial no pueden pasar de agache.

Por tratarse de los comicios que definirán el rumbo de este país durante los próximos cuatro años, el Estado debe estar en toda la capacidad de garantizar que los habitantes tanto de cascos urbanos como de zonas rurales salgan a votar libremente.