A cuatro años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc, la Procuraduría advierte de sus avances y retrasos. La procuradora delegada para el Apoyo a las Víctimas del Conflicto Armado, Elena Ambrosi, habla sobre el tema con LA NACIÓN.
Cuatro años después de la firma del acuerdo de paz, ¿Qué balance tiene la Procuraduría General de la Nación?
Desde la Procuraduría identificamos avances importantes en algunos temas priorizados por el Gobierno, pero también un cúmulo de tareas pendientes y desafíos enormes, quizás, el principal desafío son las condiciones de seguridad en algunos de los territorios de Colombia, de acuerdo con las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a julio de este año se han reportado 371 asesinatos de líderes y lideresas y defensores de Derechos Humanos; las cifras de la Defensoría hablan de cerca de 500 personas asesinadas, a esto se suma el incremento de los desplazamientos en los confinamientos y los reclutamientos forzados, los accidentes por minas que ya van más de 50 en lo corrido de este año.
¿Qué hacer ante este panorama?
Hemos llamado la atención sobre la necesidad de implementar una estrategia de control territorial por parte de la Fuerza Pública que vaya de la mano con el fortalecimiento de la presencia institucional en los territorios. En cuanto al punto uno del acuerdo final en materia de tierras, realmente, vemos muy pocos avances; el Gobierno reportó unas cifras importantes: cerca de un millón 900 mil hectáreas formalizadas desde la firma del acuerdo final, sin embargo, sobre eso hemos podido identificar que gran parte de esas hectáreas habían sido formalizadas antes de la firma del Acuerdo final y, adicionalmente, vemos que el sector no cuenta con recursos suficientes para avanzar en los procesos agrarios y sobre todo para avanzar en una gran apuesta en el tema de tierras.
¿Hacia a qué apuntarle?
Cerca de 16 políticas debería diseñar el Gobierno Nacional para llevar a los territorios y cerrar esas brechas urbanas, rurales; de estas 16 políticas, solamente seis han sido formuladas y, quizás, el avance más importante que se ve es en el tema de la focalización de la implementación de la reforma en los 170 municipios pensados por sus condiciones de violencia.
Urgentemente, ¿Qué está haciendo falta?
Está pendiente la aprobación de unas hojas de ruta que van a tener los proyectos que se deben presentar, las metas y los responsables para su implementación que creemos que es un instrumento fundamental para poder avanzar de una manera más decidida de estas necesidades identificadas por las comunidades en los territorios.
¿Cuál es el punto del acuerdo de paz firmado con las Farc que menos presenta avances?
En lo que tiene que ver con la política social, es el punto que menos presenta avances. Los dos grandes avances: la aprobación del estatuto de garantías para la oposición y por otra parte, la puesta en marcha de los consejos de paz y reconciliación.