La Nación
Las anomalías que encontró la Contraloría en Timaná 2 11 agosto, 2022
INVESTIGACIÓN

Las anomalías que encontró la Contraloría en Timaná

El organismo de control develó irregularidades en la adjudicación y ejecución de contratación directa. Los hallazgos configuran un detrimento patrimonial estimado inicialmente en 935,19 millones de pesos en contrataciones sin soportes.

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

Una posible desviación de recursos en el suministro de mercados y mejoramiento de vivienda, así como la indebida y fallida ejecución de otros contratos adjudicados a dedo, puso al descubierto en Timaná la Contraloría Departamental del Huila.  También aparecieron gastos suntuarios (refrigerios, almuerzos y arreglos florales) para los concejales y supuesto pago de alojamiento y alimentación para la policía en eventos de apoyo no soportados.

Una primera auditoría ordenada por el contralor Andrés Felipe Vanegas concluyó con 39 hallazgos (17 administrativos; 9  disciplinarios, 4 penales, 7 fiscales y 2 sancionatorios.

 Los hallazgos con alcance fiscal ascendieron a 935,19 millones de pesos. Los resultados fueron reportados al alcalde de Timaná Marco Adrián Artunduaga.

Las anomalías con incidencia penal y disciplinaria también fueron remitidas a los organismos competentes.

Mejoramiento vivienda

El equipo auditor encontró presuntas irregularidades en la adquisición de artículos de ferretería para mejoramientos de vivienda urbana y rural. La contratación se hizo en febrero del año pasado, sin los soportes sobre entrega del material, en plena campaña electoral. Pero además, con cargo a otro rubro.

La administración comprometió y ejecutó el rubro presupuestal destinado para mejoramiento y mantenimiento de escenarios deportivos (no para vivienda) con una posible aplicación oficial diferente.

“Revisada la ejecución del contrato, se evidenció el incumplimiento del objeto contractual, como quiera que no se encontraron elementos probatorios como las órdenes salida y entrega del material de construcción”, explicó William Sánchez Hernández, jefe Oficina Control Fiscal.

Los estudios previos no justificaron la necesidad de la inversión. Tampoco se evidenció relación de los beneficiarios de los mejoramientos de vivienda o el tipo de obra ejecutada.

“No se evidenció un diagnóstico o un cronograma a desarrollar durante la ejecución del contrato, de cuáles fueron las viviendas mejoradas y en qué consistían estos mejoramientos. No se tuvo claridad e información de las viviendas beneficiarias, de acuerdo con lo contratado”, reseñó el informe del equipo auditor.

“No se encontró ningún tipo de evidencias que constaten la ejecución correcta del contrato, solo se limitan a soportar facturas por el contratista a nombre del municipio de Timaná”, acotó.

Los estudios previos no evidenciaron una debida planeación, cuando se habla de mejoramientos, no hace alusión o menciona beneficiario, lugar, y necesidad de lo que realizaría el municipio.

Según el equipo auditor esta operación puede configurar  un presunto peculado por aplicación oficial diferente y otros hallazgos con presunta connotación fiscal, disciplinaria y penal.

“Por lo tanto, posible es concluir, una mala gestión en el hecho de utilizar recursos adicionales que no responden a necesidades identificadas, estudiadas, evaluadas, planeadas y presupuestadas previamente a la contratación por parte de la entidad”, explicó el organismo fiscalizador.

En este caso, determinó la existencia de un presunto detrimento patrimonial, cuantificado en la suma de 22,23 millones de pesos, que corresponde al valor de los recursos públicos contratados para mejoramientos de vivienda urbana y rural.

Ágape y refrigerios

La Contraloría cuestionó la malversación de fondos públicos al contratar refrigerios, almuerzos especiales y arreglo florales para los concejales e invitados especiales en contravía al parecer con las normas de austeridad del gasto.

El contrato de prestación de suministro N° MC-02-2021fue celebrado con la empresa JPL Servicios por la suma de  cinco millones de pesos, sin que se encuentre justificación para ello.

“Por el contrario- dijo- atentan al parecer contra las políticas de austeridad del gasto promulgadas por el gobierno nacional; las actividades erogadas se catalogan como gastos suntuosos que no pueden ser atendidos con recursos públicos”.

“Revisada la ejecución de este contrato no se encontraron elementos probatorios que indique la correcta utilización de los recursos públicos”, precisó el organismo de control.

La administración comprometió y ejecutó el gasto suntuoso con cargo al rubro otros gastos generales.

Por lo tanto determinó existencia de un presunto detrimento patrimonial, cuantificado en la suma de 5, 051 millones de pesos que corresponde al valor de los recursos públicos cancelados configurándose un hallazgo administrativo con incidencia fiscal y disciplinaria.

Las anomalías que encontró la Contraloría en Timaná 8 11 agosto, 2022
Marco Adrián Artunduaga, alcalde de Timaná

Consultoría fallida

La auditoría financiera encontró igualmente irregularidades  administrativas, con connotación fiscal por la contratación de una consultoría fallida para la creación  del Instituto de Movilidad, Tránsito y Transporte de Timaná.

El contrato de prestación de serviciosNo.17 fue celebrado el primero de julio de 2021, por el valor de 25,39 millones de pesos. El contratista debía diseñar y formular el estudio de factibilidad para la creación del organismo de tránsito.

El proyecto fue radicado el 15 de febrero del año 2022, pero naufragó en la comisión tercera y no fue aprobado, entre otras razones, por deficiencias de la consultoría.

“Es posible concluir que presuntamente el fin propuesto con la contratación no se logró, además de no haberse obtenido impacto positivo o beneficio con esta contratación, causando de esta manera una lesión, disminución del patrimonio público”, explicó el Jefe de Control Fiscal. El presunto daño patrimonial fue determinado en la suma de 25,39 millones de pesos.

Si bien estudio de factibilidad fue realizado y presentado por la administración municipal al concejo para la correspondiente autorización de creación del organismo, el hundimiento de la iniciativa se soportó en las irregularidades que presentaba el estudio de factibilidad.

 La consultoría no definía el presupuesto inicial para poner en funcionamiento el instituto, tampoco aportó los certificados de disponibilidad presupuestal que permita esta financiación inicial por parte del municipio.

El estudio no contempla la estructura administrativa y operativa, al igual que el proyecto presentado no presentaba una  solución a la problemática de movilidad en el municipio.

“En consecuencia, no se puede cumplir con la normatividad exigida precisamente por las observaciones planteadas por el concejo municipal. Es notorio las irregularidades en el diseño y estructuración del estudio de factibilidad”, observó la auditoría.

En consecuencia, se demostró el menoscabo del patrimonio del municipio, generados por una indebida gestión de esta consultoría que configura un hallazgo administrativo con posible incidencia fiscal en cuantía de 25,39 millones, valor del contrato.

El Hallazgo fue trasladado a la Oficina de Responsabilidad Fiscal para que inicie el respectivo juicio.

Apoyo policial

Entre los contratos objeto de reproche, aparecieron dos destinados presuntamente a la alimentación y alojamiento para la Policía, sin que aparezcan los soportes y la justificación.

Según la Contraloría, la Alcaldía de Timaná celebró dos contratos de suministros de alimentación y alojamiento para el personal de la Policía Nacional que brindó seguridad y apoyo en las diferentes actividades realizadas en mayo y en diciembre.

Revisada la ejecución de este, no se encontraron elementos probatorios que indiquen la correcta utilización de los recursos públicos.    No se tiene claridad e información del personal de la fuerza pública, debido a que no presentan certificación que pertenecen a esta entidad y descripción del evento que apoyaron.

Tampoco soportó el registro del personal de la fuerza pública que se beneficiaron del servicio de hospedaje y alimentación, de acuerdo con lo contratado.

“No se encontró ningún tipo de evidencias que constaten la ejecución correcta del contrato, solo se limitan a soportar facturas por el contratista a nombre del municipio de Timaná”, anotó el equipo auditor.

En su criterio se configuraría la existencia de un presunto detrimento patrimonial, cuantificado en la suma de $52.423.000, que corresponde al valor de los recursos públicos cancelados en el suministro de  alimentación y hospedaje.

“Además, se evidenció un posible fraccionamiento de contratos; con esto presuntamente se incurrió en la violación a los principios de transparencia y planeación”, precisó.

Curiosamente la Policía no reportó el tipo de apoyo recibido ni los requerimientos de la Contraloría y guardó silencio.

Los contratos MC-15-2021 y MC-16-2021, fueron celebrados en la fecha 3 de mayo de 2021, con el mismo contratista (Ángel David Valenzuela Cuellar) y los contratos suministro MC-43-2021 y MC-44-2021 celebrados el 16 de diciembre de 2021 con el mismo contratista los cuales son complementarios. “Por tanto no entiende esta contraloría como la administración municipal celebró contratos por separado con el mismo contratista, lo cual es contrario a los principios de la función administrativa”, anotó.

Las anomalías que encontró la Contraloría en Timaná 9 11 agosto, 2022

Mercados humanitarios

La auditoría también encontró aparentes anomalías en el suministro de mercados para la población víctima del conflicto armado de Timaná. El valor ascendió a la suma total de 11,25 millones de pesos, sin que exista certeza sobre la entrega.

En los dos contratos aparece la entrega de mercados en lo corrido del año 2022 según la relación de las actas de entrega y salida de elementos de consumos. Los contratos fueron cancelados el 15 de diciembre de 2021, y en consecuencia los mercados fueron entregados posterior a la liquidación del contrato.

La administración no relacionó el listado de las personas priorizadas para la entregas de los mercados. La administración admitió las falencias de la inversión. “Tanto en el contrato MC 27 como en el contrato MC 28, tenemos que no hubo demanda suficiente para la entrega integral de los mercados contratados, dejando en reserva la cantidad de 13 y 12 mercados respectivamente que fueron entregados a población víctima del conflicto armado, previo visto bueno de la unidad para las víctimas”, explicó la administración.

Plan de Silvicultura

Adicionalmente, la Contraloría puso al descubierto anomalías  en otro contrato de prestación de servicios profesionales para la actualización del censo de silvicultura urbana (CSU) y asesoría en la elaboración del Plan de Silvicultura Urbana (PSU) por la suma 36 millones de pesos.

En el expediente contractual, el organismo de control encontró que que la administración celebró dicho contrato con una persona natural, que al parecer, no reunía los requisitos y no con una persona jurídica con trayectoria.

“Lo que de denota falta de idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área que se contrató, además de violar los principios de transparencia y planeación”.

Según la Contraloría no se evidenció cumplimiento a las obligaciones específicas pactadas en el contrato. Tampoco se evidenció el equipo interdisciplinario integrado para llevar a cabo la labor contratada, incurriendo presuntamente en la violación de los principios de transparencia y planeación, así mismo se observa una presunta contravención del principio de selección objetiva.

Por lo tanto, podría configurarse a juicio del organismo fiscalizador el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y la posible celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.

La existencia de un presunto detrimento patrimonial, cuantificado en la suma de $19.255.800, que corresponde al valor de los recursos públicos pagados y liquidado.

Estampillas

Durante la vigencia 2020 no ingresó ningún pago por concepto de estampillas por parte del Hospital San Antonio de Timaná. En los dos últimos años la entidad suscribió 889 contratos pero no realizó los descuentos aplicables por concepto de pago de estampilla Pro-Adulto Mayor, Procultura, Pro-Deporte y Recreación. Por lo tanto el Municipio dejó de percibir el valor de 757, 26 millones de pesos que constituye un detrimento patrimonial.