En cualquier momento, el Gobierno Nacional expedirá el decreto que regulará el uso de las armas traumáticas en el país. Básicamente lo que ocurrirá es que estas armas se elevarán a la categoría de armas de fuego.
Así las cosas, portar armas traumáticas y de fogueo sin el correspondiente permiso, implicará estar sujeto al artículo 365 del Código Penal, el cual indica que “el que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, accesorios o municiones, incurrirá en prisión de nueve a 12 años”. Acto seguido, la normativa establece que las armas traumáticas solo podrán ser adquiridas por personas que las requieran para uso civil o defensa personal. En todos los demás casos estarán prohibidas. En este sentido, para portar armas traumáticas se requerirá un permiso especial por parte de las autoridades.
Entre otras cosas, para quienes adquieran un permiso para porte de un arma traumática deberán presentar cédula de ciudadanía; certificado médico de aptitud psicofísica expedido por entidades autorizadas por la Dirección General de Sanidad Militar; certificado del curso de manejo de armas entregado por una entidad autorizada por el Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos; así como la factura de venta o declaración de importación del arma.
Es más que evidente que las armas traumáticas se están empleando con mayor frecuencia para cometer hurtos e incluso, están siendo utilizadas para cometer actos extorsivos. La facilidad con que se obtienen en el mercado nacional sin ninguna clase de restricciones ha contribuido al incremento en los niveles de inseguridad en las ciudades, incluyendo Neiva.
Ya era hora que el Gobierno Nacional le pusiera freno a la proliferación de estas armas. Lo que debe pasar ahora es que las autoridades deben emprender intensos y persistentes operativos para decomisar las que no cumplan con la nueva normatividad.