La Nación
Las Compras Públicas, una ley para nuestros campesinos 1 29 marzo, 2024
COLUMNISTAS OPINIÓN

Las Compras Públicas, una ley para nuestros campesinos

Flora Perdomo Andrade

Al cierre de la legislatura debo registrar con profundo orgullo y satisfacción, que uno de los proyectos más importantes para el sector agropecuario y de seguridad alimentaria quedó aprobado en el Congreso de la República.

La iniciativa que adopta  e implementa las Compras Públicas Locales de Alimentos y del cual tuve el honor de ser ponente en la Cámara de Representantes contó con el apoyo mayoritario de las diferentes bancadas y hoy solo nos queda que el Señor Presidente de la República en su independencia y sabiduría sancione esta norma, cuyo propósito fundamental es abrirle espacios de comercialización directa  de sus productos a los campesinos de nuestros país; además de ser un instrumento para combatir el hambre  y garantizar la seguridad alimentaria de millones de colombianos. Pero también está orientado en propinar un certero impacto a los niveles de pobreza rural, que en nuestro país supera más del 60 por ciento de la población campesina, pese a las inmensas riquezas existentes en el campo y que evidencian profundas desigualdades tanto de generación de ingresos, como de calidad de vida de sus habitantes.

Justo en los momentos que enfrentamos una pandemia y cuando más se reclama un direccionamiento de planes y políticas para el campo, entendiendo que se trata del sector llamado a convertirse en la herramienta para el resurgir del país, la política de las Compras Públicas emerge como una clara estrategia que encaja perfectamente en ese propósito nacional de ofrecer alternativas que vayan en beneficio de los campesinos.

Esta norma tiene un alcance sin precedentes, pues obliga a que las entidades del estado que por su condición y naturaleza deben adquirir alimentos como el Inpec, el Ejército, la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los Planes de Alimentación Escolar PAE, los hospitales entre otros, deberán adquirir de manera obligatoria, al menos el 30 por ciento de los productos alimenticios adelantando acuerdos de comercialización con organizaciones y asociaciones campesinas de base,  permitiendo de esa manera el desarrollo de una dinámica comercial, consolidando la economía campesina y facilitando adquirir productos de mayor calidad, a bajo costo, haciendo rendir los recursos públicos y fomentando el emprendimiento.

Las entidades del Estado han establecido recursos multimillonarios, se calcula que anualmente destinan en sus presupuestos, cerca de 3 billones de pesos para la compra de alimentos, dineros que en su mayoría se contratan con operadores que presentan propuestas y que en la mayoría de las ocasiones son intermediarios que encarecen los insumos y quitan la posibilidad de adquirir mayores cantidades, además en muchas ocasiones sin adecuados controles de calidad y presentándose problemas para cumplir con los contratos, agravando las posibilidades de abastecimiento en esas organizaciones.

La Ley tiene unos logros muy importantes, pues obliga a las entidades del Estado a comprar de manera directa en las regiones y deben hacerlo a pequeños productores agropecuarios locales y a quienes adelanten procesos de agricultura campesina, familiar o comunitaria. Esto implica la creación de una mesa técnica nacional de compras en la que tendrán asiento además de representantes de las entidades del Estado, voceros de organizaciones y pequeños productores del campo. Ordena también el establecimiento de un sistema de información público de asociaciones campesinas, familiares y comunitarias para de esa manera garantizar su acceso a los procesos de comercialización y al establecimiento de negocios con dichas empresas estatales. La Ley también determina que todos los acuerdos comerciales deben garantizar el pago contra entrega, esto con la idea de poder mover la economía y no producir retrasos y demoras en el reconocimiento de los recursos que afecten la estabilidad de las pequeñas entidades productoras. Y finalmente existirá un control permanente del Congreso de la República, que deberá recibir informes periódicos, de los avances, logros y dificultades en la implementación y desarrollo de la Ley 139 de 2018 de la Cámara y 026 de 2019 Senado.

Sea esta la oportunidad para reconocer el papel cumplido por la Mesa Nacional de Compras, el Frente Parlamentario Contra el Hambre de la FAO, que contribuyó en el asesoramiento y fue guía permanente durante los dos años que se tardó el trámite de la iniciativa; a Organizaciones Solidarias UAEOS, porque en este proceso las cooperativas y los mercados campesinos se tornarán fundamentales; al Ministerio de Agricultura; a la Agencia de Desarrollo Rural; a los ponentes en el Senado de la República; a la Cámara de Comercio de Neiva, que fue ente articulador y dinamizador en el departamento del Huila y a todas las personas de la sociedad civil que hicieron aportes a través de la jornadas de socialización que acompañamos en distintas regiones del país.

¡Lo logramos!

 

floraperdomo1@hotmail.com