El contralor Delegado para el Sector de Infraestructura Gabriel Adolfo Jurado puso sobre el tapete las graves falencias que registra la reactivación de la autopista de cuarta generación, hoy paralizada. El proyecto está impactado técnica, financiera, social y ambientalmente, precisó.
RICARDO AREIZA
unidadinvestigativa@lanacion,com,co
La reactivación de la autopista Santana-Mocoa-Pitalito-Neiva, paralizada desde hace cuatro años y once meses, está lejos de cristalizarse.
El plan remedial, propuesto como alternativa para atender en forma prioritaria los 44 puntos críticos, en las actuales condiciones, no garantizará la ejecución total de las intervenciones. Y menos aún, la ejecución de la segunda fase, eventualmente prevista para el 30 de agosto próximo.
Según la Contraloría General de la República, el proyecto está hoy impactado financiera, técnica, social y ambientalmente.
El avance es inferior al ejecutado, el concesionario no ha cancelado las multas ni ha renovado las pólizas de garantía, lo que podría afectar la ejecución de la segunda fase. Y lo más grave: el modelo contable no refleja fielmente la realidad económica de la concesión.
La ola de incumplimientos por parte de la empresa Aliadas terminó afectando la estructura de financiación del proyecto y actualmente su viabilidad genera incertidumbre.
Rajada
La auditoría determinó 46 hallazgos administrativos, de los cuales 30 tienen alcance disciplinario, 4 con posible alcance fiscal por $2.753,9 millones y 5 para indagación preliminar.
Las graves falencias detectadas en la concesión Santana-Mocoa-Pitalito-Neiva, y otras tres concesiones de 4G, rajaron fiscalmente a la entidad. Con fundamento en las opiniones contable (Negativa) y presupuestal (No razonable), la CGR no feneció la cuenta fiscal de la ANI, por la vigencia fiscal 2019, lo que significa, que no pasó el examen.
En la misma auditoría se examinaron los avances de otros proyectos entre ellos, el corredor vial Perimetral de Oriente; Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó; el proyecto de concesión férrea del Atlántico y Pacífico y el proyecto de Obra Pública Bogotá – Belencito y Dorada – Chiriguaná.
La incertidumbre
El contralor Delegado para el Sector de Infraestructura Gabriel Adolfo Jurado Parra, reveló que los saldos de las cuentas de la concesión a 31 de diciembre de 2019 también generaron incertidumbre.
“Al verificar el modelo financiero para el reconocimiento contable del contrato de Concesión 012 de 2015, que corresponde a un contrato de cuarta generación de iniciativa pública, se evidenciaron una serie de inconsistencias que generan incertidumbre sobre los saldos de las subcuentas en las cuales se registró la información a 31 de diciembre de 2019 del proyecto Santana Mocoa Neiva, toda vez que no refleja la realidad económica del mismo”, precisó el funcionario.
Las inversiones en bienes de capital y gastos en capital, (capex) ejecutadas y registradas contablemente no corresponde con el reporte de la interventoría ni se reflejan en los estados financieros de la ANI a diciembre de 2019.
También genera duda el pasivo financiero determinado por la ANI a través del modelo contable, al no incluirse la fracción de los aportes ANI en dólares (FUSD) y la actualización de la tasa de cambio representativa del mercado (TRM).
“Esta diferencia afecta el saldo de la subcuenta relacionada con la amortización del pasivo diferido que depende también de la ejecución del Capex”, explicó el reporte fiscal.
Al cierre de la vigencia 2019, -precisó- el valor del Capex (inversiones de capital) debía reflejar el porcentaje del avance de obra por unidad funcional, el Opex (gastos operacionales) presentará una distribución lineal a partir de la entrega de la unidad funcional y el mantenimiento mayor, en el cual se busca que se encuentre distribuido en los años en que, de acuerdo con el apéndice financiero, se va a realizar”.
Esta diferencia también afecta el saldo de la subcuenta relacionada con la amortización del pasivo diferido que depende también de la ejecución del Capex.
Incongruencia
La información registrada en los estados financieros a 31 de diciembre de 2019, producto de la implementación del modelo financiero con fines contables de la concesión Santana-Mocoa-Pitalito-Neiva, no refleja de forma fiel la realidad económica de la concesión.
La irregularidad se presenta por las debilidades en el control y supervisión al proceso frente a la actualización de las cifras contraviniendo, lo establecido en el Manual de Proceso Contable y Sistema Documental Contable del nuevo marco normativo de la Contaduría General de la Nación.
Avances diferentes
Por tanto, el valor ejecutado a 2019 es de $12.348 millones, equivalente al 0,78% de ejecución.
Sin embargo, el informe de Interventoría del mes de diciembre de 2019, indica que la fase de construcción de la etapa pre operativa finalizó el 6 de septiembre de 2019, sin que se diera cumplimiento al plan de obras no objetado por la firma y la ANI. A la fecha indicada, se tiene un avance ejecutado del 5% con respecto al 100% programado.
Al finalizar los 1.080 días de la etapa de construcción, el avance fue solo del 5%, por tanto, el valor ejecutado del Capex que refleja el modelo financiero contable del 0.78% y que soporta el valor registrado contablemente de $12.384 millones en los estados financieros de la ANI, no se corresponde con el porcentaje real ejecutado del proyecto.
Para esta concesión se toma en cuenta un porcentaje de Aportes ANI (Vigencias futuras) en dólares, las cuales son calculadas según formulación planteada en el contrato de concesión parte especial y con la proyección de la TRM.
“Al verificar el modelo se observa que para la fracción de los Aportes ANI en Dólares (FUSD), se calculó con un valor de 0,00%, a pesar que en el contrato de concesión se estableció dicho porcentaje en 58%”, reportó el contralor delegado.
Cálculos distintos
La ANI aseguró que la observación no cuenta con toda la información del proyecto, toda vez que no se incluyó en el análisis la distribución de los porcentajes de la porción en dólares que presentó el concesionario junto con los documentos para la acreditación del cierre financiero.
La fracción de los aportes ANI en dólares (FUSD), según la Contraloría, se calculó con un valor de 0,00%, para todos los años desde el 2015 hasta el 2039, es decir que no se tuvo en cuenta la distribución presentada por el concesionario.
A pesar de ser obligatoria, no se actualizó la tasa de cambio (TRM) desde el 23 de enero de 2019 hasta el 31 diciembre de 2019 y se continuó con la proyección diaria de $2.772,3 cuando la tasa de cambio era superior.
El porcentaje del 36,76% relacionado con los aportes de la Nación (Vigencias futuras) se debe reconocer un pasivo financiero, y la contraprestación que se realiza con la cesión derechos para explotar dicho activo (cesión del recaudo de peajes) se reconocerá como pasivo diferido, es decir el 63.24%.
La determinación del tipo de pasivo está en función tanto de los aportes de la Nación como de los ingresos por recaudo de peaje.
Sin embargo, el modelo financiero no tiene en cuenta la fracción en dólares solicitada por el concesionario en la propuesta económica y estipulada contractualmente, situación que puede estar generando inconsistencias en la determinación de la proporcionalidad del pasivo.
Según el estudio, la estructura financiera de la concesión está herida de muerte y su resurrección antes del 30 de agosto genera enorme incertidumbre. (Mañana segunda parte)