Froilán Casas Ortiz
Obispo de Neiva
¡Qué ignorancia, qué desconocimiento! La mayoría de la población canta victoria cuando el Estado pierde una demanda. Por favor, ¿de dónde salen los recursos para pagar tan gigantes sumas? ¡Ah, pues de nosotros los contribuyentes! Quienes trabajamos de sol a sol y tributamos a un Estado alcabalero como el nuestro, somos quienes pagamos las estupideces del funcionario de turno.
Ningún gobierno tiene un peso, somos los ciudadanos trabajadores quienes sostenemos un gobierno. Por favor, no seamos ilusos creyendo que “papá gobierno” nos mantenga. Valiente gracia, qué pena, quien no quiere trabaja que no coma, dice el libro Santo.
Otra cosa es, que los gobiernos manejen con racionalidad y eficiencia los recursos que recibe por nuestras tributaciones; de ahí que los órganos de control deben ser asertivos y acuciosos; igualmente debe haber siempre una buena veeduría ciudadana, pero una veeduría sensata y realista. ¡Cuántas demandas vendrán a raíz del fallo de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia al darles razón a los cuarenta y nueve “tutelantes” de las actuaciones de la Policía Nacional en las protestas! Y vean otra píldora: si un alto funcionario afirma que la Policía Nacional es la causante de las protestas, entonces, quienes sufrieron las acciones vandálicas de los saqueos que demanden a la Policía Nacional por tales atropellos. ¡Qué horror! ¿A dónde vamos?; ¿quiénes pagan esas inmensas cifras? De modo que a demandar al Estado por todo.
El artículo segundo la de la Constitución política de Colombia, reza entre otras cosas: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Entonces que vengan la lluvia de demandas. ¡No alcanza el presupuesto para pagar tantas indemnizaciones! Entonces, ¿quién defiende al Estado? Los mismos magistrados que “legislan” son pagados gracias a nuestros impuestos. ¡Ah, bravos con la marrana pero con la morcilla no! De manera que a desarmar a la fuerza pública y entonces a demandar al Estado por todos los atropellos que padezcamos los ciudadanos trabajadores.
Si el Estado no nos garantiza la protección a la “vida, honra y bienes, creencias y demás derechos”, ¿a quién acudimos? Entonces a demandar al Estado cuando seamos atacados, maltratados, heridos, etc., por tantos maleantes que deambulan por calles, plazas y caminos, sin ton ni son y que la fuerza pública desarmada sea, a su vez, víctima de tantos facinerosos que caminan como “Pedro por su casa”. Claro, por favor, hay que judicializar las arbitrariedades de algunos integrantes de la fuerza pública que extralimitan sus funciones: que se vayan a la cárcel y paguen por sus delitos. Ellos están para protegernos, no maltratarnos. Por favor, distingamos.