Increíble hallazgo: 933 terminales de cómputo, 764 tabletas y 169 portátiles, entregados por el Ministerio de Educación a colegios públicos del Huila están fuera de servicio porque nunca funcionaron. Otra barrera para la presencialidad.
RICARDO AREIZA
unidadinvestigativa@lanacion.com.co
Las tabletas y computadores portátiles entregados a los colegios oficiales del Huila para cerrar la brecha digital no son como los pintan.
Una primera evaluación realizada en diez de los 37 municipios del puso al descubierto las fallas que registran los equipos entregados por el Ministerio de Educación en convenio con la Gobernación del Huila.
La Unidad de seguimiento y Auditorías de Regalías detectó graves hallazgos solamente en diez convenios de los 12 finalmente seleccionados. Aun así, faltando de revisar el 87,3 por ciento de los convenios ejecutados en los dos últimos años, 933 equipos ya no funcionan por fallas técnicas y están fuera de servicio.
El equipo auditor, revisó 7.610 terminales (3.255 computadores portátiles y 4.355 tabletas) que representan el 12,7% de las 60.000 entregadas en la ejecución del proyecto en los diez municipios seleccionados (Campoalegre, Altamira, Timaná, Tesalia, Rivera, Pitalito, Paicol, Nátaga, La Plata y Garzón). Neiva y Aipe, curiosamente fueron excluidos.
Inversiones
El proyecto de dotación tecnológica para instituciones educativas oficiales del Huila fue aprobado por el Ocad Departamental de Huila (Acuerdo No. 06 del 31 de octubre de 2016).
El proyecto costó 40.388 millones de pesos. De éstos 26.628 millones de pesos correspondieron a recursos del Presupuesto General de la Nación; 12.153 millones a recursos del Sistema General de Regalías y 1.603 millones de pesos de recursos propios aportados por la Gobernación del Huila.
Las inversiones más significativas se realizaron en Neiva con 4.180 millones de pesos; Pitalito con 1.570 millones de pesos, Garzón, 756 millones y La Plata, 793 millones de pesos.
La asociación creada hace 21 años, está conformada por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Educación Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). La Asociación Computadores para Educar fue constituida mediante documento privado el 22 de noviembre de 2000, con una vigencia inicial de 10 años. El año pasado fue prorrogada la vigencia por 10 años más, esto es, hasta el 30 de noviembre de 2030.
Interventoría
La interventoría técnica fue contratada en un concurso de méritos con la empresa Smarty Colombia representada por Wilfredo Jiménez Castillo.
El contrato No. 718 de fue adjudicado el 25 de mayo 2017, por valor de 56 millones de pesos IVA incluido, con un plazo de ejecución de seis meses.
Asimismo suscribieron tres contratos de compraventa para el suministro de las tabletas y computadores portátiles por la suma de 73.650 millones de pesos.
Las empresas beneficiarias fueron Carvajal Tecnología y Servicios SAS, representante legal Jorge Enrique Cote Velosa según contrato 32-16 suscrito el 11 de mayo de 2016 por 24.550 millones de pesos.
La segunda correspondió a Computel System SAS representada por Wilson Fernando Murcia Barbosa según contrato 35-16 suscrito el 12 de junio de 2016, 24.550 millones de pesos y la tercera Heritage Group SAS representada por Alejandro Jaramillo Hoyos contrato 37-16 suscrito el 23 de septiembre de 2013 por idéntica suma 24.550 millones de pesos.
Además, constituyeron un contrato de Fiducia No.128-13 suscrito con Fiduciaria Bogotá por un valor de 90.880 millones de pesos.
Graves hallazgos
Para ejecutar la iniciativa la Gobernación del Huila suscribió convenios interadministrativos con los 37 municipios y Computadores para Educar.
Los convenios por municipios fueron suscritos el 12 de diciembre de 2016 con un plazo inicial de seis meses prorrogables a seis meses más (otro sí) para un total de 12 meses. El acta de inicio suscrita el 12 de junio de 2017.
La auditoría confirmó graves hallazgos. De los equipos entregados 933 terminales de cómputo entregadas por Computadores para Educar se encuentran fuera de servicio, por presentar daños en sus partes físicas y lógicas, como son batería averiada, falla tarjeta de video, pantalla no prende, botón de encendido, teclados con fallas, arranque sistema operativo, baterías no reciben carga y la terminal no prende conectada directamente a la fuente de poder.
Las 933 terminales de cómputo con fallas corresponden a 764 a tipo tabletas valoradas en 484,73 millones de pesos y 169 terminales tipo computadores valorados en 88,69 millones de pesos, para un total de 573,42 millones de pesos.
El contratista no entregó dos terminales de cómputo tipo tabletas en el Centro Educativo Majo del municipio de Garzón. Los dos equipos tienen un costo de 1,26 millones de pesos.
Mala gestión
“Esta situación se presenta por deficiente gestión administrativa de los entes territoriales contratantes, falta de seguimiento y control de la interventoría en la entrega y puesta en funcionamiento de las terminales de cómputo, en el sitio donde fueron entregadas”, precisó el equipo auditor.
Con un efecto adverso en época de la presencialidad. Además de la pérdida de los dineros públicos, ocasiona un inexcusable desaprovechamiento pedagógico y bajo nivel de apropiación de tecnologías de la información, afectando la calidad del aprendizaje de los estudiantes de escasos recursos económicos de las instituciones educativas oficiales. Y desde luego, en una barrera para reiniciar la presencialidad, luego de un prolongado proceso de virtualidad forzada originada por la pandemia.
Varios rectores consultados por LA NACIÓN, indicaron que la misma situación se registra en varias instituciones. Muchos equipos entregados registran fallas que no han podido subsanarse. Además, señalaron que en otros casos no se usan por falta de conectividad a internet en las instituciones públicas, lo que constituye una barrera para el retorno a la presencialidad.
Posible detrimento
En estas condiciones, se configura una observación administrativa fiscal por un valor de 574, 69 millones de pesos.
Este valor corresponde a las 933 terminales de cómputo entregadas por Computadores para Educador que se encuentran fuera de servicio (por presentar daños de consideración) especificados en los documentos de traslado y traspaso de bienes de propiedad de la Asociación Computadores para Educar a cada municipio.
De éstos equipos 764 son tabletas valoradas en $484.732.788 y 169 terminales tipo computadores valorados en $88.694.053, para un total de $573.426.841. Y dos tabletas faltantes o no entregadas al centro educativo Majo del municipio de Garzón, por valor de $1.268.934.
“En este orden de ideas, es evidente el daño de 933 terminales de cómputo entregadas a las instituciones educativas beneficiarias del proyecto, configurándose de este modo un hallazgo administrativo connotación fiscal por valor de 574,69 millones de pesos”, explicó el contralor delegado Juan Carlos Rendón López.
El funcionario remitió el informe a la Unidad de Responsabilidad Fiscal.
Liquidación
“De la evaluación realizada a los convenios y al contrato de interventoría No.718 del 25 de mayo 2017 y una vez verificada la información enviada por la Gobernación de Huila no se evidenció el acta de liquidación de los convenios. Tampoco la liquidación del contrato de interventoría, incumpliendo lo contemplado en el régimen de contratación estatal (Ley 80 de 1993). Una grave omisión por la deficiencia administrativa en el control y seguimiento por parte de la Gobernación del Huila, a través del Interventor, así como de los supervisores de cada municipio.
Las últimas terminales entregadas se hicieron en los meses de marzo, abril y junio de 2018, y el proceso de cambio de administración se dio en enero del año 2020.
“Es decir que, si analizamos el factor tiempo, transcurrieron aproximadamente, 18 meses, lapso suficiente para haber liquidado los convenios y el contrato de interventoría”, precisó el reporte.
La otra cara
La Secretaría de Educación del Huila admitió las inconsistencias reportadas por el organismo de control.
“En el transcurso de la ejecución del proyecto, en varias oportunidades esta supervisión señaló con preocupación la no entrega de la totalidad de los soportes que demostraban la finalización del proyecto y que habilitaban para comenzar el proceso de cierre de los convenios”, explicó en un oficio suscrito el 9 de junio de 2020.
“Sobre este tema en particular, es importante tener en cuenta que la interventoría del contrato, con el apoyo de esta supervisión, realizó diversos requerimientos a Computadores para Educar (CPE) y a la misma Gobernación del Huila, a efectos de que se pudiera dar cumplimiento a los plazos establecidos para la terminación de cada proyecto, para lo cual era necesario contar con todos los soportes y evidencias de las tareas desarrolladas”, aclaró el entonces secretario de Educación.
Los retrasos
“La falta de la totalidad de soportes documentales del proyecto incluyendo actas de entrega de equipos a docentes y el informe de rendimientos financieros cuya realización estaba a cargo de la fiduciaria retrasaron el cierre y liquidación de los convenios”, explicó el funcionario.
Adicionalmente precisó que fue imposible lograr que cada municipio firmase las actas de liquidación de los convenios acorde con lo pactado y más cuando hubo cambio de administración, situación evidenciada en los informes de supervisión e interventoría.
Según el contrato, Computadores para Educar debe garantizar, a través del contratista la calidad de los terminales entregados a las sedes beneficiadas, por un término de tres años contados a partir de la entrega, brindando el correspondiente soporte técnico durante el mismo tiempo. Aún está vigente el periodo de garantía, pactado en el contrato que se le puede exigir a Computadores para Educar sin que haya lugar así a un detrimento patrimonial. Sin embargo, advirtió que es la responsabilidad de las sedes reportar oportunamente los daños encontrados en los equipos.
Los rectores por su parte, negaron que hubiesen recibido las instrucciones sobre las garantías, contempladas en los contratos, por las que tienen que responder el contratista y la aseguradora.