Aunque el proyecto está en ruinas y las losas instaladas- en parte- por el contratista (Unión Temporal San Miguel), se las robó la indigencia, con la decisión de la Alcaldía de Neiva (resolución 0037 de 2016) de declarar oficialmente el contrato de obra pública N. 1728 de 2014 celebrado entre el Municipio y la Unión Temporal San Miguel, se abre la puerta para adelantar una nueva licitación pública, se ajuste el proyecto y aparezca un nuevo contratista que culmine la obra que costó 4 mil millones de pesos, pero que el contratista dejó abandonada en un 14 por ciento seis meses después de iniciado el proyecto y luego de invertirle 1324 millones de pesos.
Pero, ¿con qué sustento la Alcaldía de Neiva declaró el incumplimiento del contratista? Lo hizo seis meses después de que el exsecretario de Vías Municipal, Carlos Libardo Gómez, declarara previamente el incumplimiento del contratista en diciembre de 2015.
LA NACIÓN conoció el documento de 39 páginas donde se confirman las razones del incumplimiento de la firma de Sergio Cornejo, representante legal de la Unión Temporal.
Aunque el contratista alegó falta de planeación en el contrato, dijo que le cambiaron las reglas de juego en el camino, que le hicieron exigencias que inicialmente no estaban contempladas, entre otras, la Alcaldía de Neiva consideró “que la Unión Temporal San Miguel nunca formuló reparos a los aspectos técnicos del proyecto.
Ciertamente- reconoce el Municipio- los diseños no fueron publicados en el Seccop. No obstante, eso no quiere decir que los estudios y diseños como documentos públicos que son, no estuviesen a disposición de los interesados en la Secretaría de Vías para su consulta”.
Muchas de las losetas han sido hurtadas por los habitantes de calle.
Y añadió que una vez adjudicado el contrato (1728 de 2014) el contratista suscribió el acta de inicio el 19 de diciembre de 2014 sin ninguna observación o manifestación “tal como se evidencia en el acta que reposa en la carpeta del contrato”.
Tampoco- se lee en la resolución – existió una solicitud de suspensión de la ejecución del contrato formulada por el contratista.
“Y revisada la bitácora del contrato, se establece con claridad que la razón por la cual el contratista no iniciaba la ejecución de los trabajos era plata, liquides financiera, ya que en reiteradas ocasiones la Unión Temporal San Miguel lo que consignó en el libro de la obra, fue que estaba a la espera del giro del anticipo para contratar proveedores. Más que reclamar proveedores (que ciertamente lo hizo un par de ocasiones) lo que registraba insistentemente la bitácora era que a la fecha que no le giraban el anticipo”.
Y deja claro la Alcaldía- basada en información de la bitácora del contrato- que la obra desde mediados de 2015 estaba “gravemente retrasada, requiriendo un plan de contingencia para adelantarla, según las anotaciones del interventor, pero el contratista que estaba pidiendo más plazo, lo que decidió unilateralmente fue pararla entre el 12 de junio y 2 de julio”, se lee en la resolución.
El Municipio considera que si hubiese falta de planeación en el contrato- como lo alegó la Unión Temporal San Miguel- esto no exculpa al contratista del incumplimiento en el avance de la obra, incumplimiento calculado por la interventoría (finales de septiembre de 2015) en 104 días de retraso.
En el acta también quedaron consignados los incumplimientos de la obra por parte del contratista. “Durante el periodo inicial de seis meses el avance de las obras fue muy deficiente teniendo en cuenta que solamente se alcanzó un porcentaje de ejecución física del 14.47 por ciento correspondiente a una inversión de 638 millones de pesos…”.
Así permanece hoy, el proyecto de la avenida Inés García de Durán.
Aunque Sergio Cornejo, representante legal de la Unión Temporal, también alegó que su incumplimiento en la vía Inés García de Durán obedecía a un desequilibrio económico del contrato, el equipo jurídico de la Alcaldía de Neiva, consideró que no hay lugar a dicha reclamación “cuando los desbalances económicos provienen de la culpa de propio contratista y sus presuntas mayores cantidades de obra carecen de un soporte previo y autorización de la interventoría… sostiene la jurisprudencia que no hay lugar a reclamar desequilibrio económico del contrato cuando proviene de errores en la confección de la oferta o de la ejecución propiamente del contrato, es decir, la fabricación de unas losetas, de las cuales se carecía de la experiencia debida”. Y le recuerda a la Unión Temporal que cuando firmó el contrato acreditó suficiente capacidad financiera, “de modo que resulta incomprensible que se venga a señalar que fue la Administración la que lo condujo al incumplimiento”. Es más- dice la Alcaldía- al contratista se le pagó el anticipo y se hicieron ocho actas de recibos parciales de obra.
Losetas
La Alcaldía también destacó que aunque el contratista alegó que le terminaron exigiendo losetas con una calidad superior a la determinada en los pliegos y estudios previos, en realidad se tenían que basar en la norma NTC 4992. Y además- dice el Municipio- el contratista se puso a construir la losetas, cuando su misión o lo que se buscaba no era que la Unión Temporal “se volviera fabricante de losetas con el propósito de darle cumplimiento al contrato”.
Destaca la Alcaldía que no podía exigirle al contratista dónde comprar las losetas, pero la interventoría del proyecto sí podía exigir su calidad. Y aunque en ninguna parte del pliego o de los estudios previos se hizo referencia a la norma de calidad NTC 4992 para las losetas, la Administración preveía la compra de losetas a un fabricante experto, certificado.
Pregunta
“No obstante, ante la decisión del contratista de fabricar las losetas, la norma de calidad se volvió imprescindible”. Y se preguntó el equipo jurídico de la Alcaldía: si el contratista se le dio por elaborar las losetas, ¿de qué manera podía el interventor asegurar la calidad de las losetas? ¿Podía acaso inventar y exigir una norma de calidad de pruebas de calidad distintas a las establecidas en las normas de calidad generalmente aceptadas? La respuesta- dice la Alcaldía- no es sino una: NO”.
LA NACIÓN conoció que la Unión Temporal San Miguel se defendió y durante el proceso de audiencia pública, donde se definía su incumplimiento, aportó unas pruebas de laboratorio en las que decían sus losetas cumplían con las normas NTC 4992. No obstante, “dichas pruebas no pueden ser tenidas en cuenta ya que fueron practicadas sin la participación de la interventoría ni con la debida cadena de custodia”, respondió el equipo jurídico de la Alcaldía.
Además, las losetas que instaló Sergio Cornejo- expresó la Administración- están manchadas, rayadas y no hay uniformidad en los tonos…
Otras falencias técnicas
“Es indispensable resaltar que la deficiente calidad de algunas de las obras ejecutadas sumado al hecho de que el contratista hasta la fecha no ha invertido los recursos necesarios (personal, materiales y equipos), para ejecutar de manera eficaz dentro del plazo contractual un proyecto de esta envergadura, se traduce en un evidente incumplimiento contractual que se volvió reiterativo desde que se iniciaron las obras”, se lee en la resolución.
“De acuerdo con la verificación topográfica realizada de manera independiente por la interventoría, se constató que el contratista cometió errores en la ubicación y en las dimensiones de algunas estructuras construidas”.
Además- se lee en el documento- se constató que la Unión Temporal San Miguel al realizar labores de expansión, corte y extendido con motoniveladora, averió o causó afectación a varios sardineles existentes en el separador.
Tal como lo muestra la gráfica, así se mantiene en buena parte de la obra.
Y para rematar, “se evidenció que el cemento utilizado no concuerda con el estipulado en el respectivo diseño de mezcla…”.
Asimismo se observó un deficiente proceso de curado (en el cemento aplicado) “lo que ha ocasionado la aparición de fisuras por deshidratación debido a las altas temperaturas que se presentan en la zona…”.
Como estas hay varias objeciones adelantadas al contratista plasmadas en la resolución de incumplimiento firmadas por la secretaria de Vías de Neiva, Diana Paola Saloque Guzmán; José Joaquín Cuervo, jefe de la Oficina Jurídica; Vladimir Salazar, asesor del despacho; Fernando Mauricio Iglesias, jefe de la Oficina de Contratación y Nicolás Gutiérrez, asesor jurídico externo.
LA NACIÓN conoció que el paso a seguir será la liquidación del contrato 1728 de 2014. Y posteriormente vendrá una nueva licitación pública que permitirá conseguir al nuevo contratista que le dé fin a la vía Inés García de Durán.
Entre tanto, las figuras del Sanjuanero huilense- que creó Inés García de Durán- reposan guardadas en la Secretaría de Cultura de Neiva- esperando que la vía esté lista para adornarla.