RICARDO AREIZA
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Durante la vigencia de 2017 la alcaldía de Villavieja suscribió 15 convenios interadministrativos por 1.238 millones de pesos. Los principales fueron firmados con el Fondo Mixto de Cultura y Empresas Públicas de Villavieja.
En el primer caso, se firmó un convenio con el Fondo Mixto por 174,90 millones de pesos para realizar varias celebraciones (Día del Niño, Día de la Madre, Día del Campesino y las fiestas sampedrinas), que al parecer, terminaron enredadas por falta de soportes.
Y para rematar antes de terminar el año volvió a contratar con el Fondo Mixto, pese a las falencias, las celebraciones decembrinas, igualmente cuestionadas por los malos manejos de los recursos públicos.
Las cinco actividades, según el resumen final realizado por la Contraloría del Huila, dejaron un detrimento patrimonial estimado en 173,19 millones de pesos.
Adicionalmente, encontró en una rigurosa auditoría 23 hallazgos administrativos, cinco con incidencia disciplinaria y ocho con alcance fiscal por 287,37 millones de pesos. Otra historia para Ripley.
Celebraciones
Como siempre ocurre en los convenios interadministrativos las actividades contratadas terminar tercerizadas.
En este caso el Fondo Mixto de Cultural, convertido en un intermediario, subcontrató con fundaciones particulares, la realización de varias celebraciones
En la celebración infantil, entre otros incluía, recreación y actividades lúdicas, el suministro de 2.800 bolsas de agua para hidratación; 1.600 refrigerios y 499 regalos para una actividad de recreación y transporte. . Se pagaron 24,35 millones de pesos.
Aunque se entregaron algunas fotografías, no se anexaron los soportes de los eventos supuestamente realizados en los centros poblados de La Victoria, San Alfonso, Potosí, Polonia, Hato Nuevo y zona urbana. En consecuencia determinó un presunto detrimento patrimonial estimado en 10,89 millones de pesos.
Para celebrar el Día de la Madre se subcontrató con otra corporación cultural por 21,75 millones de pesos, de los cuales 10 millones se utilizaron para suministro de 2.800 platos de lechona.
Sin embargo, no se encontraron recibidos de pago por las seis presentaciones de grupos artísticos, ni alquiler de equipos de sonido, ni el suministro de refrigerio ni entrega detalles o regalos. Tampoco el pago de transporte. En este contrato se determinó un supuesto detrimento patrimonial de 15 millones de pesos.
La misma situación se presentó con la celebración del Día del Campesino. El Fondo Mixto tercerizó la celebración con particulares. El contrato costaba 23,04 millones de pesos.
Incluía la presentación de dos grupos artísticos por 4 millones, el suministro de incentivos económicos para los participantes en actividades lúdicas, alquiler de equipo de sonido, traneporte en chiva de las delegaciones y suministro de 750 almuerzos y bolsas de agua. Al parecer nada esto se prestó.
Aunque suministraron registros fotográficos no se encontraron evidencias sobre el cumplimiento de las actividades subcontratadas. “No se encontraron en los archivos de la administración municipal ni en los del Fondo Mixto recibos de pago que permitan indicar que a las personas u organizaciones que ejecutaron las actividades o que prestaron algún el servicios en este evento, se les canceló el pago respectivo”, reseñó el informe fiscal.
En estas condiciones, determinó un detrimento patrimonial estimado en 21,84 millones de pesos.
‘Sampedrazo’
La celebración del San Pedro en Villavieja resultó otro fiasco. El Fondo Mixto, actuando como intermediario subcontrató la realización del San Pedro y el reinado del Bambuco. El convenio con el municipio ascendió a 92,19 millones de pesos.
Con este presupuesto el Fondo Mixto subcontrató con la firma Place Sound SAS, dos contratos, uno por 74,73 millones y otro por 25 millones de pesos.
Aunque tenía un presupuesto propio, algunas actividades se cancelaron con recursos dispuestos para la celebración del Día del Campesino.
“Una vez revisados los documentos soportes de la ejecución de las actividades en el marco de las fiestas sampedrinas, se concluye, que no se encontraron evidencias que demuestren los pagos efectuados por el contratista a las personas u organizaciones que fueron subcontratadas”, observó la agencia fiscalizadora.
El valor total de las actividades que se contrataron, según la Contraloría, alcanzó la suma de 84,70 millones de pesos, valor que puede considerarse como un posible detrimento patrimonial, teniendo en cuenta que no hay soportes que justifiquen en gasto, que den cuenta de la ejecución de estos recursos.
Si se suman además los otros tres hallazgos en la realización de las actividades contratadas, producto del cuestionado convenio 069, el presunto detrimento patrimonial ascendería a 132,44 millones de pesos.
Remate de año
Si para completar, la administración municipal firmó otro convenio con el Fondo Mixto para la celebración de las actividades de Navidad y Año Nuevo. Otro fiasco.
El convenio No. 169 se firmó el 6 de septiembre de 2017 por 63,99 millones de pesos. El Municipio aportó 61 millones de pesos. La Contraloría encontró otro detrimento por 40,75 millones de pesos en este convenio.
El organismo fiscalizador no encontró evidencias dcl pago presentación de un grupo artístico para amenizar las fiestas del fin de año por 12 millones de pesos; alquiler de sonido por 13,50 millones. Tampoco aparecen facturas por compra de 1.600 detalles navideños para los niños por valor de 12,80 millones de pesos, ni alquiler del transporte durante la novena de aguinaldo por 2,45 millones.
“Así las cosas, concluyó la Contraloría, se tiene la presunta ocurrencia de daño patrimonial cuantificado en la suma de 40,75 millones de pesos”.
Falsa promoción
Para Ripley. Ante semejantes logros, la administración suscribió tres contratos por 30 millones de pesos con informes de prensa que nunca se realizaron. Los tres contratos para promoción y difusión de actividades de la alcaldía, incluían supuestos reportajes pagados en los diarios locales que nunca se efectuaron, así como registros fotográficos de entrega de obras, actualización de la página web y otras actividades del alcalde, supuestamente orientadas a incentivar el turismo.
Según la Contraloría, “no resulta claro el impacto o consecución efectiva de la necesidad que se pretendía suplir. “Lo anterior puede traer como consecuencia la posible erogación de gastos innecesarios, o que resulten ineficaces, en perjuicio del patrimonio público.
Dudosa capacitación
La administración suscribió el 28 de julio de 2017 el contrato 118 por 36,91 millones de pesos para capacitar a estudiantes del grado Once de colegios públicos en el manejo de pruebas Icfes Solo que se hizo pocos días antes de la aplicación de los exámenes de Estado, impidiendo un debido adiestramiento, incluyendo la realización previa de varios simulacros como fue contratado. No se tuvo el tiempo suficiente para la capacitación, ni la actividad fue coordinada con las instituciones educativas.
En estas condiciones, la inversión de recursos públicos, según la Contraloría, resultó ineficaz e ineficiente.
Maquinaria pesada
La administración suscribió otro contrato de prestación de servicios No. 79 de 2017 por 95,20 millones de pesos para adelantar mantenimiento correctivo de maquinaria pesada. Seguidamente se suscribió un contrato adicional por 47,60 millones de pesos para un total de 142,80 millones de pesos. El contrato adicional no fue reportado al sistema de cuentas.
La Contraloría encontró algunas fotografías como evidencia y algunos repuestos supuestamente utilizados. No obstante, señaló que no hay ni justificación para incrementar en un 50% el valor del contrato ni pruebas de que los trabajos se realizaron.
Durante la revisión realizada a la maquinaria, objeto del mantenimiento, el organismo fiscalizador halló varias sorpresas. El cargador, localizado en el centro poblado de La Victoria fue encontrado “en un estado de bastante deterioro”, desconociéndose el mantenimiento preventivo y correctivo.
“Si bien se encontraron algunos registros fotográficos de los arreglos efectuados a cierta maquinaria, no se tiene certeza que corresponda a la maquinaria de propiedad del Municipio de Villavieja”, precisó el organismo de control.
Tampoco se tiene certeza de las actividades que supuestamente se realizaron y de los repuestos aparentemente utilizados.
Por estos hechos se determinó un presunto detrimento patrimonial de 47,6 millones de pesos.
Combustible
El equipo auditor e revisó seis contratos de suministros por 367,44 millones de pesos que equivale al 90% de los realizados durante 2017.
Entre ellos el contrato No. 33 por valor de 20,6 millones de pesos para el suministro de combustible para la correcta operación de la maquinaria pesada. El contrato fue adicionado en 10,30 millones, sin ninguna justificación.
Sin embargo las órdenes de suministro se reportaron sin la información relevante (fecha, conductor, vehículo, placa, cantidad, firma del conductor y firma de quien autoriza), sin ningún cronograma y sin las justificaciones para incrementar el consumo de gasolina.
“El consumo de combustible habría estado direccionado en el arreglo de las vías del municipio con 2.600 galones de acpm consumidos por la motoniveladora (66%), 1.277 galones (32%) para la volqueta y 66 galones para una motocicleta. Curiosamente, no se incluyó combustible para la retroexcavadora, la máquina principal.
La alcaldía argumentó que el inverno afectó la infraestructura de la batea sobre la quebrada ‘La Gutiérrez’ y parte del combustible se aportó al distrito de riego San Alfonso para una ruta alterna provisional. “La administración no aportó elementos probatorios que permitan esclarecer la entrega de combustible al distrito de riego”, concluyó el ente de control.
Dotaciones escolares
La administración municipal el contrato No. 39 por 15,6 millones para suministro de 1.250 kits escolares para estudiantes de escasos recursos de los colegios públicos.
Las dotaciones fueron canceladas oportunamente según comprobante de egreso 2017000280 de marzo de 2017 con cheque 39 por 13,79 millones de pesos.
No obstante, al almacenista Elizabeth Calderón Soto, certificó que en el “software del almacén no aparece dicho ingreso.
“Así las cosas, se tiene la ocurrencia de un presunto detrimento patrimonial, como quiera que se desconoce si efectivamente los elementos fueron recibidos por la entidad y de ser así, el destino o utilidad cierta dad a los mismos”, concluyó el reporte fiscal.
No obstante la administración con posterioridad presentó las evidencias sobre la entrega de las dotaciones. Aun así el hallazgo se mantuvo porque los kits nunca ingresaron al almacén.
Cemento
La administración suscribió el contrato 087 de junio de 2017 con una ferretería de Neiva para el suministro de materiales de construcción con pavimento rígido de las vías urbanas de La Victoria. El contrato ascendió a 283,69 millones de pesos. Incluía el suministro de 5.431 bultos de cemento.
Dos meses después se incluyó otro ítem para suministro de antisol, una emulsión líquida de parafina (sika) para aplicarse al concreto. Se redujo la cantidad de cemento. La obra se suspendió en tres oportunidades por falta de cemento.
En la revisión, se confirmó que el contratista no entregó la gravilla determinándose un posible detrimento patrimonial por 8,71 millones.