Por: José Joaquín Cuervo
Nelly Yolanda Villamizar, la misma magistrada que trató de suspender el paro Nacional a última hora en una decisión nefasta y desacertada; la de la sentencia “Copy page”. La que respondió a un franco lobby del gobierno que veía venir pasos de animal gigante del inconformismo popular. La que dice que sus fallos nada tienen que ver con sus posiciones políticas; la misma que un día ordenó la recuperación del río Bogotá y en su decisión involucró a todas las entidades territoriales que operan en la cuenca del afluente, a descontaminarlo y que paradójicamente borró con los pies, lo que había hecho con las manos: la sentencia que sacó adelante una solicitud del ex alcalde Peñaloza, una licencia para recategorizar, realinderar y sustraer parte de la zona de protección, para poder construir varias vías y sacar adelante un proyecto ambiental, que incluía suelo urbanizable. (lo mas sospechoso tiene que ver con los suelos urbanizables que al ser sacados de la zona de protección hacen crecer exponencialmente sus precios, de tal forma que quienes hacen lobby por estas clases de licencias están dispuestos a pagar exorbitantes sumas por una licencia.
- Ante las críticas contra su decisión, la magistrada en aquella época (2018) afirmó ser más ambientalista que cualquiera y que no tenía ninguna relación ni con los urbanizadores ni con el mismo Peñaloza.
La misma magistrada del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca Nelly Villamizar es la de un sonado caso de corrupción en el que resultó condenado y luego absuelto su esposo, un abogado que fue investigado por los supuestos sobornos que ofreció un alcalde del municipio de Cota, para que en el Tribunal de Cundinamarca lo favorecieran con algunos fallos judiciales, en un proceso de pérdida de investidura.
Esta misma magistrada es la que ahora, haciendo caso omiso a la lluvia de denuncias por presuntos y fraudulentos ascensos en el Ejército Nacional: evade a través de la falacia de la “insistencia formal”, preguntar si quiera al Ejército, el porqué de ascensos de personal cuyo único mérito ha sido ser solidarios con el Gobierno Nacional y con el comando general del Ejército, en negar su responsabilidad en los casos de alta corrupción y con las mismas violaciones de derechos humanos. La Señora Magistrada, acaba de fallar en contra una tutela instaurada por un Coronel Huilense, a quien se le negó su ascenso y acaba de ser llamado a calificar servicios. Nada valieron sus ruegos para que no se le vulnerara su derecho al debido proceso, a la igualdad y a la dignidad humana en el concurso de ascenso. Nada quiere saber la señora magistrada de los posibles fraudes y ventas de ascensos en el comando de personal del Ejército. Ya dirá que nada tiene que decir sobre la “proba y moral” administración que debe existir en el Ejército. Una vez más se volcó a favor de las posiciones y las decisiones a las que si se les puede hacer lobby desde los ámbitos del poder político y amañado.
Eso sí, ella puede seguir afirmando que todos sus fallos son a – políticos y que su única labor será la de proclamar el imperio de la ley. Dirá: – Aquí defendiendo la Democracia y el imperio de la ley, ¡Maestro! –