Javier Cabrera
Recientemente el congreso de la República voto positivamente el sonado artículo 125, aprobado dentro del proyecto de presupuesto general para 2022, y que modifica la Ley de Garantías. Gracias a esto, durante la vigencia de dicha ley las entidades del orden nacional y las entidades territoriales podrían celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.
Los debates no se hicieron esperar. Unos en contra y otros defendiendo su voto, pero cada cual acomodándose para ganar o no perder prestigio electoral entre los ciudadanos. Los medios afines quienes se oponían a esta modificación del citado articulo, salieron a hacer cuentas de los recursos públicos que pueden moverse durante el proceso electoral gracias a la dichosa modificación. Unos señalaban a los beneficiados por la reforma como politiqueros, y los otros demostraban lo contrario, esbozando su sano criterio jurídico, mientras que, en el fondo de todo, la discusión solo buscaba ubicar a cada cual, de la mejor manera ante un sector de la opinión publica. Es decir, cada cual se acomodaba, pero nadie salió a decir la verdad, y es que la ley de garantías en Colombia, de poco o nada sirve.
La ley de garantías buscaba evitar que los recursos públicos fueran destinados a favorecer la reelección presidencial, progresivamente se convirtió en la herramienta para evitar el manejo de recursos públicos a favor de políticos durante un proceso electoral. El Consejo de Estado afirma, “…una ley de garantías busca afianzar la neutralidad de los servidores públicos que organizan y supervisan las disputas electorales…”
Pero en medio de todo ese revuelo mediático, nadie salió a preguntar, cuantos millones se mueven en contratación, antes de que, entre la dichosa Ley de Garantías en vigencia en cada proceso electoral, es más, estoy seguro de que a la fecha nadie lo sabe. Se sigue con la torpe idea que esta ley logra su objetivo, dejando la realidad escondida.
Desde hace años se le hace conejo. Cada vez que va ha entrar en vigor, los procesos de contratación se aceleran beneficiando políticos y particularmente a algunos. Por eso, lo que el país necesita es una verdadera reforma política y electoral que brinde garantías reales, y no una ley obtusa que solo da tranquilidad a los ingenuos que creen aún, que los gobernantes de turno locales no acomodan sus fichas y el erario público para que ganen sus amigos.