Rodolfo Valderrama
Es razonable que todo gobierno reprima el delito en todas sus manifestaciones, esto no tiene discusión, el problema se presenta cuando la estrategia represiva es un sustituto de los métodos preventivos relacionados con respuestas efectivas al problema social, caso en el cual es necesaria pero no suficiente, entonces es ecuánime que al tiempo que se reprime también haya reales oportunidades de vida; sobre el particular un reconocido columnista y jurista tolimense expresa, “La ley de seguridad ciudadana no atiende los postulados de las ciencias penales en el sentido de que a más política social menos política penal”, esto implica que deben priorizarse las causas primarias del problema como son pobreza, desigualdad y falta de oportunidades, y subsidiariamente la política penal. La llamada ley de seguridad ciudadana propia de nuestro gobierno godo y retardatario es un caso más en que el Estado desde hace décadas es recurrente en la cuestionada política socio-económica pese a reiterados fracasos; el asistencialismo no ha logrado detener aumentos de pobreza y desigualdad, el emprenderismo redujo el empleo formal y disparó el rebusque y la costosa estrategia represiva aumentó la variedad y cantidad de ilícitos.
Esta ley propia de regímenes fachistas es la respuesta a movilizaciones populares en jornadas de 2019 y 2021; se crean nuevos delitos, se promociona la justicia privada, y privatización de las cárceles; especial atención merece el aumento de penas a quienes atenten contra miembros de la fuerza pública, pero no para los miembros policivos que cometan atrocidades contra manifestantes, esto demuestra el carácter discriminatorio, perverso y el apoyo a la impunidad de los agentes que traicionan la política castrense; la ley también demuestra indolencia hacia la tortura y muerte que ocurre en las cárceles al impulsar más aglomeración evitando la reincidencia sin erradicar la tortuosidad y sin tener en cuenta que, “Si no hay empleos para quienes egresan de la universidad menos habrá para quienes salen de las cárceles”, además se desconoce la urgencia de una reforma profunda al sistema carcelario.
Desafortunadamente nuestro pueblo en gran medida es violento y egoísta aunque dice ser cristiano, motivo por el cual protesta y exige solamente cuando sus intereses son afectados directamente, sin propugnar por el bienestar general; según encuestas sobre inseguridad la gran mayoría exige únicamente más represión, poco mencionan mejorar la política social, en el caso de quienes buscan armarse o el servicio de salud cuando se actúa violentamente si un familiar es vilipendiado, pero si se llama a una protesta general contra la perversidad y hacinamiento en las EPS o mejorar las condiciones de empleo para coadyuvar en la solución de graves problemas como la delincuencia pocos atienden el llamado. rovaldi.5319@yahoo.com