La Industria de Licores Global, representada por el empresario Orlando Rojas Bustos, no sólo pidió la nulidad del convenio interadministrativo suscrito con la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA). También reclamó a título de restablecimiento del derecho por haber sido inhabilitada antes de la adjudicación, una indemnización estimada en 22.800 millones de pesos, según lo cuantificó en el millonario pleito judicial que entró en la recta final.
La demanda fue presentada en septiembre de 2014 y admitida tres meses después contra la Gobernación del Huila y la Fábrica de Licores de Antioquia, adscrita a la Gobernación de ese departamento.
La dura puja librada desde que se abrió la convocatoria en el 2013 para entregar la concesión se replicó ayer durante la audiencia de pruebas convocada por el Tribunal Administrativo del Huila.
A la audiencia, que se prolongó durante ocho horas, concurrieron los dos peritos estrellas: el consultor alemán, Werner Zitzmann, con una amplia trayectoria y el contador público, Luis Alonso Colmenares, padre de Luis Andrés Colmenares, muerto en circunstancias no precisadas.
“Primero pedimos la nulidad del convenio interadministrativo que adjudicó la concesión. Además, reclamamos el restablecimiento del derecho de que estábamos habilitados para participar en la licitación y por lo tanto el pago de perjuicios”, aseguró el empresario Orlando Rojas Bustos, sin dar más detalles.
La audiencia de pruebas congregó igualmente a testigos de las partes demandadas, entre ellos al entonces secretario de Hacienda, Luis Eduardo Serrano, quien hizo la convocatoria; el jefe de Contratación, Camilo Guzmán, y otros miembros del comité de evaluación.
La Gobernación de Antioquia y la Fábrica de Licores de Antioquia, actual concesionario, también concurrieron con sus apoderamos para contrarrestar la acción de reparación con onerosas pretensiones.
“Era algo que estábamos esperando. Licorsa está en todo su derecho a demandar. Quiero decirlo con mucha precisión: en este caso no está demandando el que mejor propuesta presentó, no está demandando el que mejor infraestructura demostró, al contrario, está demandando, el proponente que en la calificación quedó de último, y que fue descartado porque nunca demostró una autorización para producir aguardiante”, explicó Francisco García Lara, uno de los consultores de la firma Zarama que asesoró el proceso licitatorio.
LA LICITACIÓN
Después de ocho años de improvisación, desde que terminó la concesión en poder de Licorsa, el entonces gobernador Carlos Mauricio Iriarte, le apostó a la concesión.
Al proceso se presentaron varias empresas, entre ellas las principales licoreras del país.
La concesión se calculó en 73.403 millones de pesos, (17.545 millones de pesos anuales), valor que corresponde a la proyección del valor mínimo que el Departamento estima recaudar por parte del concesionario por concepto de utilidad, más la participación porcentual, durante la vigencia del contrato de concesión a celebrar. Se fijó una cuota mínima de 1.5 millones de unidades de 750 mililitros (seis millones en los cuatro años).
POLÉMICA
La demanda ratificada por Licorsa revivió la puja jurídica que se libró durante el proceso precontractual. Las mismas observaciones que se hicieron y los cuestionamientos jurídicos, económicos y financieros que primaron durante la polémica licitación revivieron en esta acción que adelanta el Tribunal Administrativo del Huila.
“Licorsa no ganó porque nunca demostró que tuviera permiso para producir el aguardiente. Tenía una visita previa a la fábrica. Lo que dijo el Invima que la fábrica estaba pero no pudo verificarlo porque no está produciendo. Entonces nunca tuvo una autorización para producir aguardiente. Esa fue una de la razones quedó descalificada.
Pero, además, cuando se hizo la calificación de todos fue la última en calificación porque fue la que menor oferta económica hizo”, reiteró García Lara.
Aunque Licorsa tenía una planta nueva para producir licores, no fue habilitada. Según los demandantes, el Invima les entregó un concepto favorable que no fue tenido en cuenta. Es más, argumentaron que una hora antes de la adjudicación fueron notificados de la decisión que los dejó por fuera del proceso.
En criterio de la empresa Licorsa, la factoría paisa no estaba habilitada porque al no calcular el índice de endeudamiento no sumaron los pasivos y excluyeron los pasivos no amortizados de pensiones de jubilación, como lo sustentó el contador Luis Alfonso Colmenares, quien actuó como perito de Licorsa.
En su criterio, el índice de endeudamiento en la fecha de la adjudicación era del 89% y el porcentaje máximo al que se podía llegar era del 60%, según el dictamen pericial que presentó el experto Luis Alfonso Colmenares.
REQUISITO CLAVE
“La condición de estar produciendo era un requisito contemplado en el pliego de condiciones. Ese era un requisito necesario que no se adjuntó oportunamente”, declaró Uriel Quintero, uno de los miembros que participó en el comité de evaluación.
“Lo claro: Licorsa no tenía la habilitación para producir, lo que nos generaba incertidumbre ante el desabastecimiento eventual de Doble Anís, y no nos podíamos arriesgar a un posible detrimento. Además, esa no era la mejor propuesta”, argumentó el entonces jefe de Contratación, Camilo Guzmán.
La demanda proseguirá en el Tribunal Administrativo del Huila donde se definirá su rumbo.
“Terminada la audiencia de pruebas, vendrán los alegatos y luego la sentencia”, anotó el magistrado Jorge Alirio Cortés, quien tendrá que dirimir otro millonario pleito jurídico que ha dejado otras millonarias conciliaciones, varios procesos disciplinarios y penales y por lo menos, dos exgobernadores sancionados.
La puja de las licoreras
Las tres principales licoreras del país, que concentran el mercado de anisados marcaron una pauta en este modelo de concesión en el país.
La primera fue la Unión Temporal Doble Anís, integrada por la Empresa de Licores de Cundinamarca, con el 80 % de participación, y la firma Escobar Arias SAS, con una participación del 20% en la unión temporal, ofreció al Departamento una utilidad del 19 por ciento, es decir, 3.880 pesos por unidad comercializada, que anualmente le significaría al Departamento 5.821 millones de pesos. La propuesta, una de las más opcionadas, fue descalificada porque no presentó los soportes bancarios de la unión temporal sino de la factoría estatal.
LICORERA DE CALDAS
Unión Temporal San Agustín conformada por la firma Furel S.A., cuya participación es del 99 por ciento y la Industria Licorera de Caldas cuenta con una participación mínima del uno por ciento, ofrecieron una utilidad de 18,6 por ciento por cada botella de Doble Anís comercializada, lo que le generaría ingresos al Departamento por 5.698 millones de pesos anuales.
LICORSA
Licorsa le ofreció una utilidad de 16,1 por ciento por cada unidad de Doble Anís comercializada, lo que le significaría a Hacienda Departamental ingresos del orden de 4.932 millones de pesos anuales por la concesión, porcentaje que se incrementará teniendo en cuenta la cifra del IPC que establece el Dane.
LICORES DE ANTIOQUIA
La Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) ofreció una utilidad del 18% por cada botella de Doble Anís vendidas. Representaba un ingreso de 3.676 pesos por botella vendida y un ingreso anual de 5.514 millones de pesos por comercializar. Lo que representaba 22.056 millones en los cuatro años.
En el primer año superó la cuota mínima con más de 2,2 millones. La propuesta tuvo cien puntos y se quedó con el contrato.
La audiencia de adjudicación en marzo de 2013.
