El llamado “Canciller de las Farc”, Rodrigo Granda, ha advertido al Gobierno y al país: “Sabemos que de la Mesa de Diálogo no va a salir la revolución en Colombia Certidumbres e inquietudes
José Gregorio Hernández Galindo El llamado “Canciller de las Farc”, Rodrigo Granda, ha advertido al Gobierno y al país: “Sabemos que de la Mesa de Diálogo no va a salir la revolución en Colombia, pero el Gobierno tiene que saber que tampoco las Farc van a entregar las armas a cambio de nada”. La advertencia es importante porque lleva necesariamente a que nos preguntemos: ¿Hasta dónde llegarán -y hasta dónde pueden llegar- los voceros del Ejecutivo en La Habana en los compromisos que contraigan con la guerrilla para arribar a una terminación del conflicto? Aunque Granda ha subrayado que este es un proceso político y no jurídico -por lo cual también dice que ellos no han renunciado a “la toma del poder”-, lo cierto es que la situación, en cuanto a límites, no es la misma para los alzados en armas que para el Gobierno. Mientras ellos, por definición, están fuera de las instituciones, contra el orden jurídico vigente y, por tanto, nada tienen que perder en este proceso y pueden darse el lujo de exigir, como lo están haciendo, que se convoque una Asamblea Constituyente y que se dicte una nueva Constitución, el Presidente de la República y sus voceros están claramente limitados por la Constitución y las leyes vigentes, y aunque tengan toda la voluntad de hacer la paz y de llegar a un acuerdo, no tienen “carta blanca” para negociar o convenir cualquier cosa que demanden o pretendan imponer –más que negociar- los guerrilleros. Así, por ejemplo, no puede el Gobierno comprometerse a que los autores de crímenes de lesa humanidad queden excluidos de todo proceso, ni garantizar que no pagarán pena alguna, ni evitar que, ante la impunidad en Colombia, entre a actuar la Corte Penal Internacional. En este aspecto, el Estado colombiano está comprometido ante el Derecho Internacional, y en cuanto a la jurisdicción de la C.P.I. debe cumplir el Tratado de Roma, que suscribió y ratificó. De otro lado, y ya en el aspecto del interés general, el Gobierno y sus delegados tienen un límite que a veces se olvida, inclusive por el Presidente Santos: en la Mesa de Negociaciones, aunque todos queremos la paz y aunque existe un importante apoyo de muchos sectores al proceso, no se puede estar discutiendo de manera absoluta y sin restricciones el futuro de la sociedad colombiana en todos los órdenes. No se trata de “refundar” la Patria, de regresar a “cero” en el terreno constitucional, ni de romper con el orden jurídico establecido, sin perjuicio de reformas que puedan convenirse en aspectos específicos no esenciales. Por ejemplo, los fundamentos democráticos del sistema jurídico; la organización básica del Estado; los derechos y las libertades públicas; la libertad de empresa dentro de los límites del bien común; las competencias constitucionales de las ramas y órganos del poder público…, son temas que no están sujetos a deliberación, ni son materia de negociación en La Habana. Lo dijo Humberto de la Calle en Oslo -nos parece que con toda claridad- pero, al parecer, no lo escucharon o no lo entendieron los líderes de la guerrilla. En consecuencia, ante lo dicho en estos días por los negociadores de las Farc, valdría la pena reafirmar los linderos e insistir en que los voceros estatales tienen límites.
