En protagonista de primera línea se ha convertido la opción del voto en blanco en las elecciones del próximo 14 de abril para escoger al nuevo Gobernador del Huila. En protagonista de primera línea se ha convertido la opción del voto en blanco en las elecciones del próximo 14 de abril para escoger al nuevo Gobernador del Huila. Ahora ha hecho su aparición el Consejo Nacional Electoral con la polémica determinación de prohibir la difusión de cualquier propaganda y promoción del voto en blanco, lo que algunos han entendido como una censura directa sobre un mecanismo democrático, constitucional y parte sustancial de una elección. Se ha planteado así una interesante discusión de alcance jurídico enorme, considerando que es la primera vez que tal opción de votar en blanco se muestra con fuerza en el Huila, y quizá también la primera ocasión en que la máxima autoridad electoral dispone el cierre de cualquier mecanismo de divulgación de esa alternativa. Sin ánimo distinto de el de suscitar mejores elementos de juicio, creemos que ha sido una decisión apresurada y con evidente peligro de convertirse – como lo están alegando los defensores del voto en blanco – en un mecanismo de censura para quienes se han puesto en la tarea de promover tal votación. El fondo de la discusión es cómo frenar o cerrar el acceso mediático a un voto que está incluido en el tarjetón con el argumento de que no existe un comité promotor oficialmente inscrito para ello. Pero al no existir comité no hay reposición de dinero, lo cual tampoco implica que la opción de voto en blanco desaparezca del tarjetón; ahí estará a disposición libre de todos los participantes en la elección. El voto en blanco, como los reconoce el propio CNE es una herramienta legítima y valiosa de expresión política de desestimiento, abstención o inconformidad por parte de los sufragantes. Pero advirtió que no puede consentir que se adelante una campaña de promoción del voto en blanco que no respete las normas que lo regulan. Detrás del voto en blanco no hay sólo una expresión ciudadana. También otros intereses políticos. Y muchos de sus promotores son funcionarios públicos, dedicados de frente a promover esta iniciativa. ¿Quién los vigila? Otra cosa es la conveniencia o no de esta opción en las actuales condiciones de interinidad. Ahora bien, al ordenar el CNE prohibición absoluta de que se le haga propaganda surgen enormes dudas: ¿Quien porte una camiseta alusiva a esa iniciativa está infringiendo alguna regla y podrá ser sujeto de medidas policivas? ¿Cómo impedir, en el marco de libertad de expresión, que un grupo de ciudadanos se reúna para promover y divulgar públicamente sus argumentos a favor de ello? Desde la libertad de imprenta del siglo XVIII, y con mayor fortaleza en la Constitución de 1991, es claro que cualquier persona puede imprimir libremente el documento que quiera – como expresión de sus ideas – y divulgarlo de la manera en que le parezca en tanto no esté vulnerando los derechos de los demás. La unanimidad no es siempre una buena elección. “¿Quien porte una camiseta alusiva a esa iniciativa está infringiendo alguna regla y podrá ser sujeto de medidas policivas? Editorialito El crimen del administrador de la caballeriza ‘El Puente’, Carlos Ramiro Penagos Borrero ocurrido el viernes pasado ratifica los graves problemas de inseguridad en la capital huilense. Un tema preocupante que sigue en la agenda pública, sin que pueda controlarse.