La Nación
Llamado de atención 1 26 enero, 2022
EDITORIAL

Llamado de atención

La JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, impartió recientemente nuevas órdenes a la Consejería presidencial para la Estabilización y a la Unidad Nacional de Protección, UNP, debido a que han sido asesinados 296 firmantes del acuerdo de paz, han ocurrido 67 tentativas de homicidios, 21 desapariciones forzadas y otros tipos de hechos como desplazamientos forzados, amenazas de muerte y graves estigmatizaciones.

En ese sentido, la Consejería Presidencial para la Estabilización deberá presentar antes de los próximos 60 días un informe que evidencie la coordinación de acciones necesarias con la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, y las autoridades que tengan responsabilidad directa, para que ajusten y aprueben el plan de protección con un enfoque de género, étnico y territorial. Además, la JEP le ordenó a la UNP que, en un término de 60 días hábiles, presente un informe de cumplimiento respecto al plan de protección y que garantice la asignación del presupuesto para la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección.

La JEP también convocó a una audiencia reservada a la UNP y a la Consejería para la Estabilización para revisar, una a una, las diferentes situaciones de los excombatientes asesinados en el marco de la ruta de protección.

No sólo a la JEP sino a todo el Estado en general debe preocuparle esa cifra de casi 300 firmantes del acuerdo de paz asesinados. Para el Gobierno Nacional debe ser prioridad la protección y seguridad de los excombatientes, de las comunidades afectadas por los grupos ilegalmente armados, de los líderes sociales y de los defensores de los derechos humanos.

En innumerables oportunidades, el presidente de la República Iván Duque ha hablado sobre el compromiso que tiene el Estado con quienes firmaron el acuerdo de paz y siguen bajo la legalidad. Y debe ser así.