En la primera jornada de audiencia de reconocimiento y aceptación de responsabilidad de ejecuciones extrajudiciales en el Huila, los excomandantes del Batallón Pigoanza con sede en Garzón admitieron ayer por primera vez su participación en los hechos. Reconocieron el asesinato de personas inocentes. “Eran civiles indefensos”, dijo el coronel retirado Carlos Salamanca.
María Alejandra Ruiz Mallungo
@amperiodista
“Asumo la responsabilidad por haber asesinado y haber encubierto el asesinato de personas inocentes en estado de indefensión, presentándolas como guerrilleros, gente que no tenía absolutamente nada que ver con el conflicto armado. Trabajábamos informaciones que nos llegaban desde el batallón… Esto llevó a que se convirtiera en un patrón de macro criminalidad insostenible”, dijo Jairo Alberto Rico Silva, quien, para el momento de los hechos, perteneció al Batallón de Infantería, número 26 ‘Cacique Pigoanza’, entre los años 2006 a 2008, como subteniente del Ejército Nacional y comandante del pelotón de Acorazados 3.
Esta declaración fue hecha, durante la Audiencia de Reconocimiento y Aceptación de Responsabilidad, de crímenes perpetrados por integrantes de tres unidades militares del Huila: Batallón de Infantería N° 26, ‘Cacique Pigoanza’, BIPIG; Batallón de Infantería N° 27 ‘Magdalena’, BIMAG, y Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas N° 11, AFEUR 11. Esto bajo el marco del caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, subcaso Huila: Ejecuciones extrajudiciales o ‘Falsos Positivos.
En la audiencia, que inició ayer, continuará hoy y se extenderá hasta mañana, en el centro de convenciones José Eustasio Rivera de Neiva, contará con 140 víctimas acreditadas, quienes hablarán y expresarán sus esperanzas para conocer la verdad, por parte de los 74 comparecientes ante la sala, quienes se acogieron a la justicia transicional y deberán contar toda la verdad, además de reconocer su participación sobre los cerca de 200 casos de asesinatos, incluyendo 32 desapariciones forzadas y 8 tentativas de homicidio.
De los 74 comparecientes, 28 son máximos responsables, imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad, quienes aceptaron por escrito su responsabilidad.
De informantes a reclutadores
El primer compareciente en hablar durante la audiencia de reconocimiento, fue el coronel retirado del Ejército, Carlos Yair Salamanca Robles, quien, para el momento de los hechos, años 2006 a 2007, era teniente coronel, y se desempeñó como comandante del Batallón Pigoanza con sede en el municipio de Garzón.
“Cuando llegué a la unidad militar, mi misión era la de salvaguardar la vida de todos los pobladores del centro del Huila… Pero los resultados eran mínimos, no eran los esperados. Entonces me reuní con el oficial de inteligencia, el señor capitán Luis Carlos Aguilera para la época y yo como comandante, le ordené que tomara contacto con algunos grupos al margen de la ley, (por medio de) informantes y con ellos llegaran a estos grupos, con la finalidad de que tuvieran algún acercamiento, y llevar a estas víctimas a donde se encontraban los diferentes pelotones, con el fin de segar en la vida, por las instrucciones que yo impartí”, sostuvo ante los magistrados y las víctimas, Salamanca.
Sin embargo, en su relato, este coronel retirado y máximo responsable, argumentó que eventualmente los informantes vieron en esta modalidad una forma de lucro y beneficio, lo que los llevó a convertirse en reclutadores de personas, que, según ellos, pertenecían o tenían algún nexo con la guerrilla.
“Estos informantes se convirtieron en reclutadores, eso significa que llegaban con la información a la sección de inteligencia, donde manifestaban que sabían quiénes eran las personas que tenían algún vínculo con estas organizaciones al margen de la ley, entonces estos reclutadores empezaron a ver esto como un ingreso económico, y con mi consentimiento, usé como respaldo la directiva 029, del año 2005, según la cual una muerte tenía un valor, las armas tenían un valor, y las municiones tenían un valor”, dijo Salamanca.
“Firmaba la orden de operaciones”
El compareciente afirmó que luego de la información recibida, se hacía todo un despliegue de inteligencia, planeamiento de la operación y ubicación de los pelotones que estuvieran en la jurisdicción del sitio informado.
“Como comandante, firmaba la orden de operaciones, donde se le daba el avance de legalidad, también hacía parte de este planeamiento los vehículos del batallón. En estos vehículos se movían los pelotones a los diferentes puntos de la jurisdicción. En algunas ocasiones se emplearon estos vehículos para transportar a las víctimas, para llevarlas, (o) estos reclutadores las entregaban directamente… donde esto terminaban en las muertes extrajudiciales”, mencionó sobre el modus operandi, Salamanca.
Eran personas inocentes
Ya para el final de su intervención, el coronel retirado Salamanca manifestó su responsabilidad y culpa por haber ordenado estas muertes, que posteriormente fueron ilegítimamente logros operacionales.
“Yo, Carlos Yair Salamanca Robles, reconozco mi responsabilidad (sobre) las víctimas, porque ordené a mis subalternos, realizar estos actos delictivos que dio lugar a la comisión de homicidios, de civiles indefensos para que fueran presentados como muertes en combate”, confesó el compareciente.
Al mismo tiempo fue enfático al asegurar que las personas víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte del batallón bajo su mando, eran inocentes y nunca estuvieron vinculadas a ningún grupo al margen de la ley, como lo hicieron creer en su momento.
Aportar al buen nombre
En el mismo escenario, Jairo Alberto Rico Silva, quien hizo parte del BIPIG, como subteniente del Ejército Nacional, manifestó públicamente su “responsabilidad, ante las víctimas, ante Dios, ante la justicia, (y) espero algún día, aunque sea poco, poderles resarcir estos horribles y atroces daños cometidos, aportando a la dignificación y el buen hombre de las víctimas”.
El compareciente, hizo especial mención, sobre el caso del señor, Ovidio Ortiz Sepúlveda, campesino de la vereda La Gran Vía del municipio de Gigante, víctima de ‘falso positivo’ y a quién hicieron pasar como “guerrillero”, en su momento.
“Como es el caso del señor Ovidio Ortiz Sepúlveda, él no fue un guerrillero, ni siquiera estaba vinculado a un grupo delictivo, pero, aun así, fue asesinado por soldados del pelotón de Acorazado tres, en enero del 2007, en la vereda La Gran Vía del municipio de Gigante, Huila, del cual yo era el comandante de ese pelotón”, explicó Rico.
Resultados operacionales
Según Jairo Alberto Rico, estas muertes, que luego eran presentadas de manera engañosa como bajas en combate, obedecieron a una petición que les hacían desde los mandos superiores, para que se presentaran cifras significativas en materia de la lucha contra los grupos armados que se encontraban en la región.
“Nosotros mismos, los comandantes de los pelotones (que) estaban en el área de operaciones, por conseguir resultados operacionales (y) liberar presión de los comandos superiores, buscábamos resultados triunfalistas, malos, mentirosos, con informaciones que no eran siquiera corroboradas, y aun así, actuando conscientemente, asesinando personas, disfrazando la verdad con operaciones militares, atentando contra la humanidad de personas de la región, humildes campesinos, gente honesta, gente trabajadora, gente que salía de sus casas a vender la leche, a conseguir la comida para llevar el sustento a sus casas”, explicó Rico a todos los presentes.
Por la dignidad y buen nombre de sus seres queridos
Esta primera audiencia de reconocimiento que fue presidida ayer por el magistrado Alejandro Ramelli y contó con la presencia de la magistrada Lily Rueda y el magistrado Óscar Parra Vera, quienes integran la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, se hicieron precisiones sobre la importancia de que los perpetradores de estos crímenes, reconozcan sus acciones sobre las víctimas y dignifiquen su buen nombre.
“Lo que las víctimas les está solicitando, es una verdad plena, exhaustiva y detallada, sin ningún tipo de justificación, por los delitos cometidos. Que igualmente sean conscientes por los daños irreparables que les causaron a tantas víctimas, que conozcan el dolor que generaron en tantas víctimas huilenses, y que precisamente se comprometan en acciones de restablecimiento y garantía de no repetición”, manifestó sobre la intención de la audiencia, el magistrado Ramelli.
Desde el lado de las víctimas, Luz Marina Cuchumbe Quilindo habló en representación de su hija Hortensia Tunja Cuchumbe. “Mi hija era una joven deportista que solo llevaba en sus manos, para compartir con sus comunidades, un balón”, dijo Luz Marina Cuchumbe. “Quiero que nos digan esa gran verdad: que nuestros jóvenes no eran guerrilleros. Eran jóvenes que solo les hacían un bien a nuestras comunidades. A mi hija la asesinaron de 17 años, tenía muchos sueños, quería ser una profesional, pero un día unas balas asesinas le quitaron su vida, le truncaron sus sueños”, dijo Luz Marina.
“Llevé a hombres bajo mi mando al abismo moral”
Al finalizar la primera jornada de la audiencia, el coronel retirado Orlando Pico Rivera, quien también estuvo comandando el BIPIG, durante los hechos, y máximo responsable de ejecución extrajudicial en el Huila, se dirigió a las víctimas presentes.
“Hoy quiero reconocerles que cuando se tiene el mando, da muchas garantías, pero como da muchas garantías, da muchas responsabilidades, no fue mi propósito, pero reconozco que esa exigencia de mostrar resultados operacionales, llevé a algunos hombres que estuvieron bajo mi mando al abismo moral… y por esa presión, de mostrar resultados, quiero pedirles perdón”, dijo Pico.