Lo que dirá el Fiscal en el caso de Gorky

El fiscal Séptimo Seccional de Neiva Juan Carlos Durán Cujar sustentará hoy las medidas de aseguramiento contra el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón y demás imputados por anomalías en la contratación del PAE 2020.  Interceptaciones, la prueba reina.

 

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanación.com.co

 

El fiscal Séptimo Seccional Juan Carlos Durán Cujar destapará hoy las primeras cartas sobre la presunta responsabilidad del alcalde de Neiva  Gorky Muñoz Calderón  por la irregular contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la fase inicial de la pandemia.

El funcionario judicial, quien realizó toda la investigación previa, descubrirá las primeras pruebas contra los siete imputados, incluyendo servidores públicos, asesores externos y contratistas.

La diligencia judicial, prevista para ayer fue reprogramada a partir de las 8:15 de la mañana de éste viernes. El primer descubrimiento lo hará ante la Juez Séptima Penal Municipal con funciones de control de garantías, los imputados y sus defensores de confianza.

El fiscal Séptimo Seccional de Neiva Juan Carlos Durán Cujar sustentará hoy las medidas de aseguramiento contra el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón y al ex secretario de Educación, Giovanny Córdoba Rodríguez en calidad de ordenadores del gasto. También a los asesores jurídicos externos de la Alcaldía, Juan Felipe Molano y Andrés Camacho Cardozo, vinculados por prestación de servicios profesionales.

Las medidas se extenderán para el ex concejal de Tumaco, Haiden Otoniel Vergara Quiñones, aportante de la capaña política y principal beneficiado y a los contratistas Carmen Rosaída Castillo Arboleda y Miguel Alfonso Banguera Jaramillo, quienes figuraban como ejecutor e interventor, pese al conflicto de interés que suscitó la investigación penal.

Sustentación

“A partir de los elementos materiales, evidencia física e informaciones legalmente obtenidas por parte de la Fiscalía se puede inferir razonablemente que los imputados obraron como presuntos coautores e intervinientes en conductas contra la administración pública”.

Para Gorky Muñoz en calidad de servidor público, pedirá medida de aseguramiento como presunto coautor de conductas imputadas contra la administración pública en modalidad dolosa, ya que tenía, según el fiscal,  la capacidad de comprender los hechos de la infracción penal y quiso su realización.

“El alcalde de manera dolosa e intencional controló y dirigió  la maduración y planeación de la etapa precontractual, ajena a sus funciones, así como la celebración del contrato, con el objeto de favorecer al particular”, anticipó el fiscal.

La misma situación aplicaría para el ex secretario de Educación Giovanny Córdoba Rodríguez, actual director de Educación Técnica, los tres contratistas y los dos asesores jurídicos externos que no tienen la calidad de servidores públicos.

 Necesidad

Según la Fiscalía, los servidores públicos, demostraron un interés indebido en la celebración de contratos en beneficio de un tercero, en concurso con celebración indebida de contratos y con violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades, en circunstancia de mayor punibilidad, por tratarse de recursos públicos destinados para alimentación escolar.

Por tratarse de dineros oficiales para un colectivo protegido, el fiscal podrá sustentar la necesidad de la medida para proteger el patrimonio público.

Pero además, porque estando al frente de sus cargos, podrán afectar la integridad de la prueba, o incidir frente a testigos.

Sin embargo, para los defensores, el material probatorio ya fue recaudado y está en poder de la fiscalía, pero además, los contratos objetos de la investigación ya fueron ejecutados, y liquidados, lo que no afectará la integridad de la prueba.

De la solidez de la carga probatoria y argumentos que aporte la Fiscalía dependerá que la juez de garantías acceda o no a la petición de medidas cautelares

La funcionaria tendrá además que valorar la condición de los imputados, su trayectoria, su ascendencia social, su arraigo, y los antecedentes para determinar necesidad y proporcionalidad de las medidas restrictivas.

Demorado

Sin embargo, las medidas cautelares no serán automática ni inmediatas. La diligencia podrá extenderse por varios días, en medio del debate probatorio y los fines de las medidas restrictivas.

Durante esta primera jornada  el funcionario judicial deberá justificar con todo el material probatorio la necesidad de las medidas de aseguramiento dada la gravedad de las conductas imputadas por delitos contra la administración pública, en plena emergencia sanitaria.

La medida de aseguramiento por su naturaleza procesal está dirigida a preservar la integridad de la prueba, proteger a las víctimas, determinar si los imputados representan un peligro para la sociedad y garantizar la comparecencia del imputado al proceso y asegurar el cumplimiento de la pena en caso de una eventual condena.

Sin embargo, la calificación jurídica provisional contra los imputados no será, en sí misma, determinante para inferir estos riesgos.

La carga probatoria

En este contexto, el fiscal del caso, entrará a demostrar e individualizar, en cada caso, los requisitos esenciales y revelará las primeras pruebas.

“La Fiscalía cuenta con las pruebas técnicas para establecer esa inferencia. Existen elementos materiales y evidencia física legalmente recaudada, entre ellas varis interceptaciones telefónicas que así lo sugieren”, aseguró el fiscal.  Parte de este material podrá exhibirse a partir de hoy. Los demás elementos, el análisis y la transliteración de los audios obtenidos con autorización legal, tendrán que incluirse en el escrito de acusación, y luego, descubrirse en su totalidad en la etapa del juicio.

Las interceptaciones estuvieron a cargo de la  Fiscalía tercera Especializada de San Juan de Pasto (Nariño) y la Fiscalía Séptima Seccional de Neiva, encargada de la investigación.

La interceptación de las comunicaciones, sometidas previamente a control de legalidad, se habría hecho durante la fase de legalización a través de la plataforma Zeus del sistema Esperanza de la Fiscalía.

“Existen varios audios de interés que permiten inferir razonablemente la entrega de dinero para contribuir con la campaña, que serán objetos de otra línea de investigación, y, de otros procesos”, anticipó el fiscal sin dar más detalles.

Esta primera fase, el fiscal hará otras revelaciones y descubrirá ante la juez de garantías, estas evidencias materiales.

Además, el fiscal aseguró que mucho antes de iniciarse el proceso de contratación, el alcalde Gorky Muñoz habría contemplado retribuirle con estos contratos los aportes que recibió durante la campaña. De hecho, los contratistas, operaron en Nariño, otros contratos similares, por lo menos, uno de ellos, objetos de investigación penal.

Las cifras

El fiscal, interrogado por la bancada de la defensa no reveló los montos de los aportes. Solamente aseguró que fueron varios aportes, en diferentes momentos y  en diversas cuantías.

Estas interceptaciones serán el principal soporte. Los demás elementos que documentarán los hechos jurídicamente relevantes.

Hechos relevantes

La Fiscalía les imputó indebida celebración de contratos y violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades soportado en dos hechos jurídicamente relevantes.

“En esta investigación la Fiscalía cuenta con los elementos materiales probatorios, evidencia física e informaciones legalmente obtenidas, en las cuales, se puede inferior el grado de participación y la posible intervención de ustedes respecto de estas conductas que lesionan en esta oportunidad el interés protegido de la administración pública”, precisó el fiscal.

En su criterio, el primer Secretario de Educación y sus dos asesores jurídicos pusieron a disposición del alcalde los dos contratos con el fin de favorecer los intereses del ex concejal de Tumaco Haidden Otoniel Vergara, el beneficiario.

“La contratación del municipio era el reflejo de la retribución a ese particular por sus contribuciones económicas a la campaña política del alcalde Gorky”, explicó el fiscal.

El 3 de abril de 2020, el alcalde Gorky, su secretario de Educación y los dos asesores jurídicos suscribieron lo que serían los estudios previos del contrato de suministro 0698 de 2020. El alcalde según el manual de funciones no debía suscribir estudios previos.

“De ahí que se tenga inferencia de ese presunto interés marcado en el direccionamiento de este primer contrato”, explicó.

La etapa de planeación, maduración y estudios previos estaba desconcentrada y delegada en la secretaría de despacho (Decreto 0522 de 2016)

En estas condiciones, las secretarías tenían la facultad y competencia para adelantar todo el proceso en la etapa precontractual que incluye la planeación, maduración y elaboración de los estudios previos.

Según el fiscal los documentos no tenían la viabilidad de la minuta como lo dispone el decreto municipal. Tampoco existía acto administrativo que revocara la desconcentración y delegación de funciones otorgada en este caso a la Secretaría de Educación

Decreto 440 de 2020 dispuso que no se requerirían estudios previos. Sin embargo,

“Eso demuestra el interés marcado de parte de los imputados como funcionarios de la administración municipal para direccionar el contrato, dirigido posteriormente a favorecer al colaborador de la campaña”, insistió el funcionario acusador.

Interés indebido

Según el fiscal, los funcionarios imputados “Se interesaron de manera indebida en la tramitación y celebración  de los dos contratos con el fin de favorecer a través de los contratistas Carmen Rosaída Castillo, representante de la empresa ejecutora del PAE y Miguel Alfonso Banguera, representante de la empresa interventora, con el objetivo criminal, claro y definido de atentar contra la administración pública, poniéndose al servicio de un particular, en este caso Otoniel Vergara Quiñones, quien previamente había fungido  como un colaborador de la campaña política de Gorky Muñoz Calderón,

Inhabilitado

Segundo hecho jurídicamente relevante. La violación del régimen legal al suscribir el contrato de interventoría con la Fundación Colombia Florece, cuyo representante legal Miguel Alfonso Banguera Jaramillo  era miembro de la junta directiva del operador.

Las empresas contratistas, radicadas en el Charco (Nariño) funcionaban en la misma dirección (Calle 76 -1-39 de Neiva) sede  de la Asociación Afrocolombiana de Víctimas del Conflicto (Asofrovic), vinculada a la campaña de Gorky Muñoz y la Corporación Colombia en Paz y Social (Corsocial), representada por Evis Herlinda Estacio Quiñones, fundadora de Asoformando y beneficiada con otros contratos, objeto de otras investigaciones.

Sin embargo, los funcionarios imputados no detectaron esa doble condición del interventor, omitiendo el deber de vigilancia y control. La diligencia no terminará hoy y podrá prolongarse por otra semana.

 

Procuraduría investigará funcionarios públicos que estarían vinculados a caso “Papá Pitufo”

El procurador General anunció que iniciarán investigaciones en contra de funcionarios públicos presuntamente vinculados al escándalo de “Papá Pitufo”.  Redacción...

Temen a mis trinos porque se ven más que cualquier programa de televisión: Petro

El presidente Gustavo Petro volvió a anunciar que los consejos de ministros serán transmitidos permanentemente. Redacción Web/LN En su cuenta...

De reconocimientos

La Secretaría de Educación Departamental reconoció el esfuerzo de estudiantes, docentes y directivos de las instituciones educativas con los...

Síguenos en:

Artículo Relacionado

Las pruebas no son suficientes para condenar por fraude procesal a Tovar Trujillo

El abogado Luis Humberto Tovar Trujillo fue absuelto del delito de fraude procesal. El Tribunal Superior de Neiva...

La estela de muerte que llevó a la condena de alias ‘Guajiro’

El jefe disidente Edwin Collo Dagua, alias ‘Guajiro’, confesó el asesinato de 21 personas. Policías, campesinos y excombatientes...

‘Congelado’ arresto del Alcalde de Campoalegre

El alcalde del municipio de Campoalegre, Víctor Ramón Vargas Salazar y el gerente de las Empresas Públicas de...

Caída histórica: creación de empresas en Huila se desploma a niveles inferiores a la pandemia

El sector empresarial del Huila cerró el 2024 con una racha de malas noticias: no solo aumentó el...