Nadie puede obligar a un padre de familia a enviar a sus hijos con un depredador sexual en potencia. Nadie puede decirle a una madre que sus pequeños van a estar bien si en las aulas de clase son rondados por un hombre con antecedentes por abuso sexual. Estas consideraciones fueron las que desde un principio debió tener en cuenta la secretaria de Educación del Huila, Milena Oliveros, a la hora de ponderar los reclamos de la comunidad educativa del municipio de Yaguará que se negó a recibir al docente Óscar Alberto Forero González, señalado de abusar sexualmente de una niña al interior de un plantel educativo de Rivera.
Tuvo que pasar una semana de protestas en la que los niños y adolescentes de Yaguará no recibieron clases para que la funcionaria accediera a apartar del cargo al docente Forero González y relegarlo a funciones administrativas y entendiera la magnitud de la problemática y de los riesgos de poner de nuevo a un presunto delincuente sexual en un salón de clases. Está más que probada la reincidencia de muchos depredadores sexuales que suelen repetir sus ataques contra indefensas víctimas, que a menor edad son más frágiles y se convierten en las presas predilectas de estos individuos sin escrúpulos.
Por eso, no fue bien visto que ante el rechazo expresado por el rector del colegio Ana Elisa Cuenca de Yaguará a la presencia del profesor Oscar Alberto, la secretaria Oliveros posara de ‘abogada del diablo’ y terminara regañando al directivo docente y lo señalara de que él no era “ningún juez”.
Más allá de que el educador no ha sido condenado y que por tanto, tiene derecho a la presunción de inocencia, y que además sus derechos laborales deben ser respetados, deberá prevalecer siempre la protección a los niños, niñas y adolescentes.