La educación es más que un derecho fundamental, especialmente de los niños. Ocupa un lugar privilegiado. Se trata de un bien social de mayor trascendencia en un sistema de derechos, es parte inherente al desarrollo del propio Universo. Es un estadio superior de la evolución del hombre y, por consiguiente, del género humano. Es el escalón más elevado de la formación. Los gobiernos no deben olvidar que en el interior del hombre se encuentran las fuerzas transformadoras del Universo y la capacidad real de conducir su evolución futura. El mundo que conocemos y donde se desenvuelve la mayor parte de nuestra vidas ha sido ideado y construido en la mente del hombre. No olvidemos a nuestros ancestros que lucharon por la independencia, y que nos dejaron los pocos beneficios que estamos disfrutando; por lo tanto, les corresponde a los gobiernos continuar desarrollando su principal resultado: una excelente educación. Que su objetivo sea centrar el estudio como programa especial y con mayor razón en Colombia que es un país que sufre una desigualdad económica y social abismal. Siendo así ¿qué les puede suceder a los colegios que no cumplan la ley que ordenó no esquilmar el bolsillo de los padres de familia? O es que la ministra de Educación habla por hablar y por esa razón las secretarías de educación tanto departamentales como municipales no acatan la orden, piensan que es pura verborrea. Esta orden no es nueva, cada año sale a flote, pero nadie la cumple. Hemos conocido que el colegio Claretiano, en la jornada oficial le hace conejo a ésta orden. Desde el 2008 la Ley 1279 borró la obligación de afiliarse a las asociaciones de padres de familia, pero como éstas se convirtieron en el escudo detrás del cual se esconden todas las direcciones de los colegios para hacer rifas, paseos costosos con cualquier argumento y otras arandelas, obligan a los padres afiliarse. Tampoco es obligación comprar agenda, ya que no sabemos para qué sirve. Es decir, que todas las contribuciones monetarias están prohibidas. Ahora, si el presidente de la República se comprometió con el pueblo a cumplir la ley, a no cobrarle la educación, como fue a mediados del siglo XlX, cuando se ordenó que la educación fuera gratuita, obligatoria y laica, se debe dar cumplimiento; pero parece que sus agentes regionales y locales se hacen los de la oreja mocha. La educación enriquece los valores y virtudes del hombre, es un objetivo concreto, tangible y real para darle vida al principio de igualdad. Comercializarla le quita el objetivo social.