Decenas de personas denunciaron ante la Personería de Neiva las diferentes situaciones de vulnerabilidad que padecieron como consecuencia de la pandemia. Su drama tiene que ver con la imposibilidad de pago de los arriendos y la inminente amenaza de desalojo por parte de los arrendadores.
Carolina Argüello Cruz
Un total de 20 denuncias por desalojo ha atendido la Personería de Neiva en el marco de la emergencia sanitaria.
“Durante el periodo comprendido entre la vigencia del presente decreto y el 30 de junio de 2020, se suspende la orden o ejecución de cualquier acción de desalojo dispuesta por autoridad judicial o administrativa que tenga como fin la restitución de inmuebles ocupados por arrendatarios”, ordenaba el Decreto 579 expedido el 15 de abril de 2020.
Pese a eso los arrendadores siguieron realizando esta práctica sin importar la condición de vulnerabilidad de sus arrendatarios e incluso algunos llegaron a suspenderle los servicios públicos, incurriendo en la violación de sus derechos.
Para muchos inquilinos no ha sido fácil continuar con el pago de su arriendo, pues su actividad económica, (la mayoría de la venta informal) se detuvo una vez inició el confinamiento obligatorio.
De acuerdo con lo que se registra en las denuncias expuestas en la Personería y que fueron atendidas por el Delegado de Derechos Humanos, este tiempo de pandemia desnudó la solidaridad de algunos, pero también la insensatez y ambición de otros.
Casos
Dentro de los casos recibidos y atendidos se encuentra el de una familia venezolana que habitaba un predio en el barrio Diego de Ospina y que frente a la no cancelación del pago del arriendo, el propietario decidió suspender los servicios de agua y energía.
La esposa y madre de la familia había dado a luz recientemente y las condiciones en que se encontraba no eran las que requería para su recuperación.
“Tenemos que traer agua de las casas de los vecinos para poder cocinar”, según lo expuesto a la Personería por los emigrantes. Así duraron 20 días.
Teniendo en cuenta que la reconexión era de prioridad, intervino, además, la Policía que en modo conciliador apeló para el restablecimiento de los derechos tanto de la madre como del bebé.
Otra de las afectadas fue una mujer dedicada a la venta ambulante que habita en el barrio Puertas del Sol, sur de Neiva, con su hija, que padece condición de discapacidad. Allí la arrendadora hacía cortes de energía intermitentes hasta provocar el daño de la nevera de la arrendataria.
Hasta el lugar llegaron funcionarios tanto de la Personería como de la oficina de Derechos Humanos de la Policía Metropolitana ya que los dueños habían instalado un candado en la puerta que impedía el ingreso de las inquilinas. Adicionalmente había problemas de convivencia entre las dos familias derivadas al atraso en los pagos que promovía múltiples discusiones a diario.
La presión de los bancos
Esta problemática no solo la viven las personas de estratos bajos, en la capital del Huila fue registrada una situación similar en el barrio Sevilla, donde los predios oscilan entre los estratos 3 y 4, con el agravante de que los propietarios que vivían un piso más arriba de los arrendatarios iniciaron una obra y les arrojaban aguas negras y basuras por el patio; incluso le pateaban la puerta constantemente a las inquilinas, tres mujeres en condición de discapacidad.
Allí vivía una mujer, que se moviliza con la ayuda de un caminador; su mamá, una persona de avanzada edad con enfermedad de base de hipertensión; y una niña con condiciones de salud especiales.
Durante la visita correspondiente, los dueños alegaron que el predio, un edificio de 3 pisos, fue adquirido mediante una jugosa deuda con los bancos y que el no pago los afectaba porque, aunque las empresas prestadoras de servicios públicos no podían realizar suspensiones, los bancos si siguieron cobrando con normalidad.
De acuerdo con el reporte, los dueños manifestaban su preocupación porque los bancos no pospusieron los cobros, “la señora estuvo con una actitud hostil por su desespero”.
Si bien es cierto que el Decreto en ningún lugar consideraba la condición de los arrendadores, siempre cada uno de los dueños de los predios en mención, indicaron que era la primera vez que los ocupantes se atrasaban en los pagos.
“Para nosotros siempre ha sido la mediación, el reconocimiento de derechos y por eso protegemos al más vulnerable, porque la pandemia ha hecho reconocer que hay personas que tienen unas condiciones materiales más complejas que otras y lo que hacemos es poner en contexto cuáles son los derechos, ventajas y sobre todo un concepto racional de ponernos en los zapatos del otro”, explicó Kleiver Oviedo, personero de Neiva.
El Decreto expiró el pasado 30 de junio por lo que los desalojos vuelven a estar contemplados, siempre y cuando sea con una orden judicial.
Sin embargo, tenga en cuenta que, si su contrato de arrendamiento finalizó en estos tres meses, usted deberá entregar el inmueble por estos días, dado que la prórroga iba hasta el 30 de junio. Si, por el contrario, su contrato inició en medio de la emergencia sanitaria, desde ahora los términos pactados en él y que estaban suspendidos, como penalidades, indemnizaciones y sanciones, comenzarán a correr de manera normal.