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Miller Dussán, es profesor e investigador de la Universidad Surcolombiana. Es licenciado en Lingüística y Literatura, especialista en Instituciones Jurídico Políticas, Magister y Doctor en Educación y Sociedad.
En sus últimos 10 años se ha dedicado a investigar sobre el modelo extractivista minero energético que desplaza poblaciones y destruye territorios y ha acompañado a las comunidades en la lucha de resistencia en contra del P.H. El Quimbo, el Plan Maestro de Privatización del Río Magdalena, que incluye siete represas más para el Huila, complementado con 50 Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, la adjudicación de 12 áreas para fracking y el Plan de Minería a Gran Escala.
Miller es reconocido en el país y en el exterior como Fundador de Asoquimbo y del Movimiento Social Defensores del Territorio que decidió impulsarlo como candidato a la Cámara de Representantes por el Huila con el aval de 58 mil firmas y que fue inscrito por la UP, con el número 101 para evitar ser excluido ante la desidia del Tribunal Administrativo del Huila que falló tardíamente una Tutela a su favor en la que se eliminaba el requisito de pagar una contraprestación de $210 millones para la expedición de una póliza de garantía para poder participar del proceso eleccionario.
¿Por qué pasar de la academia a la política?
Desde la Universidad he insistido en que el papel del investigador sólo tiene sentido si contribuye a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de nuestra región. Y en este momento, la esencia de la vida que es el agua, está en riesgo. Se la están apropiando las Transnacionales para Fracking, Represas y Minería.
Como la clase política que siempre nos ha representado no ha hecho nada para detener esta situación, considero que los huilenses requieren de una voz auténtica que los represente en el Congreso para fortalecer la autonomía territorial en momentos en que el Gobierno está obstaculizando la realización de las Consultas Populares que adelantan las comunidades de los municipios de Iquira, Oporapa y Timaná contra la explotación petrolera y las represas.
¿Por qué considera que el Gobierno pretende acabar con estos mecanismos de participación ciudadana?
Porque en el Plan de Desarrollo del Presidente Santos se incorporaron los denominados Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos -PINES-, que son proyectos diseñados para el fomento de la actividad minera, energética, de infraestructura y agronegocios. Esa es la base de su política económica y fue aprobada con el aval de todos los partidos políticos con representación en el Congreso.
El hecho de que las comunidades se estén oponiendo a estos proyectos acudiendo a mecanismos de participación ciudadana como las Consultas Populares y los Acuerdos de los Consejos Municipales que prohíben estas actividades, se convierten en un obstáculo para su plan y afecta la llamada “confianza inversionista”, debido a que este tipo de proyectos son adjudicados a empresas transnacionales.
Pese a que la Corte Constitucional mediante Sentencia T-445/16 ratificó la autonomía de los entes territoriales para decidir sobre el uso del suelo incluyendo la prohibición de ejecutar los proyectos minero energéticos que atenten contra el Patrimonio Ecológico y las actividades agrícolas de los municipios, el Gobierno Nacional insiste en desconocer la providencia y ha preparado un Proyecto de Ley para suprimir estos mecanismos.
¿Quiénes respaldarían ese Proyecto de ley antidemocrático?
Todos los aspirantes que sean elegidos el 11 de marzo a nombre de los Partidos como Cambio Radical, Unidad Nacional, Liberal, Conservador, entre otros, que aprobaron el Plan de Desarrollo de Santos.
¿Cómo puede demostrar lo anterior?
Los partidos políticos y congresistas han recibido beneficios económicos (coimas) a cambio de modificar la legislación en favor de los intereses de las empresas que se dedican a estas actividades. De hecho varios políticos de estos partidos son accionistas de las transnacionales.
Un ejemplo es la denominada “ruta de los sobornos” de Odebrecht, que ha sido ampliamente denunciada en Colombia, incluso la propia Fiscalía ha afirmado que “además de los US$ 11,5 millones conocidos, hubo $ 60.000 millones en coimas entre 2010 y 2015”.
Existen otros datos importantes que confirman esto, como los publicados por el portal virtual La Silla Vacía, en un artículo denominado “El legado minero de Uribe”, donde se afirma que “en los ocho años que gobernó el ex presidente, la superficie de hectáreas con título minero pasó de 1,13 millones a 8,53 millones. Y las hectáreas tituladas en los páramos ascendió a 122 mil”.
¿Existen otras pruebas?
Si. El viceministro de Minas, el conservador huilense Carlos Cante, demandó los acuerdos municipales que prohibieron la megaminería en el Huila, incluido el que protege la Cuenca del Río las Ceibas, en contra de la Sentencia T-145 de la Corte, con el argumento de que no se podía poner en riesgo la inversión extranjera.
Durante el lanzamiento del Plan de Minas y Energía, quien entonces oficiaba de Vicepresidente y hoy es aspirante presidencial, Vargas Lleras afirmó que “Pondremos fin al abuso de la participación ciudadana mediante una reforma constitucional que delimite sus alcances…También, en la búsqueda de una mayor seguridad jurídica, propondremos mediante una ley estatutaria, que la consulta previa sea excepcional y no una regla general”. Sobran los comentarios.
¿Y qué dicen los aspirantes al Congreso de los hechos registrados?
Ningún aspirante al Senado y a la Cámara se ha pronunciado frente a los anteriores hechos. Todo lo contrario, ahora pregonan que han defendido el territorio como anzuelo para obtener votos. De ser elegidos continuarán apoyando las mismas políticas.
Y Defensores del Territorio, el proyecto que usted representa, ¿qué propone?
Además, de exigir el cumplimiento de las compensaciones e indemnizaciones por los daños causados por Emgesa a las comunidades y a la Región, tengo el mandato de una amplia franja de la población del departamento de presentar cuatro Proyectos de Ley que hemos construido y concertado con las comunidades (ver recuadro).
Confiamos en el respaldo de los ciudadanos del Huila el próximo 11 de marzo. Sería inconcebible que votaran por los mismos políticos comprometidos con la destrucción del territorio. Ha sido mucha la desesperanza que El Quimbo produjo en los Proyectos de Vida de las Comunidades y los ecosistemas, como para que intentemos repetir esa experiencia devastadora.
Propuesta de proyectos de ley
- Creación de un FONDO ENERGÉTICO ESPECIAL por parte del Estado que posibilite la transición de energía fósil hacia alternativas energéticas, como la solar, para sustituir las represas, la explotación petrolera convencional, el fracking y la minería metálica a gran escala.
- Declarar el agua como un Bien Natural Común y Público reconociéndole el carácter de derecho fundamental para el consumo humano y la Soberanía y Autonomía Alimentarias.
- Crear un Sistema Agropecuario, pesquero, territorial y sustentable que incremente el empleo, y repueble el campo, basado en la tradición agroecológica de las economías campesinas, indígenas y afros. Razones por las cuales esas formas de organización comunitaria, deben ser declaradas de utilidad pública.
- Apoyar las iniciativas populares de trabajo digno, educación, salud, vivienda, ambiente sano y paz con justicia socioambiental, las cuales deben ser garantizadas como derechos fundamentales mediante la implementación de leyes orgánicas, entre ellas, la educación pública de calidad, gratuita hasta el nivel universitario.