La Nación
Los magistrados de la reconciliación 5 29 marzo, 2024
INVESTIGACIÓN

Los magistrados de la reconciliación

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

Los abogados huilenses, Diana María Vega Laguna, Raúl Eduardo Sánchez Sánchez  y Jesús Ángel Bobadilla Moreno, con una meritoria trayectoria académica y profesional integrarán el primer Tribunal de Paz que se encargará de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado.

Los tres opitas fueron escogidos entre 2.328 aspirantes que se presentaron a la convocatoria pública y quedaron entre los 78 finalistas llamados a entrevista. El Comité de Escogencia, integrado por tres reconocidos académicos extranjeros y dos colombianos los seleccionaron los 51 magistrados que se encargarán de implementar la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

De éstos veinte magistrados conforman el Tribunal de Paz con 6 suplentes y 18 titulares de las Salas de Justicia y 6 suplentes a quienes les tocará estrenar el nuevo modelo de justicia transicional, que incorpore elementos vitales para la reconciliación como verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

“La justicia transicional es una justicia diferente a la que estamos nosotros acostumbrados, la justicia punitiva, las sanciones. Esta es una justicia diseñada para cerrar conflictos, para finiquitar conflictos, y es una justicia más reparativa, más restaurativa que punitiva o que también tiene algunos aspectos de sanciones punitivas”, precisó el Jefe del Estado al recibir la notificación de los magistrados seleccionados.

Sánchez y Bobadilla quedaron entre los 38 magistrados titulares mientras que Diana María Vega estará entre los 13 suplentes.

El tribunal tendrá tres salas: la primera, de reconocimiento de verdad, responsabilidad y determinación de los hechos; otra que definirá la situación jurídica de los investigados y la última que otorgará las amnistías e indultos.

Los tres huilenses representan territorialmente al sur del país, la zona más afectada por el conflicto armado. Otros dos son del Cauca uno de Nariño y otro del Tolima.

Los magistrados de la reconciliación 11 29 marzo, 2024

Diana Vega

La abogada huilense Diana María Vega Laguna fue escogida por sus méritos en la naciente Jurisdicción Especial para la Paz, clave para lograr la reconciliación del país. “Espero aportarle mucho a ese propósito y no seré inferior a ese reto extraordinario”, exclamó.

La joven profesional nació en Neiva, es bachiller del colegio Inem, inició sus estudios de derecho en la Universidad Surcolombiana y se graduó con honores en la Universidad Nacional de Colombia. Es especialista en derecho Constitucional. Actualmente está terminando la maestría en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia.

Comenzó su vida profesional en la Corte Constitucional donde empezó siendo practicante ad honorem, para luego ser nombrada en un cargo de la corporación. Después trabajó en la Fiscalía Quinta Regional de la Unidad de Derechos Humanos con sede en el Palacio de Justicia de Neiva. De allí, pasó a prestar sus servicios en el bunker de la Fiscalía en Bogotá en la Unidad Nacional de Derechos Humanos.

Desde el año 2012 trabaja en la Sección Tercera del Consejo de Estado, en asuntos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario.

“La designación la recibo con inmensa alegría, es un inmenso honor haber sido seleccionada en una reñida competencia. Para el Huila, dada la complejidad del conflicto armado, la Jurisdicción Especial de Paz, enmarcará una esperanza”, afirmó en diálogo con LA NACIÓN.

“El gran reto: asegurar que las reclamaciones de las víctimas queden satisfechas, que además es un principio de los acuerdos; las víctimas deben tener toda la importancia para que no exista la sensación de impunidad sino que podamos ofrecerle a la sociedad colombiana toda la confianza. Del éxito de la JEP depende la reconciliación plena del país”, anotó.

“Pienso que la neutralidad es un punto muy importante en la toma de decisiones en esta jurisdicción, lo mismo que la transparencia, que se acojan los aspectos pactados en los acuerdos, que se apliquen los estándares internacionales de justicia, y que permitan que la sociedad sienta que sus demandas de justicia se están cumpliendo”.

Raúl Eduardo Sánchez

El segundo magistrado del naciente Tribunal de Paz es Raúl Eduardo Sánchez, destacado columnista de LA NACIÓN, es abogado, egresado de la Universidad del Rosario. Especialista en derecho procesal penal de la misma Universidad. Magister en Política Criminal y Derecho Penal Internacional de la Escuela Económica de Londres y Ciencias Políticas de Inglaterra. Delegado por Colombia en las Comisiones Preparatorias para el Establecimiento de la Corte Penal Internacional en Naciones Unidas en Nueva York.

“Me siento muy honrado con esta designación, cargo que ejerceré en representación de una región martirizada por el conflicto armado,

El jurista, nacido en Neiva, bachiller del colegio Salesiano, fue conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Es el primer abogado colombiano admitido en la barra de abogados de la Corte Penal Internacional y miembro fundador de la Asociación de abogados litigantes ante la CPI. Sánchez fue asesor del programa anticorrupción de la Vicepresidencia y del Ministerio de Justicia. Es docente de la Universidad del Rosario y de la Universidad Libre.

Los desafíos

“Uno de los desafíos de la jurisdicción especial de paz es tener desde el punto de vista procedimental un sistema que sea ágil, expedito y que sirva para la paz y para la reconciliación”, afirmó.

“La JEP debe asegurar credibilidad y garantizar que cumpla con los estándares internacionales de justicia.  Esta no será una jurisdicción aislada. Tendrá que nutrirse de otros escenarios como el derecho internacional y de abundante jurisprudencia colombiana”, aseguró.

“Estoy convencido que esta no será solo la jurisdicción de la paz sino de la reconciliación y entrará a jugar aspectos muy importantes como la justicia restaurativa. Para el Huila tendrá un alto significado por la tragedia que padeció durante el conflicto armado”, apuntó.

Jesús Ángel Bobadilla

El otro magistrado escogido es Jesús Ángel Bobadilla Moreno, con amplia trayectoria académica y profesional. El  jurista nacido en Neiva, es egresado de la Universidad Nacional (1990), especializado en instituciones jurídico-penales y derecho probatorio, estudios de posgrado en derecho procesal penal y otros estudios en derechos humanos, justicia comunitaria. Bobadilla es bachiller del Colegio Nacional Santa Librada.

Fue magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.

Laboró en la Fiscalía General, coordinó el CTI en Garzón, se desempeñó como juez en Neiva, Baraya, catedrático de la Universidad Nacional de Bogotá y Surcolombiana. Se desempeñó como defensor público y coordinador académico de la Defensoría del Pueblo en Neiva. En el 2015 estuvo en la lista de aspirantes para suceder en la Corte Suprema de Justicia a María del Rosario González, y la del magistrado de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, quienes terminan su periodo como magistrados ese año.

“En un proceso de transición y en una situación de conflicto como la que vivimos actualmente, la verdad es muy importante como valor porque es la única que nos puede sanar las heridas sobretodo en estos delitos graves, donde las víctimas tienen que ser el centro de atención y la verdad tiene que ser el principal componente. Hoy la verdad es un derecho”, aseguró Bobadilla Moreno.

“En concreto-dijo- considero de vital importancia, que la aplicación razonada y ponderada del sistema de justicia transicional, permitirá que los actores enfrentados en el conflicto, resuelvan sus diferencias, su situación judicial y construyan nuevos escenarios para promover pacífica y políticamente sus ideas y proyectos vitales”.

Posesiones

La composición del Tribunal quedó listo. Ahora falta la estructuración de la Ley Estatutaria que marcará la ruta. Según el presidente Juan Manuel Santos ayer fue radicado el proyecto para agilizar el funcionamiento de esta instancia de juzgamiento por conductas relacionadas con el conflicto armado.

“Espero que el Congreso apruebe rápidamente esa Ley Estatutaria y nos pongamos a sanar esas heridas, que es lo que este Tribunal va a hacer. Sanar las heridas de una guerra de más de 53 años”, concluyó el Jefe del Estado.

Por hora hay otras dos posiciones definidas: la abogada bogotana Mirtha Patricia Linares Prieto será la presidenta del Tribunal Especial. Es abogada de la Universidad Santo Tomas, magíster en Administración Pública de la Universidad Alcalá de Henares y en Filosofía de la Universidad Nacional. Fue magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, procuradora delegada para los Derechos Humanos, consultora del Consejo Noruego para los Refugiados y consultora de ONU Mujeres.  Actualmente es consultora del Centro Nacional de Memoria Histórica y asesora jurídica de la Contraloría General de la República.

Luz Marina Monzón Cifuentes, nacida en Villavicencio (Meta),  fue designada directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Es abogada de la Universidad La Gran Colombia, con especialización en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado, así como especialista en Derechos Humanos de la Escuela Superior de Administración Pública. Además, tiene una maestría en Derecho de la Universidad Nacional.

Composición

El Tribunal de Paz conserva un marcado equilibrio desde su composición. El organismo que se encargará de juzgar a ex guerrilleros, civiles y agentes del Estado, es representativo, diverso y le dará mayor legitimidad.

La mayoría son académicos, hay menos penalistas y muchos con trayectoria en la Rama Judicial.

El  proceso fue incluyente y renovador. Entre los seleccionados el 53% son mujeres, el 10% son indígenas, más del 10% afrocolombianos y el 61% son de fuera de Bogotá. La mayoría provienen de la provincia, principal escenario del conflicto.

De  los 715 aspirantes que se postularon para el Tribunal de Paz, solo clasificaron 40: 20 mujeres y 20 hombres. Para la Sala de Justicia compuesta por 38 magistrados 26 son mujeres y 12 hombres

Las minorías étnicas también quedaron representadas. Para la Sala de Justicia 6 son afros y tres son indígenas o han trabajado con estas comunidades. Para el Tribunal de paz, cuatro son afro y dos indígenas.

Tres finalistas han laborado con la justicia penal militar, entre ellos el coronel del Ejército, Camilo Andrés Suárez y Fabio Araque Vargas, actual magistrado del Tribunal Superior Militar, ex juez penal militar, primero como juez de instrucción en Caquetá, Tolima y Meta y luego como auditor de guerra.

Los pesos pesados

Los tres opitas clasificaron al lado de grandes figuras nacionales  como el ex ministro de Justicia Yesid Reyes, hijo del presidente de la Corte Alfonso Reyes Echandía, sacrificado en 1985 durante la toma del Palacio de Justicia;  el ex defensor del Pueblo y ex magistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes Muñoz y  el ex presidente del Consejo de Estado Danilo Alfonso Gómez. Entre los seleccionados figura igualmente el ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado y exdirector de la Unidad de Contexto de la Fiscalía, Alejandro Ramelli; el filósofo Rodolfo Arango, el ex director de la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía, Martín Antonio Moreno y  la directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, Catalina Díaz Gómez.

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Raúl Eduardo Sánchez, magistrado titular

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Diana María Vega, magistrada suplente

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 Jesús Ángel Bobadilla, magistrado titular