Con el correr de los tiempos los modelos de gestión turística adoptados por los colombianos han ido evolucionando en armonía con los lineamientos de la Organización Mundial del Turismo, y por supuesto con la política pública trazada desde el ejecutivo nacional. Resulta oportuno recordar que, en las décadas de los años setenta y ochenta de la anterior centuria el devenir de la industria lo orientaba la Corporación Nacional de Turismo, entidad que centraba su actividad promocional a las tres perlas del caribe, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, reconociendo el impulso a Leticia y por supuesto Bogotá como capital del país, alguna pequeña porción miraba la zona arqueológica de San Agustín-Isnos y Tierradentro. Enfoque promocional que cambió con la promulgación de la Constitución Política de 1991 momento en que se entroniza el concepto de planeación participativa y con ella, la obligación de formular los planes de desarrollo para cada uno de los tres ámbitos, nacional, departamental y municipal, planes que tocaban adicional al impacto socioeconómico esperados del cuatrienio, las actividades generadas en los diferentes sectores productivos.
Es casualmente en 1996 cuando surge la Ley 300 como marco del desarrollo turístico del país, con ella llegan dos importantes figuras, los planes sectoriales de turismo y el fondo para la promoción turística. Los planes sectoriales siguen el proceso metodológico del plan de desarrollo, esto es, construido con representantes de cada uno de los eslabones de la cadena productiva del turismo, incluida la institucionalidad local.
Una de las ventajas de este modelo de gestión es el empoderamiento de los actores del conocimiento de su patrimonio turístico, identificando claramente las ventajas comparativas y los procesos para convertirlas en competitivas, reconociendo como la gran debilidad los bajos presupuestos asignados para la implementación del plan, así como, como una gobernanza compleja generalmente compartida con actividades lúdicas, recreativas y culturales. Para mitigar estas afujías se creó la figura del fondo de promoción turística nutrido con aportes de los prestadores de servicios turísticos y algunas entidades del Estado, si bien, en un comienzo se percibió su importancia en los últimos años se percibe un cambio en su enfoque y concentrado en los destinos ya consolidados, ameritando un buen ejercicio de autoevaluación.
Hoy cuando estamos ad portas de un nuevo gobierno, se percibe la adopción de un nuevo modelo de gestión turística denominado inicialmente como comunitario, entendido este como el empoderamiento de las comunidades para que de su seno fluyan los lineamientos estratégicos que permitan orientar la planeación turística, un ejercicio bien interesante que muy seguramente trasformará el actual espíritu del Viceministerio de Turismo y sus entes asociados, entre ellos, el fondo de promoción turística hacia un enfoque de territorio con amplia participación de los saberes locales.