A diez meses de las elecciones presidenciales, Juan Manuel Santos para ser reelegido tiene que lograr la paz, mejorar la ejecución de proyectos -sobre todo en infraestructura-, resistir el uribismo y darle un buen manejo a la protesta social. Se reconocen avances en el proceso de paz pues hay acuerdo parcial en tierras, avances en política exterior (quebró el aislacionismo) y tiene buenos indicadores el crecimiento económico y la generación de empleo.
Pero según encuesta Colombia Opina (Semana – Edición 1631), su imagen favorable es de 49%, el no a la reelección del 60%, el 62% creen que vamos por mal camino y en temas claves de la agenda nacional se “raja”: Desaprueba el desempleo (75%), la corrupción (68%), salud (66%), economía (59%), seguridad (58%), medio ambiente (54%); aprueba en devolución de tierras (59%), relaciones internacionales (57%) y “empata” en inversión social (50%). El mismo Santos reconoce que “no basta con que las estadísticas mejoren. Detrás de esto hay seres humanos que aún no se sienten tranquilos”.
Retos a superar como la desconfianza frente al proceso de paz en La Habana, la ejecución en infraestructura, la pobreza y la desigualdad social que se explican también por problemas estructurales. Para Keynes, “las deficiencias principales de la sociedad económica en la que vivimos son su incapacidad de proporcionar pleno empleo y su arbitraria y desigual distribución de la riqueza y los ingresos”. Pese a los esfuerzos por mostrar que el desempleo cae (9.2%) a junio de 2013, que se reduce la pobreza (37.2%) a 2012 y el Coeficiente de Gini (0.539%) las realidades son tozudas y preocupa la informalidad que se mantiene (49.6%) en 13 áreas urbanas y la protección social es esquiva.
Los contrastes de nuestro país también se observan en lo ocurrido en 20 de julio, día de nuestra independencia, cuando el ciclista Nairo Quintana en los Campos Elíseos de París con su segundo lugar en el Tour de Francia y el liderazgo en la montaña nos hizo henchir de orgullo nacional mientras los paros y protestas nos volvían a la realidad. El Catatumbo pide zonas de reserva campesina, los mineros artesanales no quieren legalizar su actividad y bloquean Buenaventura, puerto principal, mientras paperos, cafeteros y arroceros presionan subsidios del gobierno. Los argumentos podrían legitimar la protesta social de quienes tienen necesidades represadas hace muchos años advertidos desde el gobierno de Alfonso López, que en el Plan Para Cerrar la Brecha (1975-1978) reconocía dos Colombias: la rural pauperizada y excluida, la urbana vinculada a la industria y las finanzas que convive con sectores marginales y empobrecidos que buscó “reducir la brecha entre campo – ciudad, entre barrios ricos y pobres, entre quienes tienen acceso a servicios de salud, educación, y los analfabetos y desnutridos”, dando énfasis a la inversión pública, enfocada a la población más pobre. La rica que compra tecnología e incrementa su productividad, participa en el clúster de la globalización, hace parte de los gremios del sector agropecuario, negocia subsidios y presiona los paros politizados.
La brecha social campo – ciudad cuatro décadas después se mantiene, según cifras del Dane (2011 – 2012). Mientras en el área rural la pobreza alcanza el 46.8%, en las capitales es del 18.9% (máximo ingreso mensual de $200.000 per cápita). La pobreza extrema registra 22.8% en el campo y el 2% en Bogotá (la indigencia cuyo máximo ingreso mensual son $100.000.). Es decir, 14.8 millones de colombianos viven en la pobreza (32.7%), leve reducción frente a 2011 y en extrema pobreza 4.7 millones (10,4%). Colombia se mantiene por debajo de países latinoamericanos donde el 30% viven con US$120 al mes y el 16%, en indigencia con menos de US$75 mensuales según el PNUD (07/13). Y es de los 10 más desiguales del mundo.
Desigualdad regional
La pobreza en regiones como Chocó (68,0%), el doble de la media nacional (32%), Cauca (62.1%), Córdoba, Guajira y el Huila (45.4%), que percibieron cuantiosas regalías no se reflejan en calidad de vida. En la otra orilla, se encuentran Bogotá (11.6%), Santander (20.8), Cundinamarca (23.3%), Antioquia (26.8), Valle (26.9%) con mayor desarrollo económico y empresarial. En la indigencia repite el Chocó (40.7%), Cauca (34%), Guajira (28%), Córdoba (27%), Magdalena (23%) seguido del Huila (18%), mientras en el otro extremo con menor indigencia Bogotá (2%), Santander (4.6%), Atlántico (4.7%), Cundinamarca (5,3%) y el Valle (5,5%) entre otros.
El Coeficiente de Gini del país (0,548) al desagregarlo por departamentos en 2011 registra la mayor desigualdad en Chocó (0,56%), Guajira (0,56%), Córdoba (0,55%), Huila (0,55%) y Cauca (0,55%). El coeficiente entre 0 -1, mientras más cercano al 1 mayor desigualdad.
Las causas estructurales de la pobreza remiten al modelo económico que concentra la riqueza en unos pocos; la globalización financiera empodera a la banca mundial y multinacionales que trazan las políticas globales más allá de las fronteras nacionales. La actual crisis empuja la desigualdad presionando el salario a la baja y la austeridad de los gobiernos recorta los programas sociales (educación, salud, vivienda), incrementando la pobreza y la brecha social.
El paternalismo político no combate las causas de la pobreza, el clientelismo que reparte mercados y tejas de zinc mantiene un mercado cautivo. Bien lo describe Javier Moro: “Hay dos tipos de personas que se meten en política: los menos son los que consideran el poder como un medio para hacer avanzar la sociedad, y los más, los que lo ven como un arma para obtener ventajas para ellos y para su grupo. A quienes solo les importa su brillo, que te besen los pies y te veneren como a un dios”… (El Sari Rojo – 2008).
Gana el sector financiero, los banqueros que “se marchaban a sus casas con bonificaciones descomunales, mientras que quienes padecían la crisis provocada por esos banqueros se quedaban sin trabajo; el gobierno rescata los bancos pero es reacio a prorrogar el seguro de desempleo a aquellos que, sin tener culpa de nada no podían encontrar trabajo después de buscarlo durante meses y meses” (J.E Stiglitz, El precio de la desigualdad – 2012).
La coyuntura colombiana tiene dos caras: la protesta legítima de campesinos pobres y grupos étnicos excluidos social y políticamente, después de dos siglos. Y el oportunismo de políticos en trance de reelección que hacen el juego a la guerrilla que no oculta su apoyo “pueden contar con nuestras filas y nuestras armas” o los que cobran $400.000 por kilo de coca para mantener la economía regional como “impuesto de guerra” ¿Será que todo vale para conseguir la paz?
“La coyuntura colombiana tiene dos caras: la protesta legítima de campesinos pobres y grupos étnicos excluidos social y políticamente, y el oportunismo de políticos en trance de reelección”
