Las obras de mitigación para prevenir inundaciones y proteger la red de acueducto, quedaron como otro monumental paquidermo. La inversión calculada en $7.763 millones, se perdió. Contratistas y directores de Cormagdalena deberán responder por el despilfarro.
RICARDO AREIZA
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El malecón sobre el río Magdalena, diseñado supuestamente para adelantar obras de mitigación en sus riberas, quedó enterrado, como un fósil milenario, en Villavieja (Huila) corazón del desierto La Tatacoa, reconocido como otro destino turístico de clase mundial.
Para vergüenza del país, hoy es un adefesio en el que se invirtieron 2.397 millones de pesos, de los 7.763 millones que costaba. El resto por inejecución, también se perdió.
Este contrato fue declarado el 22 de febrero de 2019 como un caso de impacto nacional por el Contralor General de la República.
Las obras de mitigación fueron proyectadas para contener el desbordamiento del río Magdalena que en caso de producirse, destruiría la línea de conducción y la bocatoma que surte de agua potable a esta localidad.
El contrato inició el 21 de noviembre de 2015, faltando cinco semanas para la terminación del mandato del alcalde Raúl Arturo Ramírez Olaya. Cuatro meses después, el 25 de abril de 2016, durante la siguiente administración, el proyecto fue suspendido.
Cinco años después, quedó con un avance del 31% y en deterioro progresivo. La Contraloría General de la República, en un nuevo intento por recuperar los dineros mal invertidos, llamó a responder al contratista, al interventor, al último alcalde y a los ex directores de Cormagdalena.
Obra vital
Las obras de protección contra las inundaciones, el eje central del contrato, nunca se ejecutaron. Las pocas obras que se lograron adelantar presentan graves deficiencias en términos de calidad. La interventoría nunca operó, hubo deficiencias en los diseños y la planeación, y al final estuvo al garete, sin ningún control.
Según el último informe técnico, “la obra pública no cumple con las exigencias técnicas previstas en el pliego de condiciones ni en el contrato”.
El contratista nunca tramitó las licencias de aprovechamiento forestal ni la de ocupación de cauce lo que terminó impactando el cronograma y por lo tanto la culminación del proyecto, convertido en otro esperpento monumental.
Sin aprobación
Adicionalmente, las modificaciones realizadas no contaron con la aprobación del Ocad, el órgano colegiado de Administración y Decisión que le dio el aval financiero.
“En el expediente no obra ningún comunicado de esa entidad aprobando dichas modificaciones”, anotó el reporte fiscal en poder de LA NACIÓN.
“En consecuencia, las cantidades de obras pagadas en las Actas 3 y 49 no tienen justificación técnica, así como tampoco la tiene el acta de adición de plazo contractual”, precisó el documento.
Y para rematar el contrato no contó con la supervisión técnica y financiera. El contrato de interventoría venció el 28 de diciembre de 2017 y desde entonces quedó acéfalo.
Por esa razón vinculó al proceso de responsabilidad fiscal al capitán de navío, ya retirado de la Armada Nacional, Luis Álvaro Mendoza Mazzeo, quien tenía la responsabilidad de contratar la interventoría y no lo hizo.
Pero además vinculó a los cuatro últimos directores de Cormagdalena, entre ellos, Luis Fernando Andrade Moreno, ex presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, quien estuvo encargado en la fase inicial de la ejecución del proyecto. Por el mismo caso responderán los sucesores Alfredo Esteban Varela de la Rosa, Lucas Eduardo Ariza Buitrago y el actual director Pedro Pablo Jurado Durán.
La contratación
La obra fue formulada en el 2015, a raíz de la emergencia invernal registrada ese año para adelantar obras de mitigación. Adicionalmente se ejecutaron otros proyectos para fomentar el turismo, como un centro de eventos, un escenario deportivo, senderos peatonales, canalización de la quebrada Río Verde y obras de protección de la ribera del río Magdalena. La inversión calculada sólo para el malecón ascendió a 7.763 millones de pesos.
El proyecto le fue adjudicado al ingeniero Hugo Fernelli Díaz Plazas (Contrato 001 de 2015).
Aunque el plazo era de once meses, hoy permanece abandonado, en proceso de ‘fosilización’, paradójicamente, en uno de los municipios más pobres y con un alto índice de necesidades básicas insatisfechas (40%).
Desde la firma el primero de julio de 2015 tuvo diez suspensiones y una adición de cinco meses a partir del 23 de noviembre de 2015. La obra quedó paralizada y sin interventoría desde el 30 de diciembre de 2017, según la bitácora oficial del proyecto.
El contrato de interventoría fue suscrito entre Cormagdalena y Concep representada por Ricardo José Cogollo Ponce (Contrato No. 0-0066-2015) por un valor $571,41 millones de pesos. Terminó el 28 de diciembre de 2017 (Día de los Inocentes) y nunca se contrató.
La suspensión del proyecto se produjo, según la administración municipal que terminó en diciembre pasado “por causas justificadas al haber inconvenientes entre la firma Concep SAS y su contratante Cormagdalena”.
Sin embargo, no logró la nueva contratación ni realizó esfuerzos para asegurar la terminación del proyecto. Por esta razón, el ex alcalde, Yordan Aris Pacheco, y su jefe de planeación, Javier Andrés Rodríguez Yunda fueron vinculados al proceso de responsabilidad fiscal.
Lo ejecutado
El malecón y las obras de mitigación, quedaron con un avance físico de aproximadamente el 30%.
Solamente aparecen la construcción de andenes, pavimentación de calles, construcción de estructuras de contención como gaviones, senderos peatonales, un restaurante (cocina, baños y mirador) y obras de arte alusivas a la región. Las obras, no se ajustan a los parámetros técnicos contratados, según lo reportó un perito de la agencia fiscalizadora.
Pendientes
La Unidad Nacional de Responsabilidad Fiscal concluyó, como lo había informado LA NACIÓN que en este caso, hubo deficiencias en la planeación del proyecto, no tuvo tenido adecuados estudios y diseños técnicos que terminaron afectando las obras de protección y mitigación de la ribera del rio Magdalena, la canalización de la quebrada Río Verde y las demás obras como la instalación de la cubierta en lona, la conducción de aguas lluvias en aproximadamente mil metros lineales y las barandas de protección, entre otros.
El proyecto, fue reiniciado en el mes de diciembre de 2017 sólo para poder cobrar las cuatro actas parciales, según la Contraloría, sin cumplir con los soportes.
Cobros sin aval
Según la Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías, no hubo anticipo, se ejecutaron obras por valor de 512,56 millones de pesos antes de la parálisis de las obras. Durante este periodo, curiosamente, se ejecutaron obras por valor de $1.659 millones de pesos, según un reporte de Cormagdalena del 29 de diciembre de 2017 dirigido al Alcalde de Villavieja (Ver recuadro)
En las actas parciales canceladas, las dos primeras las suscribe la interventoría y para dos siguientes solamente el supervisor designado por la Alcaldía (Jefe de Planeación Municipal. Según la Contraloría, este hecho “configura una posible transgresión de orden penal, que en caso de comprobarse será puesta en conocimiento de la autoridad competente”.
En concreto, en las actas parciales aparecen pagos por 1.437 millones de pesos. De éstos, 1.677 millones de pesos no fueron avalados por la Secretaría de Planeación ni por el supervisor. Solo fue avalado por el interventor un solo giro por 512,56 millones de pesos.
Según la administración municipal, “los pagos efectuados corresponden totalmente al avance certificado por parte de la interventoría, en donde claramente certifican al Municipio de Villavieja un avance físico con cantidades de obra de un 31.8%”.
Por las obras se han cancelado $2.189.14 millones de pesos. Esta cifra, a juicio de la Contraloría, constituye un detrimento patrimonial con incidencia fiscal, penal y disciplinaria.
Para la Contraloría, el estado actual del proyecto carece de las principales obras de mitigación, no tuvo los estudios y diseños técnicos adecuados, ni alcanzó los logros previstos y mucho menos las finalidades propuestas. La canalización de la quebrada Río Verde quedó en veremos, faltando 554 metros lineales hasta la desembocadura.
Lo mismo ocurrió con las obras de protección del río Magdalena, lo que configura, en su criterio, un probable detrimento patrimonial, estimado hasta la fecha en 2.397 millones de pesos.
Probables responsables
Según lo confirmó la Contraloría General de la República, por este despilfarro de dineros públicos, tendrán que responder inicialmente, Hugo Fernelli Díaz Plaza en calidad de contratista y la firma interventora, Construcciones Civiles Estudios y Proyectos S.A.S (Concep), representada legalmente por Ricardo José Cogollo Ponce.
Igualmente los directores de Cormagdalena, Luis Alvaro Mendoza Mazzeo, Luis Fernando Andrade Moreno, Alfredo Esteban Varela de la Rosa, Lucas Eduardo Ariza Buitrago y Pedro Pablo Jurado Durán.
Por último, el ex alcalde Yordan Aris Pacheco y su jefe de planeación, Javier Andrés Rodríguez Yunda, supervisor del contrato. Las empresas aseguradoras fueron vinculadas como terceros civilmente responsables.