El próximo domingo se cumplirán las elecciones para Congreso de la República, Parlamento Andino y una consulta interna en el Partido Verde para definir quién de sus tres precandidatos (Enrique Peñalosa, Camilo Romero y John Sudarsky) será el candidato oficial de ese partido a la presidencia de la república. De estas tres elecciones, la de Congreso indudablemente reviste la mayor importancia, por el valor intrínseco del poder legislativo, la posibilidad real de la firma de unos acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las guerrillas de las Farc y el Eln y la necesidad de consolidar esos acuerdos con reformas constitucionales y legales que deberán aprobarse en Senado y Cámara, para construir una nueva Colombia, pacífica, tolerante, equitativa, incluyente y generadora de bienestar para todo sus ciudadanos.
El problema está en que unas reformas progresistas y democráticas requieren de un parlamento del mismo género y al parecer, por las tendencias que arrojan las encuestas de opinión, la gran mayoría del actual congreso se va a reelegir y en los pocos casos de cambios, el reemplazo será un pariente cercano del parlamentario saliente, en la mayoría de los casos por inhabilidades y riesgos que les generan sus procesos judiciales. Porque un importante sector de congresistas siguen apareciendo vinculados a las mafias del narcotráfico, a los grupos paramilitares y a las mafias de cuello blanco. Lo más grave es que este congreso y el propio gobierno de Santos que lo maneja mayoritariamente, dejaron pasar estos cuatro años sin realizar las más importantes reformas que el país viene reclamando: la reforma a la justicia que la llenaron de micos para favorecerse ellos mismos y hasta el gobierno tuvo que salir a atajarla cuando la comunidad nacional e internacional levantó su airada voz de protesta, la reforma a la salud, haciéndole sólo un pequeño remiendo a la ley 100¬ de 1993 sin reformar el principio de que la salud no puede ser un negocio privado de empresarios inescrupulosos, sino un servicio público a cargo del estado, la reforma a la educación básica establecida en la ley 115 de 1994 y de la educación superior (ley 30 del 92) cuyos proyectos privatizadores fueron tumbados por las movilizaciones de los maestros y los estudiantes universitarios organizados en la MANE, la ley ambiental (ley 99 de 1992) que ha facilitado el grave deterioro ambiental generado por la locomotora minero energética sin que en los últimos 15 años se haya podido construir una ley defensora del patrimonio ambiental del país.
El nuevo Congreso al igual que el actual, podrá generar buenos debates entre personajes como Uribe, Serpa, Navarro, Robledo, Cepeda y Claudia López, pero a la hora de votar las reformas las mayorías afiliadas a partidos como La U, el Puro Centro Democrático, el Conservador, el Liberal, Cambio Radical y Opción Centro, no dejarán pasar reformas de fondo para construir un país incluyente y de democracia avanzada. Y como me señala mi esposa ¡Dios quiera que esté equivocado en esta apreciación!
