No deja de sorprender que la Justicia haya tardado casi 20 años para confirmar una condena contra un funcionario corrupto en el Huila.
Nos estamos refiriendo al caso del extesorero de la Alcaldía del municipio de Íquira, Robinson Conde, quien ha sido condenado a 32 años de meses de prisión por desviación de dineros públicos destinados al pago de aportes a pensiones y cesantías de la nómina oficial.
Según la investigación oficial, el modus operandi consistía en elaborar dos planillas de autoliquidación dirigidas al Fondo de Pensiones Porvenir y cancelar el valor mayor de una de ellas para apropiarse del monto registrado en la otra planilla. El funcionario elaboraba las planillas de autoliquidación, giraba un cheque por el valor de los aportes a su nombre y el efectivo lo consignaba en los bancos de Neiva, solo que consignaba menos de lo que giraba. De acuerdo con las autoridades, la Alcaldía de Íquira giró por aportes, para cancelar al Fondo de Pensiones obligatorias Porvenir, entre abril de 2002 a noviembre de 2003, un total de $17.878.770. Sin embargo, a las arcas de esa entidad solo consignó $11.643.070. En esta operación se apropió ilegalmente de $6.235.700, suma por la cual fue denunciado.
El juez descartó de plano que se tratara de simples irregularidades aisladas, sino que fue un comportamiento normalizado para quedarse con los recursos estatales. En estas condiciones, según el juez Quinto Penal del Circuito, se estructuró el delito de peculado por apropiación en cuantía de 6,23 millones de pesos cuya custodia detentaba el Tesorero por razón de las funciones que desempeñaba.
Aunque es lamentable que haya transcurrido tanto tiempo para imponerse una condena, el mensaje está dado: no puede haber timidez a la hora de castigar a quienes saquean el erario, máxime si son las personas encargadas de su custodia y administración.