Piero Emmanuel Silva Arce
El papel de los Estados es determinante en las sociedades. La igualdad entre los ciudadanos evidencia la labor de las instituciones del poder público de una nación. Se habla mucho por estos días de expropiación debido a la labor insistente de los medios de comunicación tradicionales para incidir en las elecciones presidenciales de mayo. Todavía cunde el miedo y por esto es importante aclarar que la influencia del Estado en la economía es crucial si se quiere avanzar a hacia la igualdad y la justicia social.
De acuerdo con Piketty (2021), en 1910 el gasto público en Europa equivalía al 10 por ciento de la renta nacional y otra gran parte era destinada a funciones más elementales que tienen que ver con las fuerzas policiales y los ejércitos. Esta situación fue cambiando paulatinamente a lo largo del siglo XX y en la década de 1980 el gasto público alcanzó niveles del 50 por ciento; aumentó la destinación presupuestal para la educación, la salud, las pensiones y la inversión social. Con el impulso del neoliberalismo a nivel internacional, los procesos de privatización produjeron un retroceso en materia social y se debilitaron sistemas fundamentales como el de la salud y la educación. A principios del siglo pasado el gasto público en educación en Europa era menos de 0.5 por ciento; el acceso era restringido y elitista, aumentando claramente la brecha de la desigualdad. La inversión aumentó y en 1980 alcanzó el 6 por ciento, lo cual, según Piketty, fue un factor decisivo para lograr mayores niveles de igualdad. Este proceso de mejoría también se vio afectado por la ortodoxia neoliberal y a estas alturas no ha habido una recuperación significativa en términos de inversión en educación en ese continente. Para el caso colombiano, el panorama en términos de inversión en educación es muy precario si se compara incluso con países de la región: mientras en Chile se destinan 6.605 dólares por estudiantes y en Costa Rica 5.666 dólares, en nuestro país esta cifra apenas llega a 2.407 dólares (OCDE).
El gasto público debe ser destinado a cumplir efectivamente los derechos fundamentales de la ciudadanía en su conjunto. Cualquier apuesta política que plantee el avance hacia una sociedad más justa y equitativa debe promover la consolidación de un Estado garantista y efectivo para materializar el bienestar general. En la actual contienda electoral la mala propaganda arrecia porque los ciudadanos están entendiendo que tienen todo el derecho a vivir en igualdad de condiciones en un planeta que no es de nadie.
Investigador del grupo Estudios Políticos.