Por: Piero Emmanuel Silva Arce
En uno de sus informes más recientes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló que 6.402 personas habrían sido ejecutadas extrajudicialmente entre los años 2002 y 2008. Lo que se conoció popularmente como falsos positivos, fue una política de Estado que consistía en ofrecer beneficios a aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas con más resultados en combate. Esa perversa lógica llevó al asesinato de miles de inocentes, especialmente jóvenes del campo y de la ciudad, para hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja en enfrentamientos.
Aquí el problema no es de cifras, sino de sentido. El gobierno de Álvaro Uribe avaló una política que llevó al Estado a atentar en contra de la ciudadanía, rompiendo de esa forma todos los presupuestos del contrato social, donde el Estado se constituye para cuidar la vida, no para promover la muerte de las personas en su territorio. Es importante recordar que las fuerzas militares obedecían a una estrategia diseñada por un gobierno dispuesto a arremeter violentamente en contra de los grupos insurgentes; en ese sentido las responsabilidades deben ser asumidas en todos los niveles, desde el Presidente de ese momento – que en este caso sería el máximo responsable – pasando por los ministros, los altos mandos militares, hasta aquellos que con sus propias manos cometieron unas acciones típicas de dictaduras y no de democracias. Cuando Hannah Arendt, quien estuvo en un campo de concentración durante el nazismo, cubrió el juicio de Adolf Eichmann, un nazi encargado de enviar los trenes con judíos hacia los hornos, este respondió que solo hacia su trabajo, es decir, se limitaba a obedecer; a esto, la filósofa lo denominó como el Mal Banal. En Colombia hubo una política atroz, que necesitaba de individuos superfluos y deshumanizados que no sintieran remordimiento por asesinar otros. La estructura administrativa se acondicionó, los diferentes niveles burocráticos cumplían su “trabajo” dejando a su paso muerte, dolor y más víctimas.
Cuando se escuchan las declaraciones de Uribe, de sus ministros de defensa y de los altos mandos militares, se percibe un aura de superioridad; parece que las muertes de todos estos jóvenes no les genera ningún tipo de arrepentimiento, son seres superfluos, obedientes, seguidos por muchos seres superfluos que no creen que las ejecuciones extrajudiciales son crímenes de lesa humanidad que produjeron miles de víctimas. Preguntarnos por estos hechos es un imperativo como ciudadanos; respaldar a las víctimas, como las madres de Soacha, entre otras, que reclaman verdad, justicia y reparación, es la única vía hacia una sociedad más justa y en paz.