Yefer Vega
Como el presupuesto más alto en inversión pública de la historia definió el Ministerio de Hacienda el reciente aprobado Presupuesto General de La Nación para el año 2022. Según las cifras expuestas por esta cartera, asciende a 350,4 billones lo que equivale un aumento de 5,3 más de lo aprobado para el 2021. Además, se plantea un aumento en la inversión de 11 billones con relación a 2021, es decir, un total de 69,6 billones que representan un crecimiento de 18,8 % para el 2022.
Según el gobierno, la Ley de Inversión Social pretende jalonar la reactivación económica en lo referente al empleo, el consumo de los hogares, las exportaciones, la industria manufacturera, el comercio; contribuyendo en la atención a familias vulnerables, a la generación de oportunidades de empleo para jóvenes, adultos y mujeres, en proporcionar educación gratuita y programas para el desarrollo de los microempresarios, entre otros.
Estoy de acuerdo con las declaraciones del ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo Abondano, quien en una entrevista para el Nuevo Siglo señaló que: “la aprobación del Proyecto de PGN, es un logro en el marco de la reactivación económica emprendida por el país y un espaldarazo del legislativo para atender las necesidades de los más vulnerables. El objetivo es mejorar la calidad de vida de la personas en condición de pobreza y pobreza extrema y en condición de vulnerabilidad económica por los efectos de la pandemia Covid-19. Es un paso más en el camino que estamos construyendo en el propósito de responder al desafío de los social”.
Esto es muy importante porque de ser cierto se contarán con los recursos suficientes para atender todos lo programas sociales y apoyar a aquella parte de la población que requiere ayuda económica para superar la pandemia y vivir en condiciones dignas. Así mismo, al contar con más recursos se promueve la generación de nuevos puestos de trabajo, y se da un claro empujón a la economía, que para este año está en ritmo ascendente.
Para la atender la deuda del país se apropiaron recursos por 71,7 billones. Para los gastos de funcionamiento, el presupuesto contempla recursos por 209,1, un aumento de 2,6% frente al 2021. Llama la atención que el renglón que más aumentó, con miras a las elecciones del próximo año, fue de la Registraduría. El aumento fue del 100,7%, pasó de 1,1 a 2,3 billones de pesos; y el renglón que más disminuyó los recursos fue el de Presidencia que pasó de 5,8 a 1,7 billones, lo cual me parece muy acertado, el ejemplo, empieza por casa. En cuanto a la distribución de los recursos por regiones, Bogotá y Antioquia son las que tienen una mayor asignación presupuestal: 9,34% y 9,2% respectivamente. Los departamentos que presentan las mayores asignaciones son: San Andrés y Providencia con un aumento del 53,47%, Cundinamarca con un incremento del 49,69%, Meta con 47,23% y Atlántico con 41,83%. Los tres departamentos damnificados en la asignación de recursos fueron Amazonas, Guainía y Vaupés. Los recursos disminuyeron en vez de aumentar, tienen menos del 0,3% de la participación cada uno. Triste realidad para estos departamentos de nuestro país, más si consideramos que sus selvas y bosques son parte de los pulmones de Colombia y contribuyen a estabilizar el clima.
No obstante, debo expresar mi preocupación con la aprobación del artículo 125. Como ya he tenido la oportunidad de expresarlo en varias oportunidades considero que se trata de una norma claramente inconstitucional. Por un lado, se pretende hacer una reforma a una ley de garantías electorales en una ley de presupuesto. Esto viola el principio de unidad de materia que deben respetar las leyes de acuerdo con nuestra constitución y la Ley 5ta del Congreso. No existe conexidad entre los dos tipos de normas: la que está siendo reformada (la ley de garantías) y aquella mediante la cual pretende tramitarse esa reforma (la ley de presupuesto). Por otro lado, dado que la ley de garantías es una «ley estatutaria» que tiene un trámite más estricto en el Congreso, resulta contrario a la Constitución que su reforma se haga mediante una «ley ordinaria», destinada a reformar el presupuesto y que es de inferior jerarquía. Además, esta modificación es democráticamente peligrosa porque la Ley de garantías existe porque permite limitar la contratación pública durante los meses de campaña de manera que quienes están en el poder no utilicen los recursos públicos y las contrataciones para favorecer ciertos candidatos y partidos incidiendo, de acuerdo con sus intereses en las elecciones. De ahí su importancia y la necesidad de su existencia.
Así las cosas, en lo relacionado con la aprobación de estas contrataciones a través de convenios interadministrativos, creo que habrá que sacar la lupa para que no se cometan irregularidades y que los alcaldes y gobernadores sean transparentes, para que ejecuten los proyectos y programas con miras a beneficiar a sus comunidades y no a los candidatos en pleno proceso electoral. Aunque la pandemia afectó la ejecución de los planes de desarrollo en muchas regiones, y es importante poder hacer la ejecución de lo planeado, será mucho más relevante que la Contraloría General de la República y el Contralor, ejerzan el control especial anunciado, dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales para que no se de pie a la corrupción y no se destinen recursos públicos con fines electorales para favorecer a x o y candidato.
Está demostrado que “más sabe el diablo por viejo que por diablo”. Esta suspensión de la Ley de Garantías es como tener una granada a punto de estallar, en pleno período electoral. Que se cuiden todos de la malversación de recursos públicos.