RICARDO AREIZA
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Las licencias temporales otorgadas hace dos años para la operación transitoria de los mataderos locales no lograron conjurar las graves deficiencias detectadas ni la aplicación de las medidas para garantizar la calidad del producto destinado al consumo doméstico.
El plan de salvamento, contenido en el Decreto 1282, frenó el cierre gradual de estas plantas de beneficio animal que no cumplían con los requisitos ambientales y sanitarios, pero no contribuyó a su formalización y menos a contrarrestar la contaminación y baja calidad del producto destinado al consumo interno.
Según la norma, los mataderos podían seguir operando con licencias provisionales sólo con la presentación de la solicitud. Estas licencias se expidieron por un año, prorrogable por otro más, que se cumplió en agosto pasado.
El ‘salvavidas’ no logró contener el sacrificio ilegal de ganado, no garantizó la inocuidad ni acabó con la contaminación.
Las prórrogas sucesivas otorgadas por el Invima para cumplir con todos los requerimientos ambientales y sanitarios solamente postergó la implementación de las medidas adoptadas hace once años (Decreto 1.500 de 2007).
En el caso del Huila, las únicas plantas de beneficio animal de categoría nacional que aplican según requisitos del Decreto 1500 son las de Pitalito, Garzón, La Plata y Ceagrodex en Neiva. También están autorizadas las plantas clasificadas en la categoría de autoconsumo en los municipios de Suaza e Íquira y Algeciras. Las demás están por fuera del ordenamiento legal y no están autorizadas para operar.
Informalidad
Lo que quedó demostrado: los pequeños mataderos siguen en la informalidad, no cumplen con la totalidad de los requisitos, áreas y equipos básicos para su funcionamiento. Tampoco con las normas de ordenamiento territorial y usos del suelo y la mayoría carecen de los sistemas adecuados de disposición de residuos sólidos.
La informalidad ha venido acrecentando graves problemas como la comercialización ilegal y el robo de ganado. El abigeato, según los gremios ganaderos se ha venido incrementando significativamente en los últimos dos años en el Huila y Caquetá.
Según el gremio ganadero, el fenómeno sigue latente en municipios de Palermo, Campoalegre, Hobo, Aipe y Rivera, en el norte del Huila. Lo mismo ocurre en Pitalito, Timaná y en el occidente del Huila. El fenómeno se replica también en municipios de Caquetá, con un inmenso potencial ganadero como San Vicente del Caguán y Puerto Rico.
Abigeato
El abigeato está mutando de pequeños cuatreros a empresas criminales, con redes de vaqueros experimentados y flotillas de camiones para el transporte clandestino. Además, articulados con expendios que operan, sin control, a la luz del día en centros poblados y municipios.
“Ya no es sólo el robo aislado de algunas reses. En muchos casos se ha notado el robo masivo de semovientes que implica toda una estructura organizada con los medios adecuados para perpetrar estas acciones”, admitió un dirigente ganadero.
Según Ceagrodex, mensualmente ingresan al comercio ilegal de Neiva cerca de 400 semovientes producto del abigeato. Los animales son sacrificados clandestinamente en potreros, a campo abierto, sin ninguna norma de higiene.
Luego son transportados en condiciones antihigiénicas a los sitios de distribución que tampoco cumplen con la normatividad sanitaria.
En el Huila hay cerca 1.500 lugares donde se venden estos productos, incluyendo los fruver en pleno auge, sin el control sanitario que le corresponde ejercer a las autoridades de salud.
Ceagrodex, la única planta nacional de beneficio, plenamente autorizada y con la tecnología disponible, no surte a la totalidad de estos expendios.
Un alto porcentaje de la carne destinada a atender de la demanda local proviene de mataderos clandestinos o de otras fuentes, de dudosa procedencia. Ese hecho, puede justificar el incremento del ‘carneo’ como la principal modalidad que se ha venido acrecentando. El robo de ganado, también aparece como otra problemática que el conflicto armado no permitía evidenciar.
Mataderos cerrados
De las 642 plantas de beneficio que existían en los centros urbanos del país, 315 no cumplían con los requisitos ambientales y sanitarios.
El Invima ordenó el año pasado el cierre de cinco plantas de beneficio en los municipios Palermo, Gigante, San Agustín, Timaná y Acevedo, ésta última incluso recién terminada.
En el Huila existían 37 plantas de beneficio animal, una por municipio que debía correr la misma suerte. Sin embargo, muchas siguieron operando con licencias temporales en municipios y centros poblados con bajas tasas de sacrificio para autoconsumo.