Germán Palomo García
Acaban de conocerse las primeras cifras del desempleo en el mes de abril, uno de los componentes del segundo trimestre que ya se ha calificado de manera anticipada como el peor trimestre en muchos años por el efecto pleno de la pandemia. Llegar a 19.8% (en Neiva alcanzó 25.8%) es un salto hacia atrás catastrófico y duro de recuperar en los próximos diez años. Al mismo tiempo, el Banco de la República, nuestro banco emisor, redujo en 50 puntos básicos la tasa de interés de referencia fijándola en 2.75%, la menor de la década. Estaba en 3.25%, ya de por sí baja. Los analistas confían muy poco en estas medidas porque el manejo de la tasa de interés en aplicación de una política monetaria presenta varias dificultades. En primer lugar, es una medida generalizada por lo que no tiene en cuenta la asimetría, la disparidad de los efectos de la pandemia en los diferentes sectores económicos por lo que no aplica a los que verdaderamente necesitan un menor costo financiero y beneficiaría a quienes no lo requieren con la misma urgencia. Por otro lado, resultan muy lentos en su aplicación por lo que utiliza al sector bancario para llegar a los necesitados, crítica que se ha vuelto muy común en estos días contra el intermediario financiero a pesar de que el Fondo Nacional de Garantías en algunos casos otorga al prestamista una garantía de entre el 70% y el 90% disminuyendo considerablemente el riesgo en las colocaciones. Además, las empresas han reducido considerablemente su capacidad de endeudamiento con lo que se trasladaría el problema a futuro sin definir el periodo de pago real (dos o tres o más años).
Como lo están entendiendo muchos gobiernos, el sector público es el que tiene que hacer el mayor esfuerzo en esta reactivación de la economía sin que implique un regalo pero sí unas condiciones mejores que el mismo sector financiero que no desea generar dificultades en el manejo de la cartera, que en todo caso, puede llegar. Créditos directos, apoyos a la nómina (como ya se han definido por más de 6 billones de pesos), reprogramación de obligaciones fiscales, entre otras. Claro, el endeudamiento público se va a aumentar lo que ya se previó flexibilizando la regla fiscal (déficit permitido de hasta -6%). La prioridad la deben tener las empresas (independiente de su tamaño) que contribuyen a la reactivación económica analizando muy bien su contribución al PIB en las regiones y al PIB nacional. Hay instrumentos para hacer este seguimiento. Las Comisiones Regionales de Competitividad, CRECI, por ejemplo, que en el caso del Huila, donde se acaba de crear un Fondo para la Reactivación Económica, no se mencionó en la Ordenanza aprobada para ello. Pero ahí está como también a nivel nacional existen. Luego vendrá el tema de la Reforma Tributaria de la que no escaparemos. Pero primero lo primero.