RICARDO AREIZA
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Medimás, la EPS más grande del país, no ha logrado superar las falencias que originaron la medida especial de vigilancia que le impuso hace siete mes la Superintendencia Nacional de Salud.
A pesar del plan de choque, persisten los incumplimientos de carácter técnico, operativo, contable y financiero que colocan en riesgo la adecuada prestación de los servicios a unos 4,55 millones de pacientes.
La crítica situación de la clínica Esimed, agravada con los cierres en todo el país, ha empeorado el panorama y obligó a tomar medidas de urgencia para garantizar la atención adecuada a sus afiliados. Sin embargo, sigue a media marcha.
La medida preventiva fue adoptada inicialmente por el termino de seis meses (Resolución 5163 de 2017), fue prorrogada por un año más en abril pasado (Resolución 4770 de 2018) ante la persistencia de las anomalías.
Adicionalmente, el Comité de Medidas Especiales recomendó la designación de un nuevo contralor de la entidad fundamentado en los hallazgos que originaron la medida cautelar.
Simultáneamente la entidad relevó a la firma BDO Audit encargada de la revisoría fiscal y designó en su reemplazo a la Sociedad de Auditorias & Consultorías (Consulting) como contralor de la medida preventiva de vigilancia especial.
Ese panorama no ha cambiado y requiere un mayor nivel de control para salvaguardar la prestaci6n del servicio y la adecuada gestión financiera de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
La posición fue reiterada por el superintendente Nacional de Salud Fabio Aristizabal Ángel al resolver un recurso que presentó el representante legal de la firma auditora Luis Fernando Reyes Ramírez.
En estas condiciones, “no se logró enervar ninguna de las causales que dieron origen a la medida de vigilancia especial y que por el contrario persistieron los incumplimientos”.
Estos hechos, en su criterio, ameritaron la intervención y las órdenes concretas consignadas en la prórroga de la medida de vigilancia especial junto con la designación de un nuevo contralor y por lo tanto revalidó la remoción del revisor fiscal.
Las decisiones se fundamentaron en un concepto técnico presentado por la Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos.
Riesgos financieros
Según la Superintendencia, hay deficiencias en la gestión para lograr la depuración de partidas conciliatorias incidiendo en la fiabilidad de la información y, por lo tanto, la razonabilidad sobre el flujo de recursos.
Además, presenta diferencias de saldos reportadas por el prestador, como cuentas por pagar. También incumple el indicador de patrimonio adecuado.
Los instrumentos financieros no carecen de análisis adecuados para detectar los niveles de deterioro. El reconocimiento de ingresos por concepto de cuotas moderadoras, copagos y recobros al Fosyga presentan serias inconsistencias.Esta actividad, según la empresa auditora, no correspondía a una actividad propia de su responsabilidad.
Dentro de las salvedades, la auditoría, a 31 de diciembre de 2017 aparecen deudas por $83.822 millones y $59.044 millones respectivamente. Estos valores, incluyendo las acreencias laborales, se han aumentado en lo corrido del año.
Además, no se ha cumplido las proyecciones financieras que sirvieron de base para el proceso de aprobación del plan de reorganización institucional presentado por Cafesalud EPS (Resolución 2426 de 2017).
Las decisiones se adoptaron acordes con el seguimiento sobre la situación integral de la EPS con sustento en la información reportada por la misma entidad y los soportes que originaron la prórroga de la medida especial.
Crítico panorama
A pesar de los esfuerzos para contrarrestar las deficiencias, las reclamaciones en el Huila no cesan especialmente en consulta médica especializada, tratamientos y entrega de medicamentos.
Igual ocurre con otras especialidades más complicadas como otología, neurología y cirugías especializadas (cirugías pediátricas, cirugías para patologías congénitas, entre otras).
A esta compleja problemática se suma el cierre de la clínica Esimed, al borde de una “masacre laboral” que se viene incubando.
Ramón Quintero Lozano, el último gerente, renunció el pasado 16 de noviembre. Es el quinto gerente que renuncia. Lo reemplazó Helia Rojas, encargada de la reestructuración de la entidad.
La suspensión temporal de todos los servicios fue ordenado el 18 de agosto pasado por la Secretaría de Salud por las limitaciones operativas y financieras y las deficiencias físicas y técnicas que afectaban la adecuada atención de los servicios.
El cierre temporal previsto por 60 días fue prorrogado por incumplir los estándares mínimos de calidad y las deficiencias físicas y operativas que afectaban la calidad de la atención.
Según el equipo de habilitación, la clínica no garantizaba la disponibilidad de las especialidades básicas de mediana complejidad, no tenía habilitados los servicios de cirugía en la modalidad hospitalaria y no garantizaba la disponibilidad de anestesiólogos, radiología e imágenes diagnósticas.
Tampoco cumplía con los estándares de dotación e infraestructura que se exigen para la habilitación.
“Ese panorama no ha cambiado. La clínica sigue cerrada, no hay ninguna intervención para subsanar las deficiencias locativas”, afirmó Mara Cuéllar, vocera de los empleados.
“En el plano laboral, hay total incertidumbre, nos deben tres quincenas, no han cancelado los aportes a seguridad social, ni aportes a pensiones”, afirmó la dirigente sindical.
Desde que se ordenó el cierre, nos enviaron a la casa, pero no sabemos lo que va a ocurrir. Lo que se rumora es un despido masivo. La nueva gerente
El cierre de Esimed obligó el traslado de los pacientes a una red alterna. Medimás, la dueña de la clínica, los trasladó a otras IPS.
Para hacerlo firmó 1.700 contratos con 3.000 sedes en 29 departamentos, entre ellos el Huila p ara prestar los servicios de primer nivel en odontología, medicina general, promoción y mantenimiento de la salud, imagenología y urgencias, incluidos los de segundo y tercer nivel.