La carta fundamental sólo se puede reformar mediante una asamblea constituyente, por referendo y mediante un acto legislativo.
La carta fundamental sólo se puede reformar mediante una asamblea constituyente, por referendo y mediante un acto legislativo. En su artículo 114 señala que corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración. En la semana anterior el país recibió con repugnancia la forma como una comisión de conciliación en un acto legislativo, cometió una serie de irregularidades, que pueden acarrear catastróficas consecuencias para nuestro estado de derecho, si no se remedian a la mayor brevedad.
En los países más avanzados, estas corporaciones son fundamentales para el pleno desarrollo y progreso de los pueblos, pero en Colombia es una de las instituciones más cuestionadas, no tanto por ella misma que es expresión de la voluntad popular, sino porque muchos de sus integrantes en las distintas épocas han estado vinculados a vergonzosos hechos de corrupción y de clientelismo político, hasta el punto de encontrarse varios de ellos privados de su libertad. No obstante los parlamentarios estar investidos de facultades para el efecto, han sido incapaces de realizar una reforma política para darle la altura, la credibilidad y el respeto que se merece. Muchos consideran que se requiere de un congreso más pequeño e integrado por elementos de la mejor selección que ponga por encima de sus intereses particulares los de la Nación. Los cuestionamientos por parte de la ciudadanía se escuchan o ven por los medios de comunicación masiva. En varias veces se ha puesto de manifiesto la incapacidad para tramitar adecuadamente muchas leyes que luego son declaradas como inexequibles por la Corte Constitucional con graves perjuicios para la marcha del Estado; se pierde el tiempo en las insulsas y agotadoras sesiones que a la postre se levantan por falta de quórum. Desde luego que existen miembros de las dos Cámaras que honran la institución y la opinión también lo sabe. El Presidente Santos, varios de sus ministros y asesores, altos jerarcas de la administración de justicia, representantes del clero y del sector privado, los analistas de la reforma constitucional, la academia y voceros del pueblo en general, han expuesto valiosos argumentos que inclinan la balanza para que se tome una decisión radical, a fin de evitar una real hecatombe jurídica de inimaginables consecuencias para el pueblo colombiano y así lo esperamos los colombianos de bien.
