Colombia como segundo país con minas antipersonal, desde 1990 al presente tiene 10253 víctimas y 219 ocurrieron en el Huila.
La semana anterior, nos visitaron dos pasantes-voluntarias canadienses que estuvieron en Algeciras y Neiva, pertenecientes al programa “voluntariado de la acción contra minas” de la campaña colombiana contra minas, a fin de conocer de cerca y tener una percepción más clara y precisa sobre esta problemática.
Su objetivo: visibilizar el tema de minas y víctimas para contribuir en la sensibilización pública para que la sociedad civil se empodere (mediante prevención, evitando riesgos y salvando vidas sin sesgos políticos) y le den a entender a los grupos armados al margen de la ley que esta acción es cruel contra la humanidad y, de esta forma, dejen de utilizarla.
Resumieron su visita, así: En Colombia, principalmente en las ciudades no se le está dando la atención suficiente porque los citadinos conviven o esquivan el tema del conflicto y eso es grave por la posibilidad de ayudar a la gente; en la zona rural hay falta de conocimiento de los derechos humanos y eso es aún peor; el tema de minas se ha tocado de manera ligera e improvisada por las autoridades, aunque eso es responsabilidad del Estado; es urgente y relevante poner el tema de minas en las conversaciones de La Habana para saber qué hacer y también para que nos digan los sitios exactos donde están sembradas; que la guerrilla debe entender que Colombia ratificó la convención internacional contra minas y eso ya es obligatorio, se trata de procesos humanitarios; la Ley 1448 no se ha implementado bien, carece de recursos y participación ciudadana, además de haberse reglamentado dilatadamente; en Algeciras, nadie quiere y se atreve a hablar del tema; en Neiva, falta trabajarlo, no se han empoderado.
En general, el Huila a pesar de las cifras, está en los últimos lugares en tomar partido y empezar a empoderar la ciudadanía, pues no tiene ni siquiera un documento de base para actuar, mucho menos líderes y funcionarios visibles y ni qué decir de la carencia de recursos y responsables. Concluyeron, que si bien es cierto el asunto es controvertido, sensible y desconocido, la sociedad civil debe luchar frente a ese miedo y empoderar todas las acciones contra las minas antipersonales. Se trata de los derechos fundamentales.