La Contraloría General había advertido la semana pasada presuntas irregularidades en la Línea Especial de Crédito Colombia Agro Produce, que creó el Ministerio de Agricultura, para apoyar al campo durante la emergencia sanitaria, que se vive por la pandemia del Covid-19.
Precisamente ayer, en rueda de prensa, el contralor Carlos Felipe Córdoba, el procurador Fernando Carrillo y el fiscal Francisco Barbosa, dieron a conocer que había un alto funcionario siendo investigado por el caso.
“Tenemos dos indagaciones preliminares abiertas de entidades del orden nacional. Departamento Nacional de Planeación y Finagro, en donde hay un aforado constitucional con una noticia preliminar abierta, que es el ministro de Agricultura”, dijo Barbosa.
Por esto, el fiscal general, firmó la resolución 0525 en la que solicita que el fiscal delegado ante la Corte Suprema, que por reparto corresponda, asuma hasta su culminación el conocimiento de las investigaciones relacionadas con el aforado ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea. El funcionario no puede ser investigado por la Fiscalía, sino que el proceso será responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia.
Primero, la Sala de Instrucción de este alto tribunal deberá adelantar una investigación previa y, si halla mérito suficiente, llamaría al ministro Zea a indagatoria, luego de lo cual el alto funcionario sería formalmente vinculado a una investigación. Solo hasta ese momento, podría entrar a actuar la Fiscalía, que decidiría si lo lleva o no a juicio.
“En los bolsillos de grandes comercializadores”
Igualmente, la Contraloría General, explicó que “grandes agroindustriales y comercializadores se quedan con la mayor parte de los recursos” que ascienden a la suma de 252 mil millones de pesos y, además, los “están utilizando en actividades no productivas”.
Eso representaría una desviación en el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), pues “de los 226.000 millones de pesos colocados hasta el 8 de abril, 213.566 millones han quedado en los bolsillos de grandes comercializadores y agroindustriales, 8.300 millones han sido para medianos y solo 4.200 millones para pequeños productores”.
¿Cómo se destapó?
El organismo de control conoció que solo el 2 % de los créditos subsidiados llegaba a pequeños productores porque un campesino preocupado por los riesgos para su cadena productiva hizo una denuncia, en la que aseguró que apenas dos horas después de que comenzó a operar el crédito de Finagro los subsidios se agotaron en manos de grandes productores, afirmó Blu Radio, que divulgó parte de la acusación.
“Es sospechoso que después de la apertura de la línea de crédito, Finagro hubiese redescontado más de veinte créditos en un tiempo récord para asignarle a 20 grandes industrias del país, con ventas anuales entre 100.000 millones de pesos y 1.2 billones, subsidios que no los necesitaban y que debieron ser asignados a pequeños y medianos productores del campo”. Por lo que se estarían aprovechando de la emergencia sanitaria para para “reducir los intereses y para pagar importaciones de alimentos y materias primas de otros países, perjudicando el empleo rural de miles de familias campesinas”.