Sergio Felipe Salamanca
Es vox populi que las últimas elecciones presidenciales y legislativas han estado envueltas en toda serie de especulaciones sobre alteraciones de los resultados, generando una desconfianza generalizada respecto del ente y del proceso electoral en sí mismo. Al margen de lo anterior, debemos poner de presente el desgaste administrativo, ecológico, económico y logístico que involucra cada elección, por más simple que sea. Las personas que han tenido que desempeñarse como jurados de votación, o como participantes del proceso de escrutinio, sabrán de lo que estoy hablando.
Digo todo lo anterior, para hacerle antesala a un asunto que, a pesar de tener una profunda relevancia democrática, económica y ambiental, hemos dejado de lado: la efectiva implementación del voto electrónico. A pesar de que hace más de 17 años se estableció el mecanismo de la votación electrónica en Colombia (por medio de la Ley 892 de 2004), continuamos dependiendo del papel y de procesos bastantes “artesanales” para elegir a nuestros representantes. Frente a esto, considero que resulta muy oportuno preguntarnos: ¿Cuáles han sido las razones para dejar de lado la votación electrónica? ¿En qué podría beneficiar la digitalización de los procesos electorales colombianos? ¿valdría la pena?
En los términos del artículo 39 de la Ley 1475 de 2011, el voto electrónico se debió haber implementado para las elecciones del año 2014, sin embargo y como lo habrán notado, todo sigue igual. Al respecto, es común escuchar que los altos costos relacionados con el desarrollo del software y del hardware son los principales obstáculos a superar para la implementación del voto electrónico. No obstante, considero que debemos ver el tema desde otra perspectiva, si queremos que la digitalización electoral sea una realidad.
Para comenzar, considero que podemos apoyarnos en nuestras universidades y en nuestro talento local, para el desarrollo del software y para la construcción de los diferentes componentes del hardware. En materia de software y frente a la amenaza de posibles fraudes o manipulaciones, debería pensarse en el uso de tecnologías como la de Blockchain, la cual dificultaría de forma considerable (por no decir absoluta), toda intención de intervenir las votaciones. El apoyarse en universidades haría posible que los recursos destinados a la modernización electoral sean reinvertidos en nuestros centros de estudio y a la vez, permitiría reducir los focos de corrupción propios de este tipo de procesos. Así mismo, la digitalización del voto haría posible comicios mucho más eficientes y confiables.