Así lo afirmó este miércoles en Neiva, Pablo Felipe Robledo del Castillo, Superintendente de Industria y Comercio, quien presidió un conversatorio empresarial en el auditorio de la Cámara de Comercio de Neiva llamado ‘La Libre Competencia como Herramienta de la Competitividad’, en el cual aseguró que las multas impuestas a los carteles a nivel nacional son irrisorias comparadas con las de otros países.
El Superintendente arribó en horas de la mañana a la capital opita y se reunió con decenas de empresarios locales quienes escucharon atentamente durante varias horas sus palabras explicando todo el tema operativo de los carteles de las marcas, como el del arroz, el azúcar, el cacao, los cuadernos, el papel higiénico, la vigilancia privada, los pañales, entre otros.
En este evento Robledo insistió en que se deben aumentar las multas impuestas por violaciones al régimen de libre competencia económica en el país, que para su concepto, son mínimas y no reparan los daños causados por las empresas que cometen ese tipo de irregularidades.
“La dimensión y el impacto sobre el mercado, el beneficio obtenido por el infractor, el grado de participación, la conducta procesal de los investigados, los activos y/o ventas involucradas y el patrimonio del cartelista son los criterios que se tienen en cuenta en la Entidad a la hora de imponer sanciones a las personas jurídicas”, explicó el alto funcionario.
Sin embargo, señaló que ya no es conveniente tener un tope máximo de multas, que en el caso de las prácticas anticompetitivas actualmente es de 70 mil millones de pesos, lo que equivale a 100 mil salarios mínimos legales vigentes, porque es limitado y por eso dicho modelo se debe abolir como ya lo hicieron países de Europa que llevan años persiguiendo y combatiendo la cartelización. "$70 mil millones puede ser mucho para unos pero poco para otros, lo mejor es que la multa sea proporcional al tamaño de la empresa infractora", dijo.
Al respecto confirmó que en los próximos días se estaría presentando nuevamente al Congreso de la República el proyecto de ley que busca aumentar la capacidad sancionatoria de la Superintendencia y que la misma se base en las ventas y patrimonio de las empresas investigadas. "La idea es traer a Colombia el esquema sancionatorio europeo que ha funcionado muy bien y que incluso ya lo aplican países en la región como Brasil, Chile y México", aseveró.
En este escenario se recordó que hoy la Superintendencia de Industria y Comercio es la única autoridad de competencia en Colombia, pero es también la entidad que protege al consumidor, quien vela por la protección de sus derechos, vigila el cumplimiento de aspectos concernientes con la metrología legal en Colombia y es la responsable de la protección de datos personales de los ciudadanos.
Además la SIC a su vez quien administra el sistema de propiedad industrial en el país y quien ejerce funciones de juez de la república en aspectos relacionados con la competencia desleal, propiedad industrial y protección al consumidor, entre otras funciones.
Sin embargo allí aprovechó para reiterar que aunque los montos impuestos pueden verse como importantes y significativos, el país se encuentra aún con fuertes restricciones para lograr verdaderos esquemas de disuasión en las grandes empresas del país, toda vez que la multa máxima a imponer no supera los 100.000 salarios mínimos mensuales vigentes, lo que equivale a un máximo de $70.000 millones de pesos.
Es por eso que concluyó su visita haciendo de nuevo el llamado a acoger el modelo europeo, el cual establece que más que contar con topes sancionatorios que fijan un monto máximo de dinero, se impongan multas basadas en un porcentaje del volumen de venta de las empresas (ingresos operacionales) durante un período dado de tiempo o en el patrimonio de las compañías infractoras.
