La Ministra de Vivienda participó del Congreso Nacional de Asocajas en Cartagena y habló acerca de los retos en materia de agua y saneamiento básico que tiene el país, dijo que se requieren $50 billones y el presupuesto disponible para el 2023 es de $1 billón.
Durante el segundo día de la versión 32 del Congreso Nacional de las Cajas de Compensación Familiar del país, organizado por Asocajas en Cartagena, la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco informó que en Colombia 12 millones de personas tienen un servicio de agua insuficiente y a 3,2 millones de personas no les llega ningún servicio de agua potable ni alcantarillado, localizados principalmente en la zona rural y en áreas de origen informal.
Para que el país se ponga al día con la infraestructura en materia de agua y saneamiento básico necesita $50 billones, dijo. El presupuesto disponible para el 2023 que había entregado el gobierno anterior, en cabeza de Iván Duque, era de $300.000 millones, pero el gobierno actual determinó realizar un aumento hasta $1 billón, “es decir, tres veces más de lo que venía invirtiendo el gobierno pasado”, resaltó la Ministra.
En ese sentido, durante los próximos cuatro años se contará con más dinero para ejecutar obras de gran impacto, como lo son las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Pero existen otras dificultades.
Frente a la necesidad de construir una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-PTAR para Neiva, Velasco dijo que “en materia de la infraestructura de saneamiento básico las necesidades son inmensas”, también mencionó que además de los recursos, hay dificultades en la estructuración de los proyectos, pero “es necesario agilizar estos procesos de estructuración y estamos formulando el Plan de Desarrollo para impulsar la construcción y dirigir recursos para las diferentes regiones con base en las necesidades y prioridades”.
Precisamente en Neiva el problema actual sobre la PTAR radica en que no ha logrado obtener la licencia ambiental por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), debido a falencias en el estudio ambiental.
La construcción de la planta de tratamiento fue ordenada en el 2005 por el Tribunal Administrativo del Huila en el trámite de una acción popular para contener la grave contaminación del río Magdalena.