La presente Administración, debe asumir el reto de reordenar del uso del suelo de la ciudad. Es un imperativo del desarrollo urbano y una responsabilidad política, administrativa y social, de la que no debería sustraerse ningún gobernante y por extensión, ningún político y dirigente social. Se trata de una responsabilidad, no solo con el presente sino y especialmente con las generaciones futuras.
El desarrollo no planificado técnicamente, condena a las nuevas generaciones, a responder por costos y problemas de los que no son responsables.
Las ciudades crecen por efecto del crecimiento demográfico y migratorio y por el desarrollo industrial y comercial. El desarrollo urbano, debe corresponder a previsiones técnicas y económicas, para el mediano y largo plazo, que garanticen calidad de vida y progresividad del mismo desarrollo.
El crecimiento horizontal, presiona la ampliación del perímetro urbano, estimula el aumento de lotes de engorde, multiplica las redes de servicios y el costo de los mismos.
Los problemas de movilidad urbana y de deficiencia de infraestructura y abastecimiento de servicios, que padecen las ciudades, obedecen a la falta de previsión y de responsabilidad de la administración pública. La encrucijada vial de Bogotá, es prueba inequívoca.
El análisis de las condiciones geológicas, topográficas, hídricas, de disposición final de desechos del área urbana y suburbana, de localización geográfica respecto a medios de comunicación y el uso de recursos naturales básicos, permiten optimizar el racional uso del suelo. Son factores determinantes para dimensionar, tanto el perímetro urbano como sanitario, y proyectar el cubrimiento eficiente de servicios públicos, red vial, etc.
El señor Alcalde, debe asumir la responsabilidad de revisar técnicamente el POT, para hacerle las correcciones necesarias, que permitan un desarrollo futuro armónico. Un desarrollo que viabilice la dotación de infraestructura de, movilidad y recreación, de servicios públicos, con sostenibilidad ecológico-ambiental y visión universal.
Un desarrollo urbano racional y rigurosamente técnico-social, obliga diseñar políticas de densificación vertical. De reubicación de asentamientos localizados en áreas de alto riesgo. Este aspecto debe ser parte integral del plan de desarrollo.
Zonas no aptas para desarrollos urbanos, por tráfico de influencias, politiquería, y/o corrupción, son utilizadas para construcción de vivienda, con lo que surgen problemas para dotación de servicios. En el caso de Neiva, algunas de ellas: Caracolí, Villa del Río, El Triángulo, Camilo Torres, etc. Son desarrollos urbanos que dificultan la adopción de sistemas de manejo de aguas servidas y de lluvias, eficientes y de bajo costo.
Neiva en los últimos años ha ampliado su perímetro urbano desproporcionadamente.
Este hecho incide en el costo de dotación de servicios, de mantenimiento y conservación y seguridad ciudadana.
Por podas las incidencias que el desorden del desarrollo urbano tiene en la calidad de vida de los ciudadanos y racionalidad de la inversión, es imperativo revisar, con mucha responsabilidad social y política, el POT.