María Consuelo Plazas Serrato
Aunque en oportunidades anteriores me he referido a la preocupante oleada de violencia de la vienen siendo víctimas líderes y lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos en el territorio nacional, cómo abstenerme en la hora de ahora de retomar el tema si de acuerdo con datos suministrados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo corrido del presente año se registran 23 muertes a lo largo y ancho del país.
Conviene precisar que la violencia sistemática en contra de los referidos sectores de población en Colombia no es novedosa, si se tiene en cuenta que de acuerdo con el informe estadístico de Indepaz, entre el 24 de noviembre de 2016 y el 20 de julio de 2019, “627 personas líderes sociales y defensores de Derechos Humanos han sido asesinados. 21 en el año 2016, 208 en el año 2017, 282 en el año 2018 y 116 en el año 2019. 92 eran mujeres y 535 eran hombres. 142 indígenas, 55 afro descendientes y 245 campesinos ambientalistas comunales o impulsores PNIS”.
Es de resaltar que el recrudecimiento de tan dramática situación ha generado alarma en el ámbito internacional. Es así como de acuerdo con información divulgada por Noticias ONU, la portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llama la atención al Gobierno colombiano para que “lleve a cabo un esfuerzo enérgico con el fin de prevenir los ataques contra las personas que defienden los derechos fundamentales, para que se investiguen todos y cada uno de los casos y para enjuiciar a los responsables de estos hechos, incluidos los responsables de instigar, ayudar o incitar a su comisión”. Seguidamente pone de presente que “el círculo vicioso y endémico de violencia e impunidad debe detenerse”. Lo anterior en virtud a que “las víctimas y sus familias tienen derecho a la justicia, la verdad y la reparación”.
La alarmante escalada de violencia evidencia claramente que las medidas adoptadas hasta el momento han resultado ineficaces e insuficientes para frenar tan compleja realidad, lo que fuerza a diseñar a través de los diversos órganos del Estado un plan de acción efectivo y oportuno, desde un enfoque integral, tendiente a garantizar la seguridad de nuestros líderes y lideresas sociales.