El país conmemora hoy 20 de julio un año más de Independencia Nacional, bajo un inédito contexto de pandemia y de movilizaciones sociales. Más de 116 mil muertos y casi cinco millones de contagiados, por un lado, y un descontento general, por el otro, marcan esta fiesta patria.
La convocatoria a movilizaciones sociales para este día refleja, precisamente, ese inconformismo, que gobernantes, congresistas y dirigentes de todo orden deben atender.
Lamentablemente, las intenciones de los autodenominados grupos de ‘primera línea’ de convertir este día patrio en una jornada de caos, bloqueos viales y violencia pueden terminar opacando ese grito de malestar.
Con toda razón, los empresarios y sectores representativos del país están haciendo un llamado a la manifestación pacífica y a que se garantice la operación plena del aparato productivo colombiano. Está más que demostrado todo el daño que se le hizo a la economía de las regiones con los bloqueos de mayo y junio. En últimas, terminaron pagando los ‘platos rotos’ los trabajadores y los más humildes.
Por eso, es necesario que se mantenga la operación de las empresas y se conserve el orden público para asegurar el empleo y el bienestar de la ciudadanía. La ciudadanía debe ser consciente que no se le puede dar cabida a nuevas jornadas de saqueos, vandalización y hechos de violencia en las ciudades. En el caso del Huila, unos pocos no pueden someter a Neiva y a la región bajo el régimen del terror.
En ese orden de ideas, quienes están convocando a las movilizaciones sociales de hoy deben ser los primeros en prevenir y disuadir a quienes quieran protagonizar hechos de violencia. Las autoridades en cabeza del gobernador encargado y los Alcaldes municipales, por su parte, están obligados a tomar las acciones necesarias para garantizar la protesta pacífica, la sana convivencia, la libre movilidad y el derecho al trabajo.