La Procuraduría General de la Nación requirió ayer con carácter urgente a la Agencia Nacional Minera para que se ordene la restricción y exclusión de toda actividad minera en las áreas de Parques Nacionales Naturales del país, que están siendo ambientalmente afectadas. La Procuraduría General de la Nación requirió ayer con carácter urgente a la Agencia Nacional Minera para que se ordene la restricción y exclusión de toda actividad minera en las áreas de Parques Nacionales Naturales del país, que están siendo ambientalmente afectadas. “Permitir la interferencia del sector minero en estas áreas contraviene no sólo disposiciones constitucionales, sino además la protección legal que para ellas confiere específicamente el actual Código de Minas. Esta norma otorga una protección absoluta frente a ciertas áreas declaradas de importancia para la conservación en Colombia, y por consiguiente declara ‘restringida’ toda actividad minera de exploración o explotación en su interior, observó la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios. “La legislación ambiental- añadió- reconoce explícitamente que las únicas actividades habilitadas en áreas de Parques Nacionales Naturales corresponden exclusivamente a aquellas de conservación, recuperación, control, investigación, recreación, educación y cultura”. Sin embargo, algunos títulos autorizan el ciento por cien de la actividad minera al interior de Parques Nacionales Naturales. La Unidad Administrativa de Parques Nacionales Naturales, entidad encargada de la protección y defensa ambiental de estas áreas, ha reiterado la urgente necesidad de actuación por parte de la administración pública frente a existencia de los 37 títulos mineros que en la actualidad comprometen un total de 36.155 hectáreas de estos parques en el país. Si bien es cierto que en el año 2011 Ingeominas manifestó su compromiso en la evaluación de los títulos mineros superpuestos en zona de Parques Nacionales Naturales, y su consiguiente cancelación, a la fecha no se han confirmado avances por parte de la autoridad minera responsable, subrayó la Procuraduría.