La Nación
“No hemos escuchado la anhelada verdad plena” 6 18 agosto, 2022
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“No hemos escuchado la anhelada verdad plena”

Ante magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, en Neiva, víctimas acreditadas dentro del caso 03 que investiga ejecuciones extrajudiciales en el Huila, reclamaron verdad plena de los militares comparecientes. En la audiencia pública además se llevó a cabo un acto simbólico restaurativo en memoria de las víctimas. Hoy continúa la diligencia.

Lucía Sánchez

Temadeldía@lanación.com.co

Verdad plena, esa fue la petición que elevaron ayer en Neiva ante magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), víctimas acreditadas dentro del caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado en el Huila.

Crudos relatos y demandas de justicia enmarcaron la audiencia pública que fue presidida por los magistrados Alejandro Ramelli, relator del sub caso Huila; Óscar Parra, co-relator del caso y la magistrada Catalina Díaz Gómez.

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Un total de 96 víctimas de ‘falsos positivos’ en el departamento le entregaron a la JEP sus observaciones  sobre 150 versiones rendidas por 47 soldados, 33 suboficiales y oficiales, 8 tenientes coroneles, 5 coroneles y 6 generales de la República, militares vinculados al caso en el Huila por hechos perpetrados entre 2005 y 2008.

En la audiencia que dio inicio con un acto simbólico restaurativo con el fin de honrar la memoria de sus seres queridos, las víctimas que expusieron sus casos revivieron las heridas y pidieron a los magistrados de la JEP que estos crímenes no queden en la impunidad.

Crudo relato

Francy Elena Garcés Murcia, hermana de Rubén Darío Garcés Murcia y prima de José Alexander Murcia Figueroa, habló en representación de sus dos familiares asesinados presuntamente por tropas del Ejército.

“No hemos escuchado la anhelada verdad plena” 13 18 agosto, 2022

“El 21 de diciembre del 2007 fueron asesinados mi hermano Rubén Darío y mi primo José Alexander por tropas del Batallón de Infantería No. 9, de la Novena Brigada de Pitalito. Los asesinaron en la vereda La Florida, corregimiento La Laguna, municipio de Pitalito”, rememoró Francy Elena.

Relató que “ellos se dirigían a recolectar café a mí finca y el Ejército los mató aproximadamente a 50 metros de mi casa, sobre las 6 y 30 de la mañana. En ese momento yo me encontraba en el patio recogiendo leña, cuando escuché los disparos, salí corriendo a ver qué pasaba y escuché los gritos de mi primo, veo cuando el cae y mi hermano ya estaba en el suelo”.

Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, la víctima acreditada ante la JEP contó que luego de verse descubiertos los solados salieron del cafetal y la arrastraron hacia la casa. “Debido a todo esto me tocó abandonar mi casita y mí pedazo de tierra, porque psicológicamente no pude seguir ahí. Nos han dejado secuelas irrecuperables”, lamentó.

La víctima que estremeció con su relato ante los magistrados de la JEP, pidió verdad y garantías de no repetición.

“Queremos pedirles a ustedes magistrados, que se han apersonado e interesado en estos casos de falsos positivos en el Huila, que investiguen y nos den claridad sobre qué civiles participaron en la región, qué información tenían estos militares para realizar los asesinatos. También se conoce que algunas familias de estos casos han recibido amenazas e intimidaciones de los militares involucrados”, dijo.

Además, elevó varia peticiones a fin de restaurar el daño causado. “Que el Gobierno Nacional implemente una ley para que los hijos de nuestros hijos no presten el servicio militar debido al trauma causado por el mismo Estado; también, implementar una ley de no repetición de estos hechos en el departamento, así como limpiar el buen nombre de las víctimas y que los victimarios pidan perdón públicamente a las familias”, expresó Francy Elena, quien lleva 14 años demandando verdad.

Verdad y justicia

Claudia Rocío Lugo, esposa de Óscar Javier Moreno Urazán, un joven de 27 años al que le fueron arrebatados sus sueños, también recordó el día en que su vida se partió en dos.

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“Aunque han pasado 14 años mi dolor sigue tan vivo como el primer día, es muy difícil superar una situación de estas cuando hemos sido estigmatizados por la sociedad, ya que en mi caso yo vivía en Garzón y no pude conseguir trabajo porque todo el mundo decía es la esposa del guerrillero, eso fue lo que dijeron de cada uno de nuestros familiares”, expresó Claudia Rocío.

Contó que su esposo, con quien procreó una hija, tenía muchos anhelos y sueños, pero tristemente buscando una oportunidad laboral fue asesinado.

“Él quería conseguir muchas cosas pero desafortunadamente tropas del Batallón Magdalena, exactamente el grupo Berlín 3, decidió que esos sueños jamás se realizaran. Fraguaron un plan para invitarlos a trabajar, a mi esposo lo llamaron y le dijeron que tenían un trabajo para él, que le iban a pagar 40 millones de pesos por ser un escolta, era lo que valía la casa donde vivíamos en arriendo, él me la iba a comprar, por lo que decidió llamar a su amigo Yesid, quien le podía ayudar a conseguir otros escoltas. Se fue a hacer ese trabajo sin pensar que el mismo día iban a acabar con su vida”, relató.

Claudia Rocío cuestionó las versiones entregadas por los militares que estarían implicados en este hecho. “Estos hombres hoy dicen en sus declaraciones, no sabemos, yo no sé, yo no fui, nosotros no, son unos mentirosos, porque he tenido la oportunidad de ver sus declaraciones, no solo de mi caso, sino del caso de muchas de las personas que están aquí. Me sustento en la verdad del único testigo que tenemos, en la justicia ordinaria dijeron que ellos se enfrentaron, que fue un combate, pero no fue así, fue una vil masacre”, indicó.

Al mismo tiempo, la víctima acreditada ante la JEP, les pidió a los magistrados que no crean en mentiras, “porque yo veo a los señores que declararon en mi caso llorando, qué arrepentimiento van a tener sino están diciendo la verdad. Yo les pido que nos ayuden a hacer justicia, a esclarecer la verdad por cada madre, hija, hermana y esposa”, expresó.

A estos relatos se sumó el de la señora María Luz Miriam Vargas, hermana de Elidelio Velasco, presuntamente asesinado a manos del Ejército de la Novena Brigada, el 28 de julio del 2006 en la vereda Tres Esquinas, municipio de Gigante.

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“Era un joven campesino, el menor de 7 hermanos, trabajaba sembrando y cogiendo café, y demás labores que se presentan en el campo. Él fue el punto blanco porque vivía solo, lo sacaron de la casa, lo acribillaron porque pensaban que no había quien lo reclamara. Mi hermano no era un guerrillero”, dijo María Luz Miriam.

Y ante los magistrados de la JEP agregó: “Yo pido que limpien el buen nombre de mi familia porque a todos nos señalan, sabiendo que fuimos nacidos y criados en el sitio que lo asesinaron, yo les pido a ellos que digan la verdad, quién mandó a matarlo para sanar la herida, pues no podemos hablar de perdón porque no han dicho la verdad y no se puede perdonar a alguien cuando está diciendo mentiras”, afirmó.

En el desarrollo de la diligencia, las víctimas además hicieron un recorrido reparador a través de telares con el acompañamiento de la Red de Tejedoras de Huila. En un acto simbólico, los magistrados se sentaron hombro a hombro con las víctimas a dar las puntadas finales a un telar que recoge el proceso de sanación.

Reflexiones de magistrados

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El magistrado relator del sub caso Huila, Alejandro Ramelli, dijo que la Jurisdicción Especial para la Paz ha hecho un esfuerzo por crear mecanismos inéditos de intervención de las víctimas en el escenario judicial, y este tipo de audiencias es uno de ellos. “Para nosotros es fundamental poder escucharlas de viva voz, pues sin ellas la justicia transicional, nuestro trabajo, no tendría sentido, se trata de escucharlas de verdad y escucharles su verdad, buscamos escucharlas de forma tal, que sus observaciones constituyan parte de los elementos contrastados para que su voz incida en los pronunciamientos futuros de la justicia”, expresó.

Sobre los informes entregados por las víctimas, por su parte el magistrado Óscar Parra expuso que a partir de allí se “empezaron a marcar nuestras diferencias con la justicia ordinaria (…). Nuestro objetivo ha sido ir más allá, en gran medida gracias a la voz de las víctimas”, dijo.

Mientras en el cierre de la primera parte de la audiencia, que continuará y culminará hoy, la magistrada Catalina Díaz señaló que escuchar a las víctimas “es insustituible”. Subrayó que estos testimonios se unen a las historias de, al menos, 6.402 hombres y mujeres que fueron asesinados de esta misma manera.

El subcaso

Para esta audiencia se recogió un largo proceso de acompañamiento y asesoría jurídica y psicosocial liderado por los equipos de atención a víctimas de la JEP junto con las organizaciones que actúan en representación de las víctimas: el Observatorio Sur Colombiano de Derechos Humanos Paz y territorio (Obsurdh) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).

Las observaciones de las víctimas se refieren a las versiones entregadas por los comandantes de la IX Brigada, los integrantes de sus respectivos Estados Mayores, así como aquellas rendidas por los antiguos comandantes del Batallón de Infantería no.26 ‘Cacique Pigoanza’, el Batallón de Infantería no.27 ‘Magdalena’, el Batallón de Artillería no.9 ‘Tenerife’, el Batallón de Contraguerrillas no.09 ‘Los Panches’ y el Gaula Huila.

El universo provisional de hechos del subcaso Huila, que investiga ‘falsos positivos’, es de 160 crímenes perpetrados entre 2005 y 2008. Este hallazgo se dio durante el proceso de valoración del acervo probatorio que, entre otras cosas, incluye cuatro informes aportados por las víctimas y la Fiscalía General de la Nación, así como la contrastación judicial de la JEP con procesos de la justicia ordinaria y la justicia penal militar.

Asimismo, la Sala de Reconocimiento de Verdad inspeccionó más de 450 archivos pertenecientes a los batallones ‘Cacique Pigoanza’, ‘Magdalena’ y la IX Brigada.